La justicia de Estados Unidos unificó los procesos penales contra el estructurador financiero Jorge Chérrez Miño y el exfuncionario del Isspol, John Luzuriaga Aguinaga, por las inversiones del Instituto de Seguridad Social de la Policía. En una nueva acusación presentada el 14 de octubre pasado, los fiscales pidieron la confiscación de bienes y propiedades por al menos $ 176 millones.

El Departamento de Justicia (Fiscalía) presentó ocho cargos en contra de los acusados relacionados con supuestos lavado de dinero, sobornos, fomento de actividades ilícitas y ocultar actividades ilegales, entre otros. También mencionó violaciones a la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA por sus siglas en inglés), como la de un delito contra una nación extranjera, específicamente Ecuador, relacionada con sobornos a un funcionario público y la “malversación” de fondos públicos.

Estos delitos suman un total de 70 años de cárcel para Chérrez y 60 años para Luzuriaga, de acuerdo con la acusación que consta en los documentos públicos del proceso.

Entre las personas y entidades citadas en el proceso constan además de los dos acusados y el Isspol, dos empresas panameñas de Chérrez, el Depósito Centralizado de Compensación y Liquidación de Valores (Decevale), así como el exgerente de Decevale, Luis Álvarez Villamar.

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“El propósito de la conspiración para los acusados y sus cómplices fue enriquecerse ilegalmente involucrándose en un esquema para sobornar a funcionarios ecuatorianos y obtener o retener contrato y otras ventajas comerciales,”, aseguraron los fiscales, al destacar que los sobornos y fondos relacionados con el esquema deshonesto se movían a través de cuentas en Estados Unidos.

En el documento se reiteró la acusación de que Luzuriaga habría recibido $ 1,39 millones de Chérrez, en tanto que otros exfuncionarios del Isspol recibieron alrededor de $ 1,2 millones. No se mencionan los nombres de las otras personas.

Luzuriaga habría recibido este monto entre 2014 y 2020 de tres maneras: cheques, pagos a parientes y depósitos en una cuenta en Estados Unidos a nombre de una de las compañías de fondos de inversión de Chérrez, indicaron los fiscales. Se incluyeron las fechas y montos de algunas transacciones.

Otro portafolio de inversiones se abrió para un segundo funcionario del Isspol.

Se detallaron también los dos tipos de operaciones del Isspol relacionadas con el Chérrez. La primera es el swap o canje de bonos que se realizó en enero de 2016 por $ 327 millones, con bonos de deuda interna. La segunda son los llamados reportos que consistían en inversiones entregadas a Chérrez a un determinado plazo teniendo como garantía bonos de deuda externa. En este caso, según el Isspol, la deuda ascendería a $ 226 millones. En ambas supuestamente participó el Decevale como depositario de estos documentos, pero luego el mismo Depósito informó que en realidad había contratado a otra empresa de Chérrez como custodio.

Los fiscales volvieron a citar las conversaciones entre Chérrez y Luzuriaga que van desde diciembre de 2015 hasta junio de 2018. En estas se hablaría de pagos a otros tres funcionarios del Isspol y transferencias a Álvarez Villamar por $ 3,1 millones.

Los fiscales solicitaron la incautación de propiedades por al menos $ 176 millones, que representa la suma de los fondos relacionados con los delitos supuestamente cometidos.

Luzuriaga está detenido desde febrero de este año, en tanto que Chérrez se encontraría en México. (I)