Derogar o presentar demandas de inconstitucionalidad a la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal tras la pandemia del COVID-19 para evitar su ejecución son dos escenarios que tomarán extensos plazos, los cuales estarán matizados por las decisiones políticas.

Asambleístas del movimiento político Pachakutik (PK) presentaron el martes último un proyecto de ley derogatoria a la ‘ley tributaria’ que está compuesto de dos artículos, en los que se plantea derogar con efecto inmediato el decreto-ley que promulgó la norma el pasado 29 de noviembre en el Registro Oficial.

Y el segundo propone eliminar “todos los efectos tributarios e impositivos definidos desde su entrada en vigencia de la ley derogatoria”.

Los impulsores del texto fueron los legisladores Ángel Maita, Patricia Sánchez y Salvador Quishpe, quienes ampararon su propuesta en el artículo 140 de la Constitución, que permite que la Asamblea modifique o derogue una ley de carácter económico urgente, pero con “sujeción al trámite ordinario”.

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Esta propuesta surgió luego que el pasado 26 de noviembre el Legislativo no aprobó, modificó o negó las reformas tributarias -que presentó el presidente de la República, Guillermo Lasso, como iniciativa de urgente en materia económica- por la falta de votos para archivarla y negarla.

Para el constitucionalista Ismael Quintana, si bien la iniciativa busca enmendar el “error de la Asamblea”, desde enero del 2022, no habrá “poder humano que suspenda su aplicación”.

Además, cree que esta propuesta “nace muerta” porque el texto de Pachakutik, pese a que pueda ser aprobado por los legisladores, pasará a manos del Ejecutivo y se enfrentará al veto.

“Constitucionalmente lo que va a pasar es que la Asamblea aprobará la derogatoria, pero el presidente tiene el sartén por el mango: el poder del veto”, dijo.

Como parte del procedimiento legislativo, la propuesta deberá ir al Consejo de la Administración Legislativa (CAL) para que se resuelva sobre su constitucionalidad, para lo que hay un plazo de 60 días.

Si lo hace pronto, pasará al tratamiento en primero y segundo debate, lo que tomará entre unos cuatro y cinco meses, que podrían acelerarse por la presión de las fuerzas políticas.

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(Si prospera su aprobación) “el presidente Lasso tiene el arma más poderosa de vetar totalmente, según el artículo 138 de la Constitución y con un veto total, volvemos al mismo punto en el que nos encontramos ahora. Y la Asamblea solo va a poder volver a plantear su discusión en el plazo de un año desde el veto”, explicó Quintana.

Gustavo Chiriboga, constitucionalista, afirmó también que este procedimiento no será breve y enfrentará la facultad de veto del Ejecutivo, que es “producto del régimen constitucional que tiene el país”.

La siguiente alternativa es que la Corte Constitucional (CC) dirima con el tratamiento de acciones públicas de inconstitucionalidad.

La primera demanda la presentó el excandidato presidencial Yaku Pérez Guartambel, el pasado martes, y argumentó que la reforma tributaria fue negada en la Asamblea Nacional por lo que debe ser declarada inconstitucional.

Como primer paso, la Corte la sorteó y radicó su competencia en la jueza constitucional Karla Andrade.

Tanto Quintana como Chiriboga coinciden en que la única forma en que se paralice su ejecución es que la Corte Constitucional dicte medidas cautelares de suspensión provisional.

Quintana estima que debido a la acumulación de acciones que tiene la Corte, este tipo de casos se demoran hasta seis años en despacharse, pues deben ser tratados en orden cronológico; y hay acciones represadas desde el 2011.

A menos que el pleno de la Corte resuelva hacer una excepción, “tomar el toro por los cuernos y darle tratamiento prioritario”. Es decir, una medida similar a lo que sucedió con la crisis política que vivió la alcaldía de Quito, por la pugna entre el exalcalde Jorge Yunda y el ahora alcalde, Santiago Guarderas.

“Lo que queda es que al calificar a trámite la demanda, los jueces decidan la suspensión provisional de la ejecución de la ley, que sería la única manera de hacerle al Gobierno jaque mate”.

Chiriboga concluyó que estos procedimientos tomarán tiempo, “pero quizás la presión social o la coyuntura política podrán hacer que se aceleren o retrasen”.

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Un hecho similar que dio paso a la derogatoria de una ley que rigió por decreto-ley fue la del denominado ‘impuesto verde’.

En el 2019, los exasambleístas y ahora viceministro de Gobierno, Homero Castanier, y Fabricio Villamar presentaron la ley Derogatoria al Impuesto Ambiental a la Contaminación Vehicular. El expresidente Lenín Moreno también presentó una iniciativa en ese sentido; ambas fueron unificadas.

Los dos legisladores se ampararon en el último inciso del artículo 140 de la Constitución, sobre modificar o derogar una ley de carácter económico urgente, con lo que en julio del 2019 se aprobó la ley derogatoria de este ‘impuesto verde’ que estuvo vigente por siete años. (I)