La pandemia de COVID-19 eclipsó la lucha contra la corrupción en América Latina y llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades, así lo afirman Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, quienes realizaron por tercer año consecutivo la edición del índice de la Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), en el que evalúan la capacidad de quince países latinoamericanos para descubrir, castigar y prevenir la corrupción.

El índice CCC evalúa y clasifica a los países según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción mediante 14 variables claves, como “la independencia de instituciones judiciales, la fuerza del periodismo de investigación y el nivel de recursos para combatir la delincuencia de cuello blanco”.

Por segundo año, Uruguay es el país con mayor puntuación en el índice con 7.80 sobre 10. El informe destaca que, a pesar de la pandemia de COVID-19 y del cambio de gobierno de 14 años de centro-izquierda, el país refleja altos niveles de independencia judicial, cooperación internacional y la independencia de sus instituciones anticorrupción.

En segundo lugar se ubica Chile con 6.51 puntos. El país registró una leve disminución de su puntaje que en 2020 fue de 6,57, sin embargo, el estudio considera que su capacidad para combatir la corrupción se mantuvo estable incluso tras el estallido social de octubre de 2019 y las tensiones políticas asociadas a la pandemia a lo largo del año 2020.

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El informe destaca medidas del país como el proyecto de ley para proteger a los informantes que denuncien casos de corrupción y la condena de cinco años de cárcel que recibió el ex senador Jaime Orpis tras ser declarado culpable de fraude y de recibir sobornos para favorecer a la mayor empresa pesquera de Chile, Corpesca.

Lucha anticorrupción ha ‘perdido fuerza’ en la región, dice informe de AS/COA y Control Risks

Costa Rica con 6.45 puntos ocupa de nuevo el tercer lugar del ranking que destaca su estabilidad que es señal de que los esfuerzos anticorrupción avanzan lentamente. No obstante, hace énfasis en que el proyecto de ley para regular las actividades de cabildeo, presentado en 2019, sigue estancado en el Legislativo y que las lagunas normativas que existen han provocado un estancamiento incluso en casos de corrupción como el Cementazo, una presunta trama en la que están implicados funcionarios del Estado, un banco público y una importadora de cemento de China.

En el cuarto lugar se ubica Perú con 5.66 puntos, 19 décimas más que en 2020. El país, a pesar de la agitación política de finales de 2020, refleja un progreso creciente en el ámbito de la lucha contra la corrupción y en cuanto a democracia e instituciones políticas, sostuvo primarias internas para los partidos por primera vez este año.

Pedro Castillo, el aparente ganador la elección presidencial, ha prometido reforzar las agencias anticorrupción y crear un consejo nacional anticorrupción presidido por él.

Argentina se ubica luego de Perú con 5.16 puntos. El país subió del sexto al quinto puesto en el ranking, pero la percepción de un aumento de la politización del poder judicial y de las instituciones anticorrupción durante la administración del presidente Alberto Fernández impactó en su capacidad jurídica. Organismos de control internacionales dicen estar preocupados por la supuesta influencia que la expresidenta y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, imputada en múltiples investigaciones relacionadas a la corrupción, ejerce sobre el poder judicial.

Al momento en el país hay expectativa porque el Gobierno ha presentado una controvertida propuesta de reforma judicial que, de ser aprobada, le permitiría nombrar a más de 300 nuevos jueces, fiscales y defensores públicos en los próximos dos años.

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En el sexto lugar está Brasil con 5.07 puntos y que antes ocupaba el cuarto lugar. El país desde 2019 va en bajada en el ranking y experimentó la mayor caída de puntos entre los 15 países analizados. Según el informe, las investigaciones sobre la corrupción transnacional perdieron impulso, y la operación Lava Jato fue desmantelada en febrero.

El informe dice que jefes del Ministerio Público Federal y de la Policía Federal podrían seguir recibiendo presiones para proteger al presidente y a su círculo interno ante las investigaciones de corrupción.

Colombia es el siguiente en la lista y presenta también una trayectoria descendente pasando de 5.18 puntos a 4.81 puntos. Según el informe, el país sigue enfrentando desafíos que afectan su capacidad para combatir la corrupción y los retrocesos reflejarían la percepción de que el presidente Iván Duque ha colocado a figuras menos independientes en puestos clave como el de Defensor del Pueblo, el de Fiscal General y el de Procurador General.

En el contexto de las actuales manifestaciones que siguen en las calles del país, la corrupción es una de las muchas preocupaciones de los manifestantes, dice el estudio y agrega que las medidas anticorrupción serán un tema importante en las campañas electoral de cara a las presidenciales previstas para mayo de 2022.

En el octavo lugar está Ecuador con 4.77 puntos, con 58 décimas más que en 2020 y que le permitieron escalar una posición. El país registra incrementos en las puntuaciones de variables como la independencia de los organismos de lucha contra la corrupción, la independencia y eficiencia de la Fiscalía General y la eficiencia judicial y el informe lo atribuye a la gestión e investigaciones realizadas por la fiscal general Diana Salazar.

El informe destaca las detenciones de altos funcionarios y ex funcionarios de los gobiernos anteriores por investigación sobre corrupción en Petroecuador y la ratificación de la sentencia del Caso Sobornos, que involucró al expresidente Rafael Correa, y otros avances en materia legal con la aprobación de leyes como la Ley Orgánica de Recuperación de Bienes en enero de este año y la creación de una plataforma digital que rastrea las contrataciones públicas luego de los numerosos casos de corrupción asociados a la pandemia por compra de insumos.

Panamá se ubica después con 4.55 puntos y el informe dice que, aunque sigue siendo un centro mundial de lavado de dinero, refleja mejoras en su entorno anticorrupción. El gobierno ha intentado sacar a Panamá de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) de países con deficiencias en materia de antilavado de activos y combatiendo el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT).

Últimos lugares

El décimo puesto lo ocupa República Dominicana con 4.38 puntos y el índice lo destaca como uno de los países que más ha mejorado ya que antes se ubicaba en la posición trece. Las mejoras más significativas se produjeron en la categoría de capacidad jurídica, lo cual refleja un impulso anticorrupción del presidente Luis Abinader, que entró en funciones en agosto de 2020.

México es el siguiente con 4.25 puntos y, al igual que Brasil y Colombia, presenta una clara trayectoria descendente en el índice. Su descenso de 2019 a 2020 fue de apenas un 2%, pero en 2021 cayó un 7% despidiéndose del octavo lugar. Su presidente Andrés Manuel López Obrador ha continuado con la retórica anticorrupción con la que hizo campaña en 2018, sin embargo, siguen sin resolverse casos relevantes como el del exdirector general de Pemex Emilio Lozoya y han surgido acusaciones de corrupción que implican a políticos del oficialismo.

El puesto número doce lo ocupa Paraguay con 4.08 puntos. Según el informe, la politización de las instituciones judiciales es un problema persistente en el país y la percepción de falta de transparencia en los gastos de emergencia por la pandemia y el supuesto mal uso de los recursos públicos desencadenaron grandes manifestaciones contra el gobierno del presidente Mario Abdo Benítez.

Los tres últimos lugares son para Guatemala con 3.84 puntos, Bolivia con 2.43 y Venezuela con 1.40.

El primero cayó dos lugares respecto a 2020 y el estudio dice que los esfuerzos anticorrupción han disminuido desde 2019, cuando se disolvió la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU.

En el caso de Bolivia, que repite su posición de 2020, las acciones en temas de corrupción de la administración del presidente Luis Arce mediante el poder judicial se han considerado un herramienta para atacar a la oposición, dice el informe y agrega que esta táctica también la implementó la expresidenta interina Jeanine Áñez, quien está en prisión preventiva desde marzo tras haber sido acusada de terrorismo y sedición, cargos que su gobierno también imputó al expresidente Evo Morales.

La última posición del ranking vuelve a ser de Venezuela y el índice dice que el régimen de Nicolás Maduro ha tenido un declive constante en su capacidad jurídica desde 2019 y añade que no se dispone de información pública fiable sobre asignaciones presupuestarias ni donaciones internacionales que han recibido por el COVID-19. Las elecciones legislativas de diciembre de 2020, en las que el chavismo recuperó el control de la Asamblea Nacional, son otro tema de preocupación.

No obstante, el índice destaca que la única categoría en la que Venezuela no se queda atrás es en la sociedad civil y medios de comunicación, puesto que las denuncias de las prácticas del régimen siguen apareciendo en plataformas web, redes sociales y a través de oenegés, incluso mientras enfrentan amenazas del Gobierno.

“El índice muestra que los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca... América Latina ha estado entre las regiones más afectadas por la pandemia con los gobiernos bajo una creciente presión financiera y los sistemas de salud en muchos países gravemente afectados los efectos perniciosos de la corrupción en la sociedad se amplifican”, dice Brian Winter, vicepresidente de Políticas Publicas de AS/COA. (I)

¿Qué otras medidas se deben tomar en Ecuador para que siga escalando dentro del ranking?

Claudia Navas, analista de Control Risks, dice que Ecuador requiere mejorar el desempeño de la rama judicial, pues los procesos judiciales son ineficientes, al igual que los recursos humanos y técnicos para investigar la corrupción.

“También se necesitan corregir los vacíos en materia de contratación por emergencia, figura que ha sido utilizada en exceso ya que relaja los procesos de control y que, por ende, han facilitado la corrupción”, agrega la experta, y considera que es necesario corregir vacíos normativos para seguir reduciendo el riesgo de interferencia política en lo judicial.

En cuanto a la presencia de organizaciones multilaterales para combatir la corrupción, un ofrecimiento del actual ejecutivo, Brian Winter, vicepresidente de Políticas Públicas de AS/COA, dice que pese a que han resultado efectivas en países donde el Estado de derecho es débil, son políticamente difíciles de mantener. (O)