Entre el jueves 21 y viernes 22 de octubre próximos se resolverá la situación penal del sueco Ola Bini, quien el 29 de junio pasado fue llamado a juicio como autor del delito de acceso no consentido a un sistema informático. Por sorteo, los jueces penales de Pichincha Pablo Coello (ponente), Fanny Altamirano y Milton Maroto Sánchez conformarán el Tribunal de Juzgamiento.

La audiencia de juzgamiento para el programador extranjero llega a dos años y medio de que fue detenido en el aeropuerto Mariscal Sucre, de Quito, cuando se disponía a viajar a Japón. Ese mismo 11 de abril de 2019 Ecuador anunciaba el retiro del asilo otorgado en el gobierno de Rafael Correa al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, y lo expulsó de la Embajada de Ecuador en Londres.

Ola Bini es llamado a juicio por el delito de acceso no consentido a un sistema informático

El gobierno de Lenín Moreno, el cual incluía a María Paula Romo como ministra de Gobierno, acusó a Bini de formar parte de un plan para desestabilizar al régimen y de su cercanía con Assange.

La jueza penal de Pichincha Yadira Proaño fue quien emitió el auto de llamamiento a juicio de Ola Bini, con base en más de 60 elementos presentados por la Fiscalía, entre los cuales destacaban informes periciales de informática forense, la asistencia penal requerida a Estados Unidos, versiones y oficios de instancias públicas como la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE).

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El sueco Ola Bini participa de forma presencial de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio por el delito de acceso no consentido a un sistema informático del que se le acusa. (CORTESÍA)

Según la acusación de Fiscalía, Bini accedió sin autorización ni consentimiento al sistema de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), con el objetivo de intentar obtener información del contenido digital de las plataformas de la Empresa Pública Petroecuador y de la entonces Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain).

El abogado del extranjero, Carlos Soria, sostiene que su defendido ha sido víctima de una persecución política y de vigilancia constante. Bini actualmente cumple la medida cautelar de presentación periódica, pero inicialmente estuvo 70 días internado en el Centro de Privación de la Libertad de El Inca, en Quito, cumpliendo una orden de prisión preventiva.

Soria en su cuenta de Twitter escribió: “Luego de más de 916 días, por fin hay fecha para audiencia en el caso Ola Bini. En este proceso podremos demostrar ante un Tribunal las más de 100 violaciones al debido proceso, en un juicio sin pies ni cabeza. Además de la inexistencia de delito alguno, todo fue fraguado”.

Por supuestamente haberse inventado las pruebas para acusar penalmente al sueco Ola Bini, Soria presentó en la Fiscalía de Pichincha, el 30 de junio pasado, una denuncia para que se investigue el delito de fraude procesal. El abogado dice tener las evidencias del delito que habría ocurrido y por el que pide a la Fiscalía que investigue desde el presidente de la República anterior hasta el policía que participó en las acciones que llevaron a la detención del programador sueco.

Ola Bini plantea denuncia por fraude procesal, un día después de que fue llamado a juicio por acceso no consentido a un sistema informático

“La Fiscalía debe investigar a todas las personas que conllevaron al arresto ilegal y arbitrario de Ola Bini. (...) Será tarea de la Fiscalía determinar quiénes fueron los autores, cómplices y encubridores. Nosotros lo que hacemos es la denuncia del hecho en base a la evidencia que tenemos, evidencia documental certificada por la misma Policía Nacional”, apuntó.

Bini es acusado por el delito establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que habla del acceso no consentido a un sistema informático, telemático o de telecomunicaciones.

Para la persona que sin autorización acceda en todo o en parte a un sistema informático o sistema telemático o de telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de tráfico de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, la sanción será una pena privativa de la libertad de tres a cinco años. (I)