El Estado ecuatoriano tendrá más tiempo para contestar a la demanda por $ 2.000 millones planteada por los hermanos Roberto y William Isaías, exdueños del Filanbanco, con la cual buscan una reparación por las incautaciones de sus bienes y compañías realizadas por la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD) en el 2008.

Esto porque la defensa de los Isaías amplió la demanda a otra institución: la Unidad de Gestión y Recuperación, adscrita a la Presidencia de la República, creada en la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero para la Defensa de la Dolarización con la misión de asumir el control de estos bienes una vez que se concluya la liquidación del fideicomiso mercantil AGD-CFN No más Impunidad, que actualmente los administra.

El escrito se presentó ante el Tribunal Contencioso Administrativo de la Corte Provincial del Guayas, que lleva este caso, el 13 de abril pasado, pero recién el 6 de mayo siguiente se dispuso la notificación a la citada Unidad. A partir de dicha notificación corre un plazo de 30 días hábiles para que esta institución envíe sus alegaciones, es decir, vencería a mediados de julio.

Originalmente, los exbanqueros demandaron a cuatro instituciones específicas: Banco Central del Ecuador (BCE), la Secretaría Técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público o Inmobiliar, la Superintendencia de Bancos y la Procuraduría General del Estado. El plazo para que estas respondieran vencía este 12 de mayo, pero al incluirse a otra el tiempo se amplió.

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Los $ 2.000 millones que reclaman Roberto y William Isaías surgen de sumar tres rubros, ha dicho su abogado Ricardo Noboa: la lista de activos incautados que consta en dos juicios de insolvencia en su contra, que los avalúan en $ 1.548 millones; los intereses que esos bienes han dejado de producir desde el 2008; y los honorarios pagados a los abogados americanos en los últimos quince años, que ascienden a $ 25 millones.

Las incautaciones de los bienes de los Isaías tenían el propósito de cubrir un supuesto ‘hueco patrimonial’ en el Filanbanco por $ 661 millones, el cual se había determinado en una auditoría de Delloite & Touche del 2001.

Esta demanda no tiene relación con la acción de medidas cautelares que pusieron los exbanqueros para evitar la venta de los bienes incautados, y en la que ya un juez dispuso el pasado 10 de mayo, en primera instancia, que estos les fueran devueltos. La Procuraduría General y otras instituciones apelaron el fallo.

Pero ambas tienen el mismo argumento jurídico de la defensa: el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que indicó que los derechos de los Isaías fueron “vulnerados” en el proceso de incautaciones y que debían tener una reparación. (I)