A más de nueve meses de que la jueza de Pichincha Luz María Ortiz suspendió la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por los asesinatos de un policía y dos militares ocurridos durante la revuelta policial del 30 de septiembre de 2010 (30-S), las partes procesales esperan que el 20 de mayo próximo por fin se pueda conocer si el caso avanza en el procesamiento o debe regresar a algún punto específico, de encontrarse una nulidad.

El 7 de abril pasado debía instalarse la diligencia, pero debido a un problema de salud de la jueza Ortiz, notificado el mismo día de la convocatoria, eso no se dio. Días después se definió como nueva fecha para continuar con la audiencia el 19 de mayo próximo, pero otro pedido de diferimiento llegó y se dispuso que la diligencia se realizará el 20 de mayo siguiente, a las 08:30.

En la cuarta ocasión se instala audiencia preparatoria de juicio por la muerte de dos militares y un policía durante el 30-S

El 1 de septiembre de 2021 se instaló la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de asesinato ocurrido contra el policía Froilán Jiménez y los militares Darwin Panchi y Jacinto Cortez. Según la Fiscalía, el delito investigado se dio bajo la modalidad de ejecución como grave violación a los derechos humanos.

La jueza de Pichincha suspendió la diligencia para analizar los vicios de nulidad expuestos por las defensas de los nueve militares activos y pasivos investigados. La audiencia se debe reinstalar para conocer la decisión que adopte y saber si el proceso penal avanzaba a la etapa preparatoria de juicio o si, al definirse vulneraciones, el caso se retrotraería a la fase en que se ubicó la nulidad.

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Por las muertes de Jiménez, Panchi y Cortez, la Fiscalía investiga a los oficiales en servicio pasivo de las Fuerzas Armadas Luis Castro, Paúl Guzmán, Jorge Merino, Jorge Peña y Hegel Peñaherrera, y a los militares activos Fernando Castro, Marco Cano, Luis Orozco y Patricio Guadalupe. Este caso se inició por el delito de homicidio, pero la Fiscalía reformuló cargos para analizar un asesinato bajo la modalidad de ejecución.

Las muertes de Jiménez, un policía del Grupo de Intervención y Rescate (GIR), y de Panchi y Cortez, un soldado y un cabo del Ejército, respectivamente, se dieron en los alrededores del hospital de la Policía. En esa zona del norte de Quito se produjeron actos violentos dentro de la revuelta denominada 30-S, en la que al final de la jornada se produjo el rescate del entonces presidente Rafael Correa, quien estaba siendo atendido en ese hospital.

Proceso penal por la muerte de un policía y dos militares durante el 30-S no avanza; la causa lleva más de siete meses sin pasar de la etapa preparatoria de juicio

La defensa de la familia de Froilán Jiménez, el abogado Edwin Romero, cree que ya han pasado más de doce años y es hora de que las víctimas tengan una respuesta a lo sucedido. Recordó que por la investigación de la muerte del policía del GIR han pasado ocho fiscales, cinco jueces y que este es el tercer gobierno. “Hasta ahora no existe una respuesta, sino solo un retardo injustificado por parte de la administración de justicia”.

Sandra Jiménez, hermana de Froilán, asegura que en todo este tiempo de investigación la justicia, la cual debe velar por los derechos de las personas, ha sido la primera en irrespetar a las familias de las víctimas.

“Han vulnerado nuestros derechos el Gobierno nacional, que no ha desclasificado la información, y es el único que puede hacerlo; pasando por el Legislativo, que no le importa cómo murió o quiénes son las personas que fallecieron. Ahora dicen que no existe delito. Yo no tengo a mi hermano; a mi hermano lo mataron, lo asesinaron; la sangre de mi hermano está regada aquí en Quito. Y ahora dicen que no existe delito. Entonces, ¿qué, mi hermano se mató solo?”, dijo Sandra Jiménez en nombre de su familia. (I)