Organismos de Derechos Humanos se oponen al regreso de las bases militares extranjeras en Ecuador

El anuncio del presidente Daniel Noboa, sobre reformar la Constitución y eliminar la prohibición de tener bases militares extranjeras, generó rechazo en organismos de Derechos Humanos que consideran que tendrán un fuerte trabajo para convencer a los jóvenes que las bases militares extranjeras no son la solución y recordar que cuando estuvo la base militar estadounidense en Manta esto no habría favorecido económicamente a la ciudad.

Luis Saavedra, director de Inredh, admite que le generó sorpresa cuando el Ejecutivo informó la decisión de apoyar el regreso de las bases militares.

Él fue uno de los representantes de Derechos Humanos que investigó los avances que tuvo Ecuador cuando funcionaba la base estadounidense que funcionó en Manta hasta el 2009. Por eso afirma que el presidente Noboa “no conoce nada de lo que pasó en la Base de Manta durante los 10 años”.

Saavedra relata que en los años previos a la salida de los estadounidenses de Manta, él junto a otros académicos accedieron a informes de EE. UU. en el que señalaban que la base de Manta fue un fracaso. Uno de esos documento era de la Contraloría de EE. UU. Según Saavedra, esa entidad expreso la preocupación con respecto a la eficacia de la base de Manta para el control del tráfico de drogas.

Esto debido a que en 10 años, las operaciones extranjeras capturaron 1.776 toneladas de cocaína. “Era una cifra enorme, pero se les cuestionó en dónde estaba almacenada esa droga, dónde estaban detenidas las personas responsables y sobre todo cuántos juicios o procesos fueron abiertos. No tenían esos datos”, señala.

Por eso, Saavedra afirma que tras una intensa investigación, el Gobierno estadounidense terminó aceptando que esa cantidad de droga incautada correspondía a tres bases: Manta, Curazao y Aruba.

“Eso quiere decir que en 10 años en cada base hubo un promedio de 15 toneladas”, señaló.

De allí que para Inredh la base militar extranjera no ayudó con el combate al narcotráfico. Al contrario, Saavedra recuerda que en esa época hubo personas desaparecidas en alta mar.

Del tema también conoce Billy Navarrete, titular del Comité Permanente de Derechos Humanos de Guayaquil. Él coincide con Saavedra en que la base de Manta vulneró derechos humanos. Especialmente, la de pescadores artesanales, pues señala que los estadounidenses hundían embarcaciones a las que consideraban que transportaban drogas, pero sin sustento.

“El problema de las bases militares extranjeras es la capacidad de maniobra sin consentimiento del Gobierno ecuatoriano. Hubo problemas en materia de derechos humanos, el hundimiento de lanchas sin ningún tipo de información señalando que eran narcotráfico. Gente desaparecida en alta mar, crisis humanitaria y sobre todo el narcotráfico siguió y sigue en Colombia”, señala.

Reforma podría tener fines electorales

Por eso para los dos defensores de DD. HH. el anuncio de Noboa puede tratarse de un discurso electoral. “Detras de estos mensajes hay una maquinaria comunicacional que deja subordinada toda crítica. No hay discurso que pueda contrastar si en verdad es necesario una base norteamericana en el Ecuador. ¿La base va a solucionar el tema de las cárceles?”, dice Navarrete.

En cambio, Saavedra afirma que como organizaciones de Derechos Humanos ahora tendrán un fuerte trabajo para convencer a los jóvenes que las bases militares extranjeras no son la solución.

Saavedra dice que en el 2007, cuando el expresidente Rafael Correa propuso la eliminación de la base de Manta también fue un tema de campaña electoral. “Más de cinco candidatos a la Presidencia afirmaron que si llegaban al poder sacarían la base estadounidense”. La Población votó por esta opción y obtuvo el apoyo de más del 66%.

“Los jóvenes no saben lo que pasó en Manta y por eso pueden estar pensando de esa manera. Las organizaciones que buscamos la paz vamos a tener un trabajo muy duro para convencerles. El costo de vida se encareció en Manta. Los arriendos subieron, la gente pensaba que iba a llegar el desarrollo. Pero eso no fue así. Los gringos nunca invirtieron en Manta, todo traían de Estados Unidos. No salían de la base”, dice.

Por eso, para los miembros de DD. HH. entre las soluciones que el Estado debe trabajar es el fortalecimiento de los sistemas de inteligencia. “Están siendo desmantelados. Antes habían departamentos de Inteligencia. Ahora, por eso vemos que el sistema político, policías y militares son fácilmente permeables al narco. El Estado abandonó los barrios. No hay presencia. En eso debería concentrarse el Gobierno”, afirma Inredh.

Por otro lado, expertos en seguridad opinan lo contrario a Derechos Humanos. Uno de ellos es Mario Pazmiño. Él afirma que es fundamental una base militar con un país que esté en la lucha por combatir el crimen organizado. Para el experto en seguridad, Ecuador se puede beneficiar de tecnología si tuvieramos una base y dice que eso facilita un combate más frontal con las organizaciones.

“La base de Manta era una instalación que era contraria a los intereses del crimen organizado. La base bloqueaba la salida de droga a puertos y aeropuertos. Era una piedra de zapato para Correa. Él decía que la base atenta contra la soberanía del Estado. Pero retirarla si fue un pacto con las organizaciones criminales y con los insurgentes de las FARC”, afirma.

Precisamente, ese es el discurso del presidente Noboa. Él también ha señalado que la salida de la base de Manta fue un pacto del entonces Gobierno con el crimen organizado. Ahora, la reforma deberá presentarse ante la Corte Constitucional y esta entidad deberá ser la encargada de marcar la hoja de ruta para su respectivo trámite en la Asamblea Nacional. (I)