Una delegación de la Secretaría Jurídica de la Presidencia de la República viajó este 17 de agosto a Washington, Estados Unidos, para reunirse con el relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Pedro Vaca.

El propósito de este equipo, liderado por el secretario jurídico Fabián Pozo, es recoger algunas ideas para las observaciones que prepara el Ejecutivo al proyecto reformatorio a la Ley Orgánica de Comunicación que aprobó la Asamblea Nacional el mes pasado, según indicó la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia (Segcom) en un comunicado.

De momento están corriendo los 30 días de plazo que tiene la Presidencia para sancionar o vetar total o parcialmente este cuerpo normativo.

Días atrás, el mandatario Guillermo Lasso dijo que lo vetaría, pero no si lo haría total o parcialmente.

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La Segcom informó que el régimen inició una serie de reuniones con representantes de medios de comunicación, periodistas y otros actores del área.

“Para el Gobierno nacional, el respeto a la libertad de expresión es fundamental para el fortalecimiento de la democracia”, señaló la Secretaría.

Los gremios periodísticos han señalado que el proyecto representa un retroceso en la libertad de expresión, porque se reactivan tipos de sanciones, figuras jurídicas e institucionalidad que ya se habían derogado en la reforma que se realizó en el 2019, impulsada por el expresidente Lenín Moreno.

También desde la Defensoría del Pueblo se han puesto algunos reparos a artículos de la norma reñidos con su rol de defensa de derechos humanos y sus capacidades operativas. (I)