Ecuador registra avances en cooperación internacional, democracia e instituciones políticas para combatir la corrupción, según informe de AS/COA y Control Risks

La puntuación global de Ecuador en el Índice de la Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC) en este año prácticamente no ha cambiado desde el anterior: pasó de 4,77 a 4,82, lo que indica un entorno de estabilidad desde que Guillermo Lasso asumió la presidencia en mayo de 2021, así lo afirman Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, en su cuarta edición de este estudio, en el que evalúan la capacidad de quince países latinoamericanos para descubrir, castigar y prevenir la corrupción.

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Para poder subir en el ranking, Claudia Navas, analista de Control Risks, dice que Ecuador requiere demostrar mayor progreso en su capacidad de detectar, castigar y prevenir la corrupción, lo que implica cosas como dotar de mayor transparencia al funcionamiento del Estado y el uso de los recursos públicos, control sobre procesos de contratación pública e introducir reformas para reducir el riesgo de interferencia política en la justicia.

“Reducir el riesgo de interferencia política en la rama judicial es fundamental para dar un mensaje a los políticos y a la ciudadanía de que no es posible evadir el cumplimiento de la Ley. El caso judicial alrededor del exvicepresidente Jorge Glas demuestra los vacíos y debilidades del sistema anticorrupción ecuatoriano”, cuestiona.

Según el informe, Ecuador, que está en novena posición, registró un crecimiento moderado en la categoría de democracia e instituciones políticas, reflejando algunos de los esfuerzos del presidente Guillermo Lasso para combatir la corrupción. Entre ellos se incluye un decreto que regula y restringe el nepotismo, el uso indebido de recursos públicos y los conflictos de intereses, así como una nueva unidad judicial especializada en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

El estudio destaca también que en mayo pasado Lasso promulgó un decreto por el que se creó una Secretaría Anticorrupción que es parte de su gabinete y que se encargará de desarrollar una estrategia nacional anticorrupción enfocada principalmente en la prevención. Esta acción fue cuestionada por varios sectores y vista como una especie de burocratización de esta lucha.

Navas dice que la creación de entidades anticorrupción dentro del poder Ejecutivo ha mostrado ser una estrategia insuficiente y débil para combatir la corrupción.

“Es necesario abordar la lucha contra la corrupción desde un enfoque sistémico, es decir, involucrando a todos los actores que inciden en lucha contra la corrupción incluyendo la rama judicial, la rama legislativa, la sociedad civil y la academia, y generando las reformas y capacidades para lograr objetivos concretos, el progreso será muy lento, con vacíos y segmentado. La lucha contra la corrupción debe aterrizarse en metas, indicadores y logros concretos, de lo contrario, se queda en el discurso”, manifiesta.

El informe hace mención también a la vinculación que tuvo Lasso en la filtración de los Pandora Papers, pero destaca que esto no trascendió debido a que el mandatario declaró que se deshizo de inversiones legítimas que tenía en el extranjero antes de las elecciones.

Asimismo, Ecuador subió del puesto 11 al 5 a nivel regional en la variable que evalúa el nivel de cooperación internacional en materia de orden público. Estados Unidos ha reforzado su colaboración con Ecuador en las investigaciones sobre corrupción durante el último año, en medio de un repunte de la violencia debido al aumento del narcotráfico en el país.

Para las entidades, en el país existen cuatro temas que se deben monitorear. El primero, la designación de un nuevo contralor general por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la cual se ha retrasado considerablemente.

Navas dice que la elección del contralor demuestra que creando entidades burocráticas -en teoría independientes- no solucionan los problemas de interferencia política.

“Es clave que la elección de las cabezas sea un proceso de méritos, transparente y con cronogramas claros, y que estos no puedan ser modificados en el camino para favorecer a uno y otro candidato”, subraya.

Sobre la Contraloría, en el estudio se refiere como temas críticos la renuncia del excontralor general Pablo Celi en julio de 2021, que dimitió debido a acusaciones de vínculos con el crimen organizado y de corrupción relacionada con la empresa petrolera estatal Petroecuador y el caso del excontralor Carlos Pólit, acusado en Estados Unidos en marzo de este año con cargos de lavado de dinero relacionados con supuestos sobornos solicitados a Odebrecht.

Los otros tres temas a monitorear que sugiere el texto son: el que los esfuerzos anticorrupción de Lasso, incluyendo una solicitud de una reforma al sistema judicial, sigan encontrando oposición en la Asamblea Nacional; la publicación en diciembre del informe final del Grupo de Acción Financiera de América Latina sobre la eficacia de los sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en Ecuador y el pedido a Bélgica para la extradición del expresidente Rafael Correa, condenado en ausencia a ocho años de prisión en el Caso Sobornos.

Acerca de la solicitud de extradición de Correa, Navas explica que eventualmente resulte improbable ya que depende de un tercero, “no movería la aguja en la capacidad de Ecuador para combatir la corrupción. Aunque esto daría un mensaje contundente a los corruptos de que no se pueden salir con la suya, eso sería insuficiente cuando la rama judicial sigue siendo vulnerable a la interferencia política”.

Ranking regional

En tanto, entre los principales descubrimientos del informe se establece que la lucha contra la corrupción presenta un panorama heterogéneo en toda América Latina durante el año pasado, siendo solo México y Brasil los que sufrieron nuevos reveses en instituciones clave y en el entorno anticorrupción.

Según el texto para muchos ciudadanos de la región, la lucha contra la corrupción contra el COVID-19, los problemas económicos como la inflación, agravados por la guerra entre Rusia y Ucrania han tomado prioridad sobre la corrupción.

“Muchos Gobiernos de la región han relegado las reformas para esta lucha a una prioridad menor y en consecuencia, muchos poderes judiciales y organismos anticorrupción han tenido dificultades”, lamenta Brian Winter, vicepresidente de política de AS/COA. Esta situación se compara con lo que ocurrió a mediados de la década de 2010, cuando el movimiento anticorrupción gozaba de mayor apoyo popular

“La voluntad y capacidad de los Gobiernos a través de la región para combatir la corrupción parece haberse estancado contra el contexto de otras preocupaciones más inmediatas”, dice Geert Aalbers, socio de Control Risks.

El índice analiza 14 variables clave, incluyendo la independencia de las instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco.

Uruguay es el país con el puntaje más alto del índice este año, 7,42 sobre 10, lo que significa que se considera el país donde es más probable que se detecte, castigue y prevenga la corrupción. Sin embargo, fue el primer año en el que Uruguay registró un descenso, en 2021 su puntaje fue de 7,80.

En segundo lugar está Costa Rica con 7,11, le sigue Chile con 6,88. En cuarto lugar, se ubica Perú con 5,66; le sigue República Dominicana, con 5,19; Argentina, con 5,04; Panamá con 4,96 puntos.

Después está Colombia, con 4,87; Ecuador, con 4,82; Brasil, con 4,76; Paraguay, con 4,45 y México, con 4,5 en la décimo segunda posición.

Los tres últimos países del ranking también fueron los mismos en el 2021: Guatemala con 3,38; Bolivia con 2,57 y Venezuela con 1,63. (I)