El gobierno de Guillermo Lasso y la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) suscribieron finalmente un acta con varios acuerdos este 30 de junio, concretada gracias a la mediación de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE), para culminar el paro nacional que duró 18 días en el país. Ahora la expectativa se concentra en el cumplimiento de estos compromisos y en los 90 días que durarán los diálogos para dar seguimiento.

Los últimos acuerdos a los que llegaron -suscritos en un acta elaborada por la CCE como mediadora, para poner fin a las movilizaciones- fueron instalar una mesa de diálogo para dar seguimiento a los acuerdos y la resolución de los temas pendientes, planteados por la Conaie, que tendrá como plazo 90 días y contará con la presencia de autoridades de las otras funciones del Estado. También la reducción del precio de los combustibles en un valor adicional de $ 0,05 para el diésel y las gasolinas eco y extra, elevando a $ 0,15 en total, y reformar el Decreto Ejecutivo 151, que contiene el plan de acción para el desarrollo del plan minero del país.

En el primer diálogo, que se suspendió el 28 de junio por el ataque a un convoy militar en Shushufindi que provocó la muerte de un uniformado, otros compromisos alcanzados entre las partes y que ya están en marcha fueron intensificar y fortalecer los controles de precios en las provincias para evitar la especulación; declarar en emergencia al sector de la salud; implementar las políticas sociales ofrecidas: incremento en el Bono de Desarrollo Humano, duplicar el presupuesto destinado a la educación cultural bilingüe, puesta en el mercado de un aceite popular y derogar el Decreto Ejecutivo 95, que establece la política petrolera del Gobierno.

Gabriella Guerrero, analista y consultora política, considera que tras el fin del paro nacional con la firma de un acuerdo, el Gobierno tiene una “nueva oportunidad” para “tomar conciencia de que las cosas no van bien y tomar un nuevo plan de acción, redireccionar a personas que tiene en su equipo de trabajo, que han demostrado no ser eficaces y hacer frente a la fragmentación social dura que existe en el país y que se traduce en acercarse a la gente.

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“No creo que queda un Gobierno debilitado, pero queda uno que tiene que trabajar y trabajarse desde ya, con políticas públicas que funcionen y desde la ciudadanía, si no se acerca a la ciudadanía, nuevamente se va a cortar la comunicación y estaremos en paro otra vez”, expresa.

No obstante, subraya que este pacto trae consigo un ultimátum por el plazo de 90 de días que puede provocar un ambiente complejo. “Si en 90 días no se cumple políticamente podríamos volver a estar en crisis, queda abierta esa posibilidad”, apunta.

Además menciona que la ausencia del presidente en los diálogos no es algo negativo y es correcto que se apueste por la diversificación de actores, en este caso por los más técnicos, y destaca que, dentro de lo que cabe, se han utilizado los recursos institucionales y normas, que es algo positivo, pero que aún quedan temas por tratar somo el uso de la fuerza.

Representantes de la Conaie festejan la firma de un acuerdo con el Gobierno nacional para poner fin a las movilizaciones. Foto: API

Sobre este uso de la fuerza durante el paro, Jhonny Molina, técnico de estrategia comunitaria del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), menciona que el acuerdo es positivo, pero que es necesario revisar todo lo que ha ocurrido en cuanto a algunas violaciones de derechos humanos suscitadas.

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“Se debe revisar la represión que se ha tenido desde la Policía en las manifestaciones, los bombardeos con gases lacrimógenos a instituciones, lo que ocurrió en la sede de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, son hechos que se deben analizar y son resultado de esta paralización”, dice.

Para Molina, estos 90 días serán clave también para seguir buscando responsables de las disposiciones que se dieron y atentaron contra los derechos. Asegura que es algo que buscarán realizar desde las organizaciones sociales y de DD. HH. a nivel nacional para activar los recursos jurídicos necesarios, además de los juicios políticos de los que se ha hablado en la Asamblea Nacional contra los ministros del Interior y de Defensa, entre otras autoridades.

En tanto que para el economista Héctor Delgado, el pacto representa un gran esfuerzo económico para el Gobierno, sobre todo, por la reducción de precios a los combustibles y que aunque el paro llegue a su fin, la tarea que queda es bastante grande.

“Implica un esfuerzo de millones que no están presupuestados y viéndolo desde el punto de vista social, esta paralización ha dejado millonarias pérdidas. Al Gobierno le queda la gran tarea de cumplir con estos compromisos y ver de dónde obtiene esos recursos que no estaban presupuestados”, dice y comenta que es probable que se consigan de cobros tributarios pendientes, sin que esto implique nuevos impuestos o reformas que necesiten pasar por el Legislativo.

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El presidente de la organización indígena Leonidas Iza festeja junto con sus seguidores en el ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana el fin de las movilizaciones. Foto: API

Delgado dice que el movimiento indígena logró la mayoría de sus peticiones lo que termina por fortalecerlo y que en el marco de los 90 días que durará la mesa de diálogo, es probable que exista temor en distintos sectores hasta conocer las resoluciones a las que lleguen.

“En los emprendedores, comercio en general, negocios, inversionistas, no tendrán seguridad, siempre se proyectan en un corto y mediano plazo y estos 90 días todos estos sectores estarán a la expectativa”, subraya.

Miguel Ángel González, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, concuerda en que es positivo que finalmente se haya dado un acuerdo, pero reitera que el devolver la paz al Ecuador tiene un alto costo que al final del día lo pagan todos los ecuatorianos.

“Esta paz tiene un costo que al final del día lo pagamos todos. Por un lado, en el sector productivo se han perdido $ 772 millones en ventas. Por otro lado, al Gobierno le toca poner cerca de $ 700 millones”, dice y explica que este incremento en el gasto representa un sacrificio fiscal que impide que el Gobierno pueda aprovechar totalmente los recursos adicionales por el incremento del precio del petróleo, los cuales se iban a destinar al gasto productivo.

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González menciona que la recuperación no será fácil y que es necesario que el Gobierno tome medidas que permitan empujar la reactivación, como acelerar la reducción del impuesto a la salida de divisas (ISD); eliminar aranceles, podría empezar con los mixtos que superan el límite de la Organización Mundial del Comercio; y, reducir el impuesto a los consumos especiales que encarece la vida. (I)