Desde dos instituciones se plantean ideas para detectar y prevenir conflictos de intereses

La prevención de conflictos de intereses en el sector público para contrarrestar la corrupción ha sido manifestada por varios sectores de la sociedad como una necesidad; sin embargo, en marzo pasado, la Asamblea Nacional archivó un proyecto de ley para la regulación del lobby y la prevención de conflictos de intereses alegando que no existe una fuerte motivación jurídica que justifique su creación.

No obstante, al menos desde dos instancias públicas se impulsan acciones en este campo: la Contraloría General del Estado y la Secretaría Anticorrupción adscrita a la Presidencia de la República.

Así, la Contraloría está desarrollando un nuevo mecanismo tecnológico para prevenir la corrupción en el sector público denominado Simulador de Conflicto de Intereses.

La herramienta, que está prevista que esté alojada en la página web de la Contraloría desde el tercer trimestre del año, permitirá conocer posibles escenarios en los que la imparcialidad de los funcionarios estatales pueda verse comprometida y la identificación de conflictos de intereses, potenciales y reales, para los servidores públicos, sus cónyuges o familiares y, en general, quien desee ejercer un cargo público. Además, alertará sobre las prohibiciones, señaladas en la legislación vigente, para asumir cargos estatales.

El órgano de control asegura que la herramienta digital ayudará a prevenir la corrupción y promoverá la cultura de integridad en el Estado. Para desarrollarlo contó el apoyo técnico de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y ya fue socializada entre distintos actores de la sociedad civil, academia e instituciones públicas, el pasado 19 de abril.

Marcelo Espinel, director de proyectos de Fundación Ciudadanía y Desarrollo, fue quien presentó en enero de 2020 el proyecto de Ley para Prevenir el Conflicto de Interés (Lopci), actualmente archivado, y participó en la socialización del simulador, al que considera algo muy positivo.

“La herramienta es un primer esfuerzo para tratar de impulsar nuevamente una regulación sobre el tema, conocimos esta herramienta que está en una fase de creación y están recibiendo comentarios para poder mejorarla”, dice y subraya que estos aportes, todos positivos, fueron escuchados.

Entre esas sugerencias, Espinel cuenta que se propuso una verificación más amplia de la legislación aplicable para que esté en concordancia con la herramienta y que se tome en cuenta que los conflictos de intereses no son solo con el sector público, si no también con el privado.

Para Espinel la socialización del simulador “fue una suerte de antítesis de lo que se vio en la Asamblea Nacional” cuando se dio el archivo del proyecto.

El proyecto buscaba la aplicación efectiva de los artículos 153 y 232 de la Constitución, referentes a la prevención de conflictos de interés y a los contratos con el sector público. Y contó con varios aportes de asambleístas del periodo anterior, actores de la academia, organizaciones de la sociedad civil y del sector privado para fortalecerse.

En el Legislativo fue archivado tras una moción de la asambleísta socialcristiana Nathalie Viteri, que obtuvo 91 votos a favor (de los bloques de Pachakutik, UNES y PSC).

Viteri alegó que se tomó la decisión a base de que no se encuentra una fuerte motivación jurídica que justifique la creación de una ley exclusiva en esta materia. Indicó que la Comisión de Transparencia de la Asamblea recibió distintos criterios de expertos, que manifestaron que este tipo de normas han provocado un crecimiento de actos de corrupción en otros países.

Por su parte, la Contraloría indicó que tiene planificadas otras rondas de revisión de la herramienta, para disipar dudas de la ciudadanía y de servidores del sector público respecto a los casos que ya están regulados en la normativa ecuatoriana y que constituyen inhabilidades y prohibiciones.

La entidad ratifica que la herramienta es de carácter anónimo, consultivo, educativo y exploratorio y que ha sido concebida desde el entendimiento de que los conflictos de intereses per se no constituyen un acto de corrupción, pero que si no se detienen a tiempo pueden derivar en faltas a la integridad pública.

En tanto, el secretario Anticorrupción Luis Verdesoto manifestó en una entrevista con EL UNIVERSO que uno de los siete ejes de acción de la naciente institución será justamente generar parámetros para definir con precisión lo que se entiende por conflictos de interés y las consecuencias que generan en la administración pública, así como las formas para detectarlos.

“Hay que trabajar en la trazabilidad de los casos en los que se puedan dar estas situaciones. El riesgo del conflicto de interés no solo tiene que ver con nexos familiares o personales sino con acceso al conocimiento e información. Un ejemplo de ello son los pedidos de pausas o licencias de funcionarios que pasan del sector público al privado; eso es legal, sí,. Entonces no es un asunto de puestos sino de información privilegiada”, señaló el funcionario.

Para Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, es positivo cualquier esfuerzo para precautelar los intereses y recursos del Estado, pero menciona que si la detección de un conflicto de este tipo no tenga una actuación posterior es algo que debe mejorarse antes de que esté disponible para que no sea “insuficiente”.

“Hay que aspirar a que no quede solo en la retórica, en la amenaza de que van a poner esto o lo otro, sino en que la ejecuten y la ejecuten bien... no debe ser la única, hay otros temas que también podrían averiguarse. Sería importante que estas herramientas descubran a aquellos funcionarios públicos que ya actuaron con intereses personales, para ver el tema hacia atrás y no solo hacia adelante, por ejemplo poder juzgar cómo se manejaron los últimos diez años”, apunta.

Rodas dice que es importante “no solo quedarse con el dato, que se puede volver mediático” y que debe ir de la mano de la restricción por lo que debe ir acompañado de normas.

“Contraloría debe comprometer a otros organismos del Estado para que existen leyes que se den cuenta de esa realidad y reformar varios puntos, como la Ley de sistemas contractuales para que vaya de la mano”, refiere. (I)