Los jueces constitucionales Enrique Herrería y Daniela Salazar serán los ponentes de los proyectos de decreto ley de urgencia económica de apoyo financiero a favor de beneficiarios coactivados de créditos educativos, becas y ayudas económicas, y el de reestructuración empresarial, en su orden, que fueron enviados a la Corte Constitucional (CC) por el presidente Guillermo Lasso la semana pasada.
Los textos llegaron al organismo el pasado 7 de julio, a las 16:23 y 16:35; de inmediato se realizó el sorteo por el cual se designó a los magistrados que elaborarán los proyectos de sentencia que luego se tratarán en el pleno.
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Se trata del tercero y cuarto decretos leyes de urgencia económica que envía el mandatario; la Constitución le faculta para emitir estos decretos durante el periodo de gobierno de transición que se generó al dictar la muerte cruzada por la cual se disolvió la Asamblea Nacional y se adelantaron las elecciones presidenciales y legislativas.
Lasso envió previamente dos decretos: uno llamado para el Fortalecimiento de la Economía Familiar; y otro para la creación de zonas francas. El primero sí fue aprobado; el segundo no.
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Con el tercer decreto ley, los beneficiarios podrán acceder a la remisión, condonación, ampliación de plazos, condiciones adecuadas para la firma de un convenio de pago; también se dispuso la eliminación del 100 % de intereses, multas y recargos para créditos educativos, becas y ayudas económicas por obligaciones vencidas o por convenios de pago para todos los procesos coactivos.
Con el cuarto se busca modernizar los procesos de quiebra de las empresas, equiparando la posición del deudor y de los acreedores en procura de la reorganización de sociedades mercantiles económicamente viables o, en su defecto, a través de la liquidación ordenada de compañías cuyo giro operacional sea inviable.
La Constitución vigente no establece un plazo para que la Corte dé una respuesta, pero en los dos decretos anteriores se tardó 30 días. (I)