La abogada de Jorge Glas, Sonia Vera, alertó de que el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura (MNP) de la Defensoría del Pueblo no ha actuado pese a la alerta presentada el 13 de noviembre sobre un “riesgo grave e inminente” para la vida y la integridad del exvicepresidente.

Ese día, la defensa ingresó una acción urgente detallando un cuadro que –según afirma Vera– vulnera las Reglas Mandela y desconoce las medidas provisionales dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

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La acción advertía de un “escenario extremo”: traslado arbitrario, aislamiento prolongado, cortes de agua potable durante las noches, restricciones al agua filtrada, ausencia de atención médica especializada, uso descontrolado de polifarmacia, falta de monitoreo clínico y la interrupción de su tratamiento psiquiátrico y neurológico. Para la defensa, todos estos elementos configuran condiciones que pueden constituir trato inhumano o tortura.

Vera sostiene que, pese a ello, el MNP no ha ingresado al centro penitenciario, no ha emitido informes ni ha activado una visita in situ, incumpliendo su obligación legal de actuar de inmediato frente a escenarios de riesgo.

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“La ley es clarísima. El MNP no pide permiso, no consulta, no coordina con el ministro del Interior. Debe ingresar de inmediato”, cuestionó.

La abogada recordó que el propio Ministerio de Salud Pública, peritos internacionales y estándares de la OMS, la Asociación Americana de Psiquiatría (APA) y las Reglas Mandela han advertido de un riesgo de muerte inminente si no se restablece la atención adecuada.

A su criterio, la inacción del MNP “compromete la responsabilidad del Estado y evidencia la subordinación de la Defensoría del Pueblo al poder político”.

“Su mandato es prevenir la tortura. No cumplirlo también es violar derechos. Actúen. Ya”, insistió Vera.

Días atrás, el Gobierno ordenó el traslado a la nueva Cárcel del Encuentro, en Santa Eleana, a los 300 presos “más peligrosos”, entre los que estaba Glas, pese a que la construcción del centro penitenciario aún está en un 40 %.

Glas fue uno de los hombres fuertes del gobierno del presidente Rafael Correa (2007-2017) y sobre él pesan actualmente tres condenas por delitos de corrupción. (I)