El término “masacre” se está volviendo cada vez más común para los ecuatorianos. En 2021 empezó a usarse en medio de las revueltas en las cárceles que causaron más de 300 víctimas mortales y desde el 2022 esa violencia descontrolada se pasó a las calles.

Solo en las últimas semanas se han reportado varias masacres en Guayas, Santa Elena y Manabí. En Durán este martes, 14 de mayo, en medio de una fiesta fueron baleadas doce personas y seis de ellas murieron.

Entre 17 y 27 años tenían víctimas de masacre en Durán, cantón que tiene repunte del 300 % de muertes violentas

Otro ataque múltiple se dio el domingo 12, Día de la Madre, en una peluquería del centro de Tosagua, en Manabí. Ahí cuatro personas fueron acribilladas.

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Masacre Durán: Ataque en vivienda de coop. Abel Gilbert Pontón causa seis muertos y seis heridos Ocurrió el 14 de mayo del 2024. Foto: José Beltrán/ El Universo Foto: José Beltrán

Otra masacre ocurrió la madrugada del sábado 11 de mayo en Chanduy, provincia de Santa Elena. Los antisociales llegaron a un bar, ubicado en el sector de Pechiche, y dispararon contra todos los presentes. Ocho personas sin antecedentes perdieron la vida.

El 12 de abril en el sur de Guayaquil, en el barrio Cristo del Consuelo, otro ataque causó cinco fallecidos, entre ellos un menor de edad. El auto y una moto llegaron a un parque del sector y dispararon contra un grupo de personas.

El 30 de marzo en el Guasmo sur, a dos cuadras del hospital de la zona, se dio otro sicariato que provocó siete fallecidos y varios heridos. Las víctimas jugaban vóley en la calle cuando llegaron hombres armados y dispararon contra todos los presentes.

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Al menos 9 muertos y 10 heridos en ataque en el Guasmo sur, en Guayaquil

Ese mismo día en Nueva Prosperina hubo dos ataques similares con cinco muertos y decenas de personas lograron correr y ponerse a buen recaudo.

Algunos de estos casos han sido catalogados como actos terroristas por la Policía Nacional, porque, según las primeras indagaciones, los sicarios no tenían un objetivo claro, es decir, un blanco de ataque, sino que los sujetos armados dispararon de forma indiscriminada.

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“Aprovechan eventos y aglomeraciones para masificar la cantidad de víctimas y crear terror”, sostiene el coronel Roberto Santamaría, jefe del distrito Nueva Prosperina, donde se han dado algunos de estos ataques múltiples, aunque la cifra de muertes violentas respecto del año pasado se ha reducido en un 60 % en este territorio del noroeste de Guayaquil.

El policía cree que las bandas delictivas buscan elevar la percepción de inseguridad y contó que semanas atrás en el sector de Balerio Estacio hubo un ataque múltiple en un evento familiar y que los hombres armados entraron y dispararon sobre todos. “No buscaban a nadie”, insiste Santamaría.

El jefe policial de Nueva Prosperina recuerda también que hace un mes, hombres armados realizaron disparos a lo largo de una cuadra en El Fortín.

“Comenzaron a disparar a todas las viviendas, y las dos primeras personas, un hombre y una mujer, que estaban comiendo afuera de sus casas, fueron alcanzadas por las balas. El siguiente disparo alcanzó a otra chica que estaba dentro de su casa; la bala entró por la ventana. El objetivo era llegar a una fiesta que estaba al final de la cuadra, pero mientras ellos disparaban la gente de la fiesta ya evacuó y no hubo más víctimas”, contó el uniformado, quien resume que en este caso hubo tres fallecidos y tres heridos.

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Santamaría dice que el objetivo de las bandas que ejecutan estos ataques es causar terror, por lo que considera que además de ser procesados por las muertes ocasionadas también deberían abrirse investigaciones por actos terroristas.

El teniente coronel Ramiro Arequipa, jefe subrogante del distrito Sur, coincide con el coronel Santamaría. Él analiza la masacre ocurrida el 30 de marzo en el Guasmo y asegura que no era un crimen direccionado a una persona, sino que era la intención, posiblemente, de afectar a varias personas.

El 11 de diciembre del 2023, también en el Guasmo, fueron asesinados a tiros una mujer y sus cuatro hijos, de entre 5 meses y 7 años. Foto Carlos Barros/El Universo. Foto: El Universo

El 11 de diciembre del 2023, también en el Guasmo, fueron asesinados a tiros una mujer y sus cuatro hijos, de entre 5 meses y 7 años. El caso estremeció a todos y tuvo repercusión internacional por la violencia con la que actuaron los atacantes que dispararon con fusiles a través de la ventana mientras los niños dormían.

La madre trató de cubrir con su cuerpo a los pequeños, pero solo su esposo y su suegro sobrevivieron. Por el crimen hay un procesado y, según las investigaciones policiales, los criminales se habrían equivocado de vivienda.

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Kléber Carrión, abogado, policía en servicio pasivo y fundador de la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase), considera que esta violencia que actualmente se vive solo generará más violencia.

Dice que es una cadena que no va a tener fin hasta que el Estado no actúe con verdadera rigurosidad, porque los grupos terroristas están creando un caldo de cultivo para desarrollar más las economías criminales.

Por eso da como ejemplo Colombia en los 90 y México, donde en 2023 mataron a 30.500 personas.

Este experto en seguridad invita a la ciudadanía a analizar la Constitución, donde constan los derechos de las víctimas y sus victimarios, pues sostiene que los delincuentes y asesinos tienen más garantías en el país, sin contar los beneficios penitenciarios que les permiten salir de prisión.

Solo en la Penitenciaría del Litoral hay 5.500 presos. Foto Carlos Barros/El Universo.

“La suspensión condicional de la pena, la prelibertad al cumplir la mayor parte de la condena, el habeas corpus, las medidas alternativas, el grillete; todo eso es alcahuetería, porque la Constitución ni siquiera permite obligar al reo a unirse a un taller de rehabilitación o a comer en la cárcel”, manifiesta el policía en servicio pasivo, quien insiste en que con los delincuentes y terroristas no se puede negociar.

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También considera que a los autores de las masacres y sus mentalizadores deberían procesarlos por terrorismo y celebra que las penas se incrementen tras el triunfo del sí en la consulta popular. Ahora un terrorista puede ser sentenciado hasta a 30 años de prisión.

Además, destaca la contaminación de grupos terroristas en casi todas las esferas del país, como en el Consejo de la Judicatura. (I)