El impacto fiscal que provocaría la equiparación salarial de los docentes centra el debate en las demandas de inconstitucionalidad a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), que debe resolver la Corte Constitucional (CC) en las próximas semanas. Según el Gobierno, ascendería a los $ 496 millones anuales, para los que no hay fuentes de financiamiento.

El juez sustanciador y presidente de la CC, Alí Lozada, instaló este 12 de mayo una audiencia pública para resolver la causa 32-21-IN, respecto de las demandas de inconstitucionalidad que se plantearon a las reformas a la LOEI que aprobó la Asamblea Nacional en marzo del 2021, a la que se acumuló el veto total por inconstitucionalidad que resolvió el presidente de la República, Guillermo Lasso, a la misma ley en abril pasado.

La diligencia, que se desarrolló de manera virtual, se extendió por casi cinco horas y estuvo matizada por la protesta que organizó la Unión Nacional de Educadores (UNE), que exige a los jueces un fallo a su favor para que se incremente el salario de los maestros, a través de la figura de la equiparación salarial en su escalafón.

“¡Corte, escucha, la UNE está en la lucha!”, fue el grito recurrente en la movilización, que recorrió varias calles de Quito hasta llegar a los alrededores de la CC, en el centro norte de la ciudad, cuya sede estaba resguardada por efectivos de la Policía Nacional en sus principales accesos para evitar desmanes. A la par, se mantiene la huelga de hambre de más de una docena de maestros y dirigentes sociales que respaldan a la UNE y que se mantendrá hasta conocer la decisión de los jueces.

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QUITO (12-05-2022).- Representantes de la Unión Nacional de Educadores (UNE) hicieron una marcha desde la sede hasta las calles Lizardo García y Tamayo, donde se ubica la Corte Constitucional, para exigir el cumplimiento de las reformas realizadas a la Ley de Educación Intercultural (LOEI). Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: El Universo

Lozada escuchó en audiencia a las partes procesales, entre las que estuvieron los representantes del IESS, de la Presidencia de la República, de la Procuraduría General del Estado y de la Asamblea Nacional.

Al iniciar, recordó el proceso de construcción de esta ley hasta llegar a las demandas de inconstitucionalidad que se plantearon y que fueron resueltas por la Corte en agosto del 2021. Aprovechó su mensaje para ratificar que el organismo es “independiente”. “La Corte Constitucional es totalmente independiente, no interviene en los conflictos sociales, de las demandas gremiales, salvo cuando se plantean procesos judiciales que corresponden a nuestra competencia”, afirmó el magistrado.

Se presentaron 30 amicus curiae, pero, por razones de tiempo, se escuchó a diez representantes de gremios de los educadores y actores políticos, exigiendo la equiparación.

Por la Presidencia de la República se presentaron varios funcionarios para defender el veto presidencial, argumentando que el artículo se aprobó sin estudios técnicos y que debía ser declarado inconstitucional.

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Una de ellos, Olga Núñez, del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que el impacto al presupuesto del Estado era de $ 496 millones, en la equiparación de más de 162.000 docentes; y que para financiarla se requieren ingresos permanentes que no fueron contemplados en las reformas legislativas.

Es así que los precios del petróleo o el ingreso por tributos a través de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal no podían considerarse como ingresos permanentes.

Aclaró, por ejemplo, que la reforma tributaria, que entró en vigencia por ministerio de la ley en diciembre del 2021, dispone contribuciones que regirán solo para el 2022. “No es un ingreso permanente y no permitirá cubrir gastos permanentes”, como los salarios, pues el próximo año el presupuesto que se requerirá aumentará, porque el escalafón docente se recategoriza, detalló Núñez.

Yolanda Salgado, también representante del Gobierno, aseguró que el Legislativo no subsanó y que, en un “ejercicio mínimo, debió determinar en dónde están los fondos para equiparar los salarios. No es falta de voluntad política, sino de responsabilidad”. Pidió que se acepte la objeción total por inconstitucionalidad del Ejecutivo y se declare la inconstitucionalidad de esa disposición.

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QUITO Miembros de la Unión Nacional de Educadores (UNE) se instalaron en huelga de hambre indefinida para exigir que la Corte Constitucional se pronuncie sobre el cumplimiento de las reformas realizadas a la Ley de Educación Intercultural (LOEI). Alfredo Cárdenas/ EL UNIVERSO. Foto: Alfredo Cárdenas

Karola Samaniego, de la Procuraduría del Estado, solicitó a la Corte que emita una sentencia que observe que la Asamblea Nacional aprobó reformas sin un análisis de factibilidad financiera, porque los ingresos que se estipulan para cubrir esa equiparación no son permanentes.

“No es tan simple (…). Esto implica ser responsable con las expectativas de los docentes”, recalcó la funcionaria.

Al contrario, el representante del Parlamento, Daniel Ruiz, defendió la actuación de los legisladores y aseguró que el Ejecutivo no participó en la construcción de la ley y solo remitía documentos —sin respaldos técnicos— informando que no existía presupuesto para equiparar los salarios.

Explicó que en la elaboración de las primeras reformas se hablaba de un impacto fiscal de unos $ 2.000 millones; luego, fue de alrededor de $ 600 millones; y que, recién ahora, conocen que el impacto fiscal sería de $ 496 millones. En esa línea, insistió en que hay fuentes de financiamiento, pero que “no hay voluntad del Ejecutivo de subsanar”, y exhortó a los jueces a declarar la constitucionalidad de lo aprobado.

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Desde el otro lado, al menos diez organizaciones gremiales de los docentes pidieron a la CC que actúe en favor de sus pedidos y se disponga al Estado reconocer el incremento de sus salarios.

La presidenta de la UNE, Isabel Vargas, reclamó que el presidente Guillermo Lasso “asumió una postura política de no cumplir con la sentencia de la Corte y la Constitución. Jamás acudió a los llamados de la Asamblea Nacional, nunca llegó el informe técnico de factibilidad económica, porque no quiere cumplir con los derechos y la Constitución”, aseveró.

Quito, 12 de Mayo de 2022. Los maestros agrupados en la UNE protagonizaron manifestaciones en las calles de Quito, exigiendo la equiparación salarial. API/JUAN RUIZ CÓNDOR Foto: API

A su criterio, existen las fuentes de financiamiento: apeló a los recursos que ha recaudado el Servicio de Rentas Internas (SRI) por impuestos, que rebasarían los $ 6.000 millones, y que hay un excedente de $ 653 millones. “Hay para la educación, para la salud, y hay para reparar este derecho de los maestros, que por justicia y derecho les corresponde. Los maestros hemos sido perjudicados, discriminados. Les corresponde, señores jueces, resolver con base en el informe de la Asamblea, que cumple con los estándares de la sentencia de la Corte”, manifestó.

Este litigio surgió luego de que, en marzo del 2021, la Asamblea Nacional aprobó un paquete de reformas a la LOEI que incluyó la equiparación salarial y la creación de un régimen especial de jubilación para los docentes. El Ejecutivo, en ese entonces con el expresidente Lenín Moreno, no vetó la norma y la puso en vigencia.

Pero el IESS y el ciudadano Luis Bustos Aguilar demandaron la inconstitucionalidad, y en agosto del 2021 la Corte declaró constitucional la ley, pero dejó sin efecto las disposiciones antes mencionadas, porque no existían los estudios actuariales y financieros que sustenten el incremento del gasto público para solventarlas.

Dispuso plazos para que el Legislativo y el Ejecutivo “subsanen” estas carencias. En marzo del 2022, la Asamblea se ratificó en la equiparación salarial, pero eliminó el artículo que creaba este régimen especial de jubilación.

Corte declaró constitucionales reformas a la LOEI, pero no estará vigente el régimen especial de jubilación e incremento de salarios a los docentes

En sus informes, dispuso al Ejecutivo que recurra a los ingresos por el incremento de los precios del petróleo y del pago de tributos provenientes de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal.

Sin embargo, el presidente Guillermo Lasso emitió un veto total por inconstitucionalidad, que la Asamblea remitió a la Corte para su análisis.

La Corte tendría hasta finales de mayo para pronunciarse, tomando en cuenta que el artículo 139 de la Constitución establece que, si la objeción del Ejecutivo se fundamenta en la inconstitucionalidad total o parcial, se requerirá un dictamen que emitirá dentro del plazo de 30 días.

Si el dictamen confirma la inconstitucionalidad total de la ley, será archivada; y si fuera parcial, la Asamblea deberá realizar las enmiendas necesarias y enviar al Ejecutivo para su sanción.

Si se dictamina que no hay inconstitucionalidad, el Legislativo la promulgará para su vigencia. (I)