El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) aprobó el informe de calificación de méritos de 62 postulantes a ser comisionados ciudadanos que designarán al titular de la Defensoría Pública, del que solo uno alcanzó los 50 puntos.

La noche del 24 de noviembre, con el voto de los cuatro consejeros de mayoría se aprobó el informe de calificación de méritos de 62 inscritos a conformar la comisión ciudadana de selección, que elaboró un equipo técnico conformado por funcionarios del Consejo.

Los consejeros Hernán Ulloa y María Fernanda Rivadeneira se abstuvieron y Francisco Bravo votó en contra. David Rosero, Ibeth Estupiñán, Javier Dávalos y Sofía Almeida votaron a favor del documento.

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El informe no detalla qué méritos se puntuaron, solo expone las calificaciones finales en el que el ciudadano Santiago Ribadeneira fue el único que alcanzó los 50 puntos, que es la base total de puntuación.

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Los siguientes alcanzaron puntajes que varían entre los 48, 46, 33, 29, y el más bajo de 16.

De estos 62 concursantes, el pleno del Consejo deberá definir a los 30 mejor puntuados de forma paritaria (hombre y mujer), para luego sortear a los cinco principales y sus suplentes que integrarán la comisión que designará al nuevo defensor público que remplazará a Ángel Torres Machuca, que se encuentra en funciones prorrogadas desde el 2019.

A estos representantes de la ciudadanía se unirán los cinco delegados de las funciones del Estado: Presidencia de la República, Asamblea Nacional, Función Electoral, Judicial y de Transparencia y Control Social.

Los consejeros de minoría cuestionaron este informe en el que participó Manuel Balda, quien fue designado por la Función de Transparencia para ser comisionado ciudadano, pero que a su vez fue parte del equipo técnico que revisó el cumplimiento de requisitos de los postulantes de la ciudadanía y de los delegados de las funciones del Estado.

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Rivadeneira tildó de “oscuros” los procesos de elección de autoridades. Mientras que el consejero Ulloa cuestionó que se desconoce cómo se están calificando los méritos de los postulantes, por lo que no desestimó plantear acciones judiciales para que se les entregue información.

Bravo se unió a estos cuestionamientos, al tiempo que alertó de un posible conflicto de intereses, ya que Balda fue parte del equipo técnico que trabajó en la revisión de requisitos y méritos de los concursantes, pero a su vez fue designado comisionado.

La presidenta Sofía Almeida aseguró que Balda presentó su renuncia por escrito el 22 de octubre.

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Bravo le reprochó que si Balda al igual que los otros siete funcionarios que integran el equipo técnico fueron designados por el pleno, es el mismo pleno el que debe conocer y resolver sobre la renuncia de este funcionario.

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Pero la presidenta le dijo que la renuncia era irrevocable. Finalmente, con el voto de los consejeros de mayoría se aprobó este informe.

En tanto que el concurso de méritos para integrar la comisión ciudadana de selección de la primera autoridad de la Contraloría del Estado está entrampado en el informe de admisibilidad de 156 concursantes.

El pleno dio un plazo de 48 horas para que el equipo técnico amplíe el informe de admisibilidad del que 63 postulantes eran inadmitidos porque no acreditaban haber sido parte de organizaciones sociales en lucha contra la corrupción u otras iniciativas de control social.

En un informe previo, el equipo técnico indicó que el numeral 4 del artículo 20 de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana para revisar este requisito tenía criterios “subjetivos”. (I)

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Sofía Almeida viajará a Egipto para participar de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

La presidenta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Sofía Almeida, viajará a Sharm-El-Sheik, en Egipto, para participar del noveno periodo de sesiones de la Conferencia de los Estados Partes en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que se realizará del 13 al 17 de diciembre de 2021.

Su participación en este evento se aprobó en una plenaria virtual la noche del 24 de noviembre, con el voto de los consejeros David Rosero, Javier Dávalos, Ibeth Estupiñán y la misma Almeida.

Los consejeros Hernán Ulloa y Francisco Bravo la exhortaron a participar de manera virtual en este cónclave, debido a las necesidades presupuestarias que enfrenta la institución, por las que incluso detallaron que no hay recursos ni para pagar horas extras a los funcionarios, hay vehículos institucionales en mal estado, entre otros.

Le preguntaban con insistencia cuánto destinaría el CPCCS para financiar su periplo, pero Almeida aseguró que ella no tenía conocimiento de cómo se financiaría, y que era una invitación a autoridades del Estado, por lo que es importante la presencia del organismo en este evento.

Ante las preguntas insistentes de los dos consejeros, Almeida alegaba que su conexión de internet tenía problemas y que no los escuchaba. (I)