Responsabilizar al expresidente Rafael Correa Delgado por “su participación en actos importantes de corrupción y violaciones de derechos humanos internacionalmente reconocidos en Ecuador”, fue el pedido que siete senadores estadounidenses hicieron el 2 de octubre al mandatario Joe Biden. Si esta solicitud es acogida no tendría ningún efecto legal en Ecuador, pero sí representa una muestra de apoyo al régimen de Guillermo Lasso, aunque ya esté en sus últimos meses.

Los senadores -Jim Risch, Bill Cassidy, Marco Rubio, Bill Hagerty, Rick Scott, Tim Scott y John Cornyn- recomiendan a Biden utilizar herramientas como la Proclamación Presidencial 7750 y la Sección 7031 (c) de la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados del Departamento de Estado. La primera permite al mandatario estadounidense negar la entrada a dicho país a personas vinculadas con actos de corrupción y la segunda, se aplica contra quienes hayan tenido una participación directa o indirecta en corrupción o violación grave de los derechos humanos. La designación también aplica a sus familiares directos, por lo que son inelegibles para ingresar a Estados Unidos.

Publicidad

La Sección 7031 (c) de la norma mencionada se aplicó el 9 de marzo de 2022 cuando EE. UU. declaró que el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram Ortiz (1996-1997) no es elegible para ingresar al país y esta designación también aplicó a sus familiares directos.

Esteban Santos, catedrático de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad de las Américas (UDLA), dice que este pedido, que podría llevar a un retiro de visas o sanciones si es acogido, confirma la falta de institucionalidad en Ecuador, que terminar siendo “un país incapaz de solucionar sus controversias internas por toda la injerencia política” y que todo el que pueda ayudar es bienvenido. Sin embargo, subraya esto da pie a una línea muy delgada entre cooperación e injerencia.

Asimismo, dice que la solicitud es netamente política y podría estar relacionada con los últimos pronunciamientos y señalamientos que ha hecho Correa en sus redes sociales como la crítica por la recompensa de hasta $ 5′000.000 que ofreció el país por información del crimen de Fernando Villavicencio, ocurrido en Quito el pasado 9 de agosto.

“La aireada respuesta de Correa al decir que ni por el presidente John F. Kennedy se había ofrecido algo así, este pedido muestra un respaldarazo político muy muy importante de los Estados Unidos hacia el Ecuador”, menciona y agrega que si llama la atención y ayuda directamente a “un gobierno saliente y completamente antipopular”.

Publicidad

En la misiva se señala que el Congreso lleva esfuerzos legislativos bipartidistas para profundizar las relaciones bilaterales con Ecuador y que se lograron avances significativos desde 2017 y que esta solicitud busca reforzar las medidas bipartidistas.

Además, se resalta la condena a ocho años de prisión que Correa recibió en el caso Sobornos que se dio en abril del 2020 y en cuanto a las violaciones de derechos humanos, dicen que tiene un historial recogido en “El informe de derechos humanos de Ecuador de 2015 del Departamento de Estado”, donde se registraron sanciones y censura a medios de comunicación y periodistas y el cierre de organizaciones y la restricción de las libertades de prensa, expresión y reunión.

Publicidad

En la carta se cuestiona también que pese a que se ha solicitado la extradición del exmandatario, él sigue viajando entre Europa y América Latina y mantiene reuniones con funcionarios venezolanos sancionados por Estados Unidos.

Santiago Pérez, analista y catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Técnica Particular de Loja, dice que con este pedido se abre un nuevo frente para el expresidente Correa en relación a una nueva etapa de seguimiento a todos los casos que se han declarado en su contra dentro de la legislación ecuatoriana, como bien indica la carta, relacionados con corrupción, por un lado, y con violaciones a los derechos humanos.

Considera que esto puede tener un impacto dentro de las campañas electorales que se están desarrollando en este momento en Ecuador, más en la de Luisa González, candidata del partido de Correa.

“El expresidente Correa tiene esta retórica o crítica constante hacia los Estados Unidos de Norteamérica y a las instituciones que la componen y esto puede de cierta manera influir en esa intervención que tiene Correa, no solamente desde la perspectiva electoral con sus declaraciones, sino en el contexto mismo de la Revolución Ciudadana y su accionar dentro del país”, refiere y dice que el pedido se da en estos momentos por la posibilidad de que exista una preocupación en EE. UU. si González llega al cargo.

Publicidad

Asimismo, Santos explica que este respaldo podría estar relacionado con que EE. UU. tenía antes a Colombia como aliado estratégico en la región, pero con la llegada de Gustavo Petro al poder en ese país, esto cambió radicalmente y ahora busca que sea Ecuador. Sin embargo, subraya que todo dependerá de quién suceda a Lasso.

“Si es que gana Luisa González la presidencia yo creo que ya nos podemos vaticinar a un escenario en donde el correísmo volvería a romper relaciones o alejarse mucho de Estados Unidos... muchas personas afines a la Revolución Ciudadana desde ya están hablando de una intromisión en asuntos internos del Ecuador y demás”, refiere.

El presidente Joe Biden y el presidente Guillermo Lasso en la Casa Blanca en una foto de archivo. Foto: Bolivar Parra

Congresistas de EE. UU. pidieron investigar activos de Lasso en abril

Este último pedido de legisladores estadounidenses a Biden no es el primero, el pasado 12 de abril cinco congresistas estadounidenses instaron al mandatario a que inicie una “pronta investigación” sobre los orígenes de activos que mantiene en Ecuador el presidente Guillermo Lasso, y su cuñado Danilo Carrera y a que reevalúe la cercanía de las relaciones entre ambos gobiernos,

“Solicitamos respetuosamente que su administración investigue el asunto de los activos del presidente Guillermo Lasso y Danilo Carrera en los Estados Unidos y que las agencias estadounidenses pertinentes, incluyendo el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, investiguen lo más pronto posible los negocios del señor Carrera en nuestro país”, señalaron los congresistas Raúl Grijalva, Henry Johnson Jr., Jesús García, Juan Vargas y Eleanor Holmes.

Los legisladores explicaron en esa ocasión que Ecuador se encontraba en medio de una supuesta crisis política y social impulsada, en gran parte, por “acusaciones creíbles de corrupción en los más altos niveles de gobierno”, derivadas de investigaciones periodísticas. No obstante, hasta el momento este pedido no ha tenido avances que se hayan hecho públicos. (I)