Cuando el Consejo de la Judicatura los juzga, los jueces también cuestionan ‘el derecho a defensa’

No es frecuente en el país que un juez se ubique en el asiento del acusado. Tampoco que sea hallado culpable y que reciba como sentencia la destitución de su cargo. En siete años y medio –desde enero de 2015 hasta junio de 2022– ha pasado 57 veces, siete por año, según los registros de control disciplinario del Consejo de la Judicatura del Guayas. A nivel nacional, en el periodo 2019-junio de 2022, ha sucedido en 73 ocasiones . Una más si se incluye la destitución que dictó el jueves pasado el pleno de la Judicatura contra Diego Moscoso Cedeño, quien desde abril estaba suspendido como juez multicompetente de Manglaralto, Santa Elena.Como tal, Moscoso aceptó el 9 de abril un recurso de habeas corpus que dejó en libertad, por poco más de un mes, al exvicepresidente Jorge Glas.Posesionado como juez desde enero del 2018, Moscoso afirma que se siente “perseguido políticamente” y en varios escritos judiciales ha reclamado “que se respete el derecho a la defensa” , un alegato común entre los procesados y que también lo acogen los jueces cuando la Judicatura los juzga por sus actuaciones.“Hasta antes de que yo resolviera el habeas corpus, yo no tenía ninguna suspensión o expediente disciplinario, luego comenzaron a iniciarme procesos administrativos”, asegura este exfuncionario del gobierno de Rafael Correa, que ya ha presentado dos acciones constitucionales contra la resolución de la Judicatura. El 25 de abril el juez Moscoso fue suspendido por 90 días, luego que una sala de la Corte de Santa Elena emitiera una declaratoria jurisdiccional previa, requisito instaurado desde julio del 2020 y con el cual un juez o una corte superior autoriza la investigación de un funcionario judicial. La Judicatura –con competencia para sancionar a jueces, fiscales, defensores públicos y notarios– destituyó a Moscoso por “manifiesta negligencia”, una infracción considerada ‘gravísima’ y tipificada en el artículo 109 del Código Orgánico de la Función Judicial.La ‘manifiesta negligencia’, determinada por la Corte Constitucional como la responsabilidad por “ignorancia, desatención o violación de normas”, encabeza las razones por las que han salido de sus cargos 34 funcionarios de los 73 destituidos en el país desde 2019. Otros 18 salieron por “error inexcusable y dolo” , falta considerada como “una equivocación grave y dañina relacionada con la interpretación de los hechos y la aplicación de las disposiciones jurídicas”. Le siguen como causas de destitución ‘abandonar el lugar de trabajo’ y ‘solicitar o recibir préstamos en dinero, bienes’. Por ‘manifiesta negligencia’, los jueces Ítalo Zambrano Reyna, en 2020, e Ivonne Núñez Figueroa, en 2016, fueron destituidos por la Judicatur a, pero más tarde lograron recuperar sus cargos tras presentar acciones de protección aprobadas por otros colegas jueces.Abogado y exdirector de Patrocinio Judicial del Ministerio de Agricultura, Zambrano se desempeñaba como juez civil de Guayaquil cuando lo investigaron por la denuncia del gerente de una compañía que alegó que, en un juicio por el cobro de honorarios, Zambrano habría actuado a pesar de que tenía en curso una demanda de recusación en su contra que le impedía conocer el caso por haber sido abogado en otras causas civiles que involucran a familiares y compañías de ambas partes.Zambrano sostuvo que en el juicio se determinó que “no existe prueba suficiente de que se le habrían puesto en su conocimiento las boletas de citación”. En 2018, este juez ya había sido suspendido 30 días por “falta de fundamentación” en un juicio del 2016. Ahí también alegó que se vulneró su derecho a la defensa: “En el sumario administrativo, no se permitió contar con el tiempo para presentar de forma verbal o escrita las razones o argumentos que me asistían”.En cambio, Ivonne Núñez fue destituida como jueza de la Sala Laboral de la Corte del Guayas por “manipular el sistema informático de la Judicatura”. “A mí me acusaron de un delito. Para llegar a esa conclusión yo exigía que debían elaborarse informes periciales y no se hizo”, asegura Núñez tras remarcar que tampoco pudo defenderse: “Me negaron el derecho al debido proceso a la defensa, entonces presenté la acción extraordinaria de protección y la Corte Constitucional resolvió reintegrarme”.La resolución de su destitución señala que Núñez admitió que “hizo constar como atendidos aquellos escritos (judiciales) que en ningún momento habían sido proveídos”. Núñez presentó una acción de protección negada en primera y segunda instancia, pero que fue aceptada en la Corte Constitucional, entidad que dejó sin efecto la destitución porque concluyó que se vulneró el derecho a la defensa de la jueza. La CC no la declaró inocente de la supuesta manipulación del sistema informático, pero señaló que no se le notificó del informe motivado de la Judicatura para su destitución, por lo que quedó en indefensión. “Ese informe motivado no era comunicado al sumariado, era un grave error que se cometía, eso trajo como consecuencia la destitución de más de 500 funcionarios”, comentó Núñez, quien fue en 2017 abogada de Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Jorge Glas, en el caso Odebrecht. Con la sentencia favorable de la CC, Núñez afirmó que muchos jueces fueron reintegrados. Tras recuperar su cargo , la jueza impulsa un nuevo recurso legal para reclamar al Estado una indemnización por los dos años fuera de la Corte . “No supera los $ 200.000, hay jueces que han tenido reparación más alta, la mía es baja”, dijo. Por ‘manifiesta negligencia’, y en un caso reciente, la Judicatura del Guayas recomendó la semana pasada la destitución del juez Juan Paredes Fernández , por su sentencia de tres años de prisión y el pago de $ 40 millones en el juicio que siguió en 2011 el entonces presidente Rafael Correa contra el editor de Opinión de EL UNIVERSO, Emilio Palacio, y tres directivos de este medio. Paredes, quien dictó esa sentencia al año de ingresar a la Función Judicial, refutó que “la causa está prescrita y que no existe declaratoria jurisdiccional previa” que autorice el sumario en su contra. Además, señaló el actual juez de la Sala de lo Penal del Guayas, su sentencia “fue confirmada por la ex segunda Sala de lo Penal de la Corte Provincial y a su vez por la Corte Nacional”.La Judicatura replicó que no hay prescripción, pues la denuncia contra Paredes se presentó en marzo del 2022 y que sí hay declaratoria, la dada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó la responsabilidad del Estado en la vulneración de los derechos de EL UNIVERSO.El juez Paredes también reclamó en su caso “las garantías del derecho a la defensa” , una obligación que –según señaló la directora disciplinaria de la Judicatura del Guayas, Katherine Calderón– la Judicatura sí le ha garantizado, pero que él no aplicó al emitir su cuestionada sentencia del 2011. (I)La directora provincial del Consejo de la Judicatura, María Josefa Coronel, afirma que hay una “estructura mafiosa” que algunas veces impide sancionar a jueces que no cumplen con su función. ¿Qué acciones cumple el Consejo de la Judicatura del Guayas para investigar a jueces? Hay que tomar nota de la naturaleza de sus conductas. Aquí encuentra juezas muy educadas, estudiosas y que hacen muy bien su trabajo; hay maleducados pero que hacen bien su trabajo, podemos lidiar con eso, no estamos aquí para ser mejores amigos; hay jueces y juezas que son maleducadas, que tratan mal al usuario y que hacen mal su trabajo, y hay otro grupo de jueces que tiene una actitud indiferente frente al dolor, especialmente en la justicia especializada, y hay jueces que no deberían estar aquí. Y en esos casos ¿qué hacen? A veces la ley, el reglamento, y la codificación y la resolución de la Corte Constitucional no nos alcanza y nos ha limitado. Lo más triste es cuando jueces resuelvan en contra del CJ y nos dicen que nos hemos equivocado, no nos duele aceptar que estemos equivocados, nos duele que estas personas que no son de una buena calificación tengan que volver a lidiar con el usuario y manejar casos sensibles, y hay algo muy importante que se sepa clara y firmemente: detrás o al lado de un juez corrupto hay un abogado peor. Y cuando la Judicatura determina que hubo negligencia, pero otros jueces los reintegran, ¿cómo confiar? Es muy ambicioso confiar en la justicia, aquí se debe confiar en ciertos jueces y no se debe confiar en otros jueces, tristemente es así. Me río cuando dicen que hay jueces correístas y no correístas; no, señores, el bueno es bueno con todos los gobiernos y el corrupto es amarillo, anaranjado, rojo. ¿Cuáles son los principales obstáculos para investigar la actuación de algunos jueces? Una ley que más parece hecha por el abogado de los servidores, que nos obliga a hilvanar cada hecho, cada omisión, como si nosotros tuviéramos que probar lo que es evidente. Aquí ha habido un juez que hace años vive fuera del país y nadie se dio cuenta, y despacha, y no está en el país, y tiene certificados médicos del IESS. Hay una estructura mafiosa en el sector público y privado que maneja estas cosas. ¿Espíritu de cuerpo? Sí, por supuesto, hay jueces que han puesto toda su firmeza para que no vuelva un servidor judicial corrupto, pero también hay jueces que les han permitido volver a entrar. ¿Cuáles son las causales para iniciar sumarios a jueces? Hay jueces que se van de vacaciones y les dicen a sus secretarios: “Todo toca menos esto”. Cuando un juez se va de vacaciones, el despacho queda encargado, pero esa jueza en un cantón que no es Guayaquil, pero cercano, dice: “No le des ese proceso a la persona que queda encargada”. Yo me pregunto: ¿cuál es su interés? ¿Y por corrupción, coimas? Son palabras duras, pero que no puedo probar. Hemos tenido casos, denuncias. (I)El plazo limitado en la etapa de prueba, de siete días, para recabar y presentar las evidencias en contra de los servidores judiciales investigados es uno de los obstáculos que la Unidad de Control Disciplinario del Consejo de la Judicatura (CJ) enfrenta para iniciar los sumarios disciplinarios. En otros países, como Colombia, tienen un lapso de un año para recopilar la información.Daniel Kuri, exdirector del departamento disciplinario de la Judicatura del Guayas, considera que en una semana es difícil realizar una profunda indagación en los casos de infracciones ‘graves’ (causar daño grave en equipos, documentos, expedientes, no firmar intencionalmente actas o providencias, dejar caducar la prisión preventiva), que pueden llevar a la suspensión del funcionario, y faltas ‘gravísimas’ (manipular o atentar contra el sistema informático, retener documentos, solicitar o recibir préstamos en dinero u otros bienes, intervenir en las causas con dolo, manifiesta negligencia o error inexcusable), por las que se puede recomendar su destitución ante el pleno del CJ.La carga laboral y la falta de personal especializado en control disciplinario también dificultan su accionar en la unidad de Guayas, provincia en donde se recibió el 30 % (1.131) de los sumarios que ingresaron a nivel nacional (3.770) durante el 2021. Ese año, dos jueces fueron destituidos en Guayas. A nivel nacional, 73 magistrados han sido separados de sus cargos en los últimos cuatro años.Otro obstáculo en estos trámites disciplinarios es la ‘protección’ que tendrían ciertos magistrados. “Yo puedo llevar todo el proceso, el informe motivado y recomendar al pleno la destitución, pero a veces se inventan cosas y deciden proteger a esos jueces”, opina el exfuncionario y lamenta que se justifique ese tipo de decisiones en nombre de la independencia judicial.Vinicio Palacios, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Jueces, cree que no es adecuado usar el término depuración, porque los magistrados ingresan a través de concursos: “Se entiende que todos están capacitados y son idóneos para el cargo”. Y aunque reconoce que hay magistrados que cometen faltas gravísimas, critica que el CJ también comete errores al supuestamente no hacer un análisis adecuado para determinar el grado de responsabilidad del funcionario.Por sanciones administrativas, como la suspensión del ejercicio o la destitución, y por traslados a otras ciudades, la asociación respalda a los magistrados en su defensa con, por ejemplo, el recurso de acciones de protección. Durante el 2021, refiere Palacios, el 50 % de estas medidas interpuestas por sus pares en contra del CJ han sido favorables para sus agremiados, quienes luego han sido reintegrados a sus funciones. En otros casos, en cambio, hay ‘presiones’ para que ciertos sumarios disciplinarios concluyan en una recomendación de destitución. Este año, coinciden funcionarios del departamento disciplinario, les habría llegado la disposición de que se sancione a un magistrado de Durán, pero -aseguran- no habrían aceptado. También los condicionan para que las acciones disciplinarias no prescriban. El proceso se extingue en un año, según el Código Orgánico de la Función Judicial. (I)

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