La exfiscal general del Estado y actual embajadora de Ecuador en Argentina, Diana Salazar, advirtió sobre las falencias existentes en la Constitución y propuso incorporar la imprescriptibilidad y el juzgamiento en ausencia para los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos y narcotráfico, además de establecer garantías procesales diferenciadas para este tipo de infracciones.
Salazar pidió licencia para asistir a una invitación de la Comisión Antimafia del Parlamento Italiano. En entrevista con el canal digital Visionarias, contó que en Italia expuso su experiencia en los seis años como fiscal general del Estado y las medidas que se tomaron para la lucha contra el crimen organizado considerando que el país no posee una legislación suficientemente fuerte y específica para la lucha contra las mafias.
En ese escenario expuso el caso Metástasis, sobre cómo el crimen y el narcotráfico habían permeado todos los estamentos del Estado y de la sociedad. También habló del caso La Pampa, relacionado con la mafia albanesa y que obtuvo sentencia en enero de 2025.
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Dijo que Italia tiene conocimiento sobre el proceso de consulta popular que lleva adelante Ecuador, y habló de que se deben buscar las herramientas para fortalecer la lucha contra el crimen y la corrupción, por ejemplo, mucho se habla de la delincuencia organizada y sobre el terrorismo, pero en los artículos de la Constitución no se establece la posibilidad del juzgamiento en ausencia. A diferencia de aquellos delitos de enriquecimiento ilícito, el cohecho, el peculado, aquellos delitos relacionados con la corrupción, que sí pueden ser susceptibles de juzgamiento en ausencia.
Por lo tanto, dijo la exfiscal, sería una herramienta valiosa que en la Constitución se plasme que los delitos como delincuencia organizada y terrorismo puedan ser juzgados en ausencia.
Lo propio la imprescriptibilidad de los delitos de delincuencia organizada, lavado de activos, terrorismo, porque las personas huyen del país, se refugian, la etapa del juicio se suspende y diez años más tarde “regresan como héroes y dicen que han sido encontrados inocentes, cuando prescribió la acción”, apuntó Salazar.
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Dijo que cabe un cambio constitucional y no solo limitarse a parches, tomando en cuenta que es una Constitución de hace 17 años y la realidad que vive el país es totalmente distinta a la del 2008.
Indicó que son 17 años de avance del narcotráfico, de la delincuencia organizada, y que los Estados tienen la obligación, según las convenciones, tanto de Palermo como la Convención contra la Corrupción, de ir adaptando su marco constitucional y legal a las nuevas modalidades y a las nuevas formas delictivas.
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Salazar dijo que es el momento de que la ciudadanía empiece a discutir sobre lo que necesita, pues no pueden ser tratadas de la misma manera las personas que cumplen con la ley versus aquellos que infringen la ley, pues quienes infringen la ley deben tener un tratamiento diferenciado porque no es lo mismo aquel que hurta o roba un teléfono celular que aquella persona que se vincula con el narcotráfico, que realiza actividades relacionadas con el terrorismo.
Lo mismo se debe cambiar el abuso de garantías, pues el país debe sentarse a discutir qué hacer para evitar, por ejemplo, que los jueces amparados en las garantías constitucionales entreguen beneficios penitenciarios a aquellas personas que se encuentran sentenciadas por delitos graves como delincuencia organizada por su relación con el narcotráfico u otros delitos graves.
Como ejemplo, la exfiscal expuso el caso del sentenciado en el caso Metástasis Wilman Terán, en el que los jueces basados en las garantías constitucionales entregaron la potestad y la facultad de que el Estado le provea de un computador, de internet, de comunicación y acceso con el exterior a cuenta de que tiene que ejercer su derecho a la defensa.
La exfiscal aclaró que hay derechos fundamentales que son innegociables y que no se pueden quitar a la persona, al ser humano. El derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, eso no está en negocio porque es inherente a la persona, pero el derecho a tener una computadora y el derecho a tener internet porque le presenta una garantía, una acción de protección, no puede ser posible.
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En la entrevista también se refirió al artículo 233 de la Constitución, donde se establece la prohibición para ejercer cargo público, para ser candidato a cargos de elección popular a aquellas personas que han sido juzgadas por delincuencia organizada relacionadas con la corrupción, pero destacó que no se prohíbe a la persona ser candidata por haber sido juzgada o sancionada en delitos relacionados con tráfico de droga.
Entonces, anotó Salazar, esos vacíos deben ser considerados en la nueva constitución, pues la delincuencia organizada se acomoda, muta, avanza y los Estados se quedan atrás.
Salazar invitó a ser más creativos para realmente luchar contra el crimen y evitar que aquella persona que ha sido sentenciada por delincuencia organizada con el fin de traficar drogas pueda ser candidata a una dignidad de elección popular. “Entonces, nos sorprendamos mañana de que el legislador tal o cual forme parte de las estructuras delictivas, como ya ha sucedido en los casos y que se encuentran prófugos”, afirmó. (I)
