Ecuador, en medio de una crisis institucional en la que la muerte cruzada no sería una opción

Los intereses políticos que acordonan la renovación de autoridades de control, en particular del contralor del Estado, derivaron en una crisis de gobernabilidad que surgió en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y se transfirió a la Asamblea Nacional, que a sus cortos nueve meses en funciones se enfrenta a la renovación de sus autoridades.

De forma paralela, acechan nuevas crisis institucionales, como en la Contraloría, cuyo titular subrogante, Carlos Riofrío, termina este 15 de marzo el periodo por el cual remplaza a Carlos Pólit y está enjuiciado políticamente. No hay quien lo sustituya, pues el concurso ni empieza.

Los cinco vocales principales del Consejo Nacional Electoral (CNE) están prorrogados y tienen un juicio político en ciernes. El procurador del Estado, Íñigo Salvador, termina sus funciones en abril y también está enjuiciado políticamente, al igual que los cinco vocales del Consejo de la Judicatura (CJ).

Las superintendencias de Bancos y Compañías funcionan también bajo encargos, al haber sido sus titulares, Ruth Arregui y Víctor Anchundia, en su orden, destituidos por interpelaciones políticas.

Asamblea Nacional, entre el caos y denuncias de desestabilización de la democracia

Esta inestabilidad institucional confluye con el escenario que vivió el Parlamento la noche del 24 de febrero, cuando tres fuerzas, Unión por la Esperanza (UNES), Partido Social Cristiano (PSC) y varios legisladores del ala rebelde de Pachakutik (PK), abrieron un camino para apelar la presidencia de Guadalupe Llori, por no dar paso al tratamiento de una moción para crear una comisión que la fiscalice a ella y al Consejo de Administración Legislativa (CAL), la cual fue presentada por el legislador correísta Fausto Jarrín.

El ambiente se encandiló cuando Esteban Torres (PSC) apeló su presidencia y Llori la bloqueó suspendiendo la sesión.

Virgilio Saquicela (BAN), primer vicepresidente del Legislativo, intentó continuar con el pleno, pero le apagaron la luz y el audio.

Llori justificó que el objetivo es desestabilizar. “Están desesperados por tomarse el Consejo de Participación Ciudadana, porque en las próximas semanas se va a tener que elegir la Contraloría, la Procuraduría, el Consejo Electoral. Están desesperados porque se les va de las manos el chupete”, dijo.

Estos tres grupos suman los 70 votos para dar paso a la apelación de su presidencia. Luego, se crearía esta comisión de fiscalización interna y, con el control sobre el Legislativo, se sometería a debate una resolución para priorizar el juicio político a cuatro de los siete vocales del CPCCS: Hernán Ulloa, María Fernanda Rivadeneira, Ibeth Estupiñán y Francisco Bravo.

¿Por qué? Porque los cuatro conformaron una nueva mayoría que removió de la presidencia a Sofía Almeida y a David Rosero de la vicepresidencia; y ahora lideran los concursos de selección del contralor y de la renovación parcial del CNE.

“Toda esta crisis es por el Consejo. Con el juicio político, estos consejeros pueden ser destituidos y nombrar a los suplentes de los suplentes y empezar a negociar. Lo que se quiere evitar es que se hagan los concursos y entre gente afín al Gobierno”, opinó el catedrático Esteban Ron.

Él cree que en las siguientes sesiones se va a mantener la apelación a Llori para así someterla a una “prueba de estrés”, de tal forma que en “un momento no pueda más, ni su capacidad administrativa y personal, y doblegarla”.

Lasso afirmó que es prioridad del Gobierno ‘traer a los ecuatorianos que están en Ucrania’

Para el constitucionalista Ismael Quintana, esto será cuestión de días, pues la oposición, al tener los votos, le apelarán la presidencia, crearán esta comisión y tomarán el control de la Función.

Recordó que las recientes reformas a la Ley de la Función Legislativa fijaron los criterios para fiscalizar a sus autoridades, lo que no sucedió en 1992, 2005 y 2018, cuando se removió a las dignidades, por lo que será legal siempre que se actúe sobre la ley.

Por el momento, Llori se sostiene con el apoyo del oficialismo.

El presidente de la República, Guillermo Lasso, la respaldó y advirtió de la intención de “desestabilizar el país planteando juicios políticos a las autoridades”, según subrayó en una entrevista la noche del jueves en el programa de Carlos Vera.

Pese a ello, descartó aplicar su atribución constitucional de disolver la Asamblea, o más conocida como “muerte cruzada”, que implica convocar a nuevas elecciones para elegir asambleístas y presidente de la República.

“No. Va a haber tiempo para que los ecuatorianos decidan eso en el momento oportuno. Porque los ecuatorianos no nos podemos jugar el futuro del Ecuador en un casino. No y no. Tenemos que andar con cuidado”, aseveró.

Para Ron, “no hay salida”. Incluso la muerte cruzada no es la opción para el régimen, porque no cuenta con capital político para ser reelegido; al contrario del “correísmo, (que) tiene capital político; pierde 32 asambleístas, pero gana un presidente y ellos van a ser compensados”.

Quintana duda de la razón de Lasso para defender a Llori, “que le ha hecho continua oposición” al impulsar su proyecto de gobierno.

Guadalupe Llori se mide frente a tres sectores políticos que buscan evaluar su gestión como presidenta de la Asamblea Nacional

Cree que Lasso tiene dos salidas: aplicar la muerte cruzada, en la que va a gobernar algunos meses mientras se hacen las elecciones, aunque sin la garantía de que vuelva a ser elegido.

O la segunda: “Seguir pateando la pelota hacia adelante, viendo cómo esta mayoría se toma la Asamblea, adelantan los juicios políticos, se comen al CPCCS y asumen sus remplazos. Entonces, el Gobierno habrá perdido toda oportunidad. No entiendo hacia dónde juega. O disuelve la Asamblea o se sienta a esperar”, acotó Quintana. (I)