El puesto de contralor general del Estado “está vacante” para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), y por ello solicitó a la Función de Transparencia y Control Social que dirija a la Corte Constitucional (CC) una interpretación del artículo 208 de la Constitución para designar un contralor encargado.

La presidenta del CPCCS, Sofía Almeida, dirigió un oficio a la Función de Transparencia este 9 de julio, en el que solicita extender una interpretación del artículo 208 de la Constitución, que se refiere a la potestad de nominar autoridades, con énfasis en la posibilidad de posesionar un contralor encargado, ante la ausencia de un contralor titular y subrogante.

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La Contraloría está presidida de momento por Carlos Riofrío González, después de que el exsubcontralor Pablo Celi —que guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, investigado por supuesta delincuencia organizada— lo designó el pasado 25 de junio.

En una entrevista con este Diario, Riofrío explicó que una vez que se acabó la licencia por enfermedad de Celi (hasta el 24 de junio), el 25 de junio retomó sus funciones como contralor subrogante y emitió varios actos administrativos, entre ellos, aceptar la renuncia de Valentina Zárate y nombrarlo a él. “Es totalmente legal mi nombramiento”, anotó Riofrío.

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Sin embargo, Almeida sustentó en su oficio que Celi se encontraba en prisión preventiva con licencias, por lo que no caben sus actuaciones.

“Toda disposición, acto o hecho administrativo carece de validez jurídica. De efecto, se desprende que la designación de Carlos Riofrío como subcontralor, mediante acción de personal girada el 25 de junio del 2021 desde la cárcel, es luego de improcedente, nula”.

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Y agrega que la titularidad de la Contraloría se “encuentra vacante, siendo inexorable la gestión que permita dar solución a la patente amenaza de acefalía que afecta la institucionalidad y los procesos que de aquella dependen”.

Almeida cree que con esto el efecto es una nueva designación, de acuerdo al artículo 208 de la Constitución, para que “opere un encargo que permita terminar el periodo” del excontralor Carlos Pólit, es decir, hasta marzo del 2022, y mientras se realiza el concurso de oposición y méritos que designe a una autoridad definitiva.

En esa línea, el CPCCS considera necesario conocer una interpretación constitucional sobre el alcance de la atribución de designar autoridades, prevista en la Carta Política “en cuanto a la posibilidad de designar un encargado de la Contraloría”.

La pregunta para la Corte Constitucional, que remitió Almeida a la Función de Transparencia, señala: “¿En caso de ausencia definitiva del contralor y contralor subrogante, podría el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social ejercer su atribución prevista en el artículo 208 de la Constitución, designando un encargado de la titularidad de la Contraloría para terminar el periodo que aún se encuentra en vigencia, mientras se culmina el trámite para designar al contralor titular correspondiente?”.

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El oficio del Consejo toma como base los artículos 154 y 155 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que establece que la Corte Constitucional, a petición de parte, “realizará la interpretación de las normas de la parte orgánica de la Constitución, con el objeto de establecer el alcance de dichas normas, siempre que no exista una ley que desarrolle la cuestión objeto de interpretación”.

Según el artículo 155, la legitimación activa para solicitar un dictamen de interpretación constitucional, la tienen, entre otras funciones, “la Función de Transparencia y Control Social”.

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Esta Función, denominada también Quinto Poder, integra a nueve entidades del Estado, entre ellas, el CPCCS y la misma Contraloría, y su titular actual es Danilo Sylva, superintendente de Control del Poder del Mercado.

En abril pasado, cuando Celi fue procesado, Almeida pidió a esa Función hacer la consulta a la CC, pero no se la tramitó porque se pedía que “se precise cuál sería el pedido puntual”. Y en reuniones posteriores realizadas en junio, la Función observó que no se tomaban en cuenta para hacer la consulta nuevos elementos, como que Valentina Zárate había renunciado como contralora subrogante.

Con los nuevos hechos sucedidos en la Contraloría, Almeida actualizó su pedido.

Ayer, el CPCCS preveía conocer la renuncia de Celi a la Contraloría, que presentó el 5 de julio del 2021. Ello lo iban a tratar el pasado miércoles, pero la sesión se suspendió; se la convocó para ayer a las 13:30 y también se suspendió.

En tanto, la Función de Transparencia prevé reunirse de forma virtual, el próximo lunes a las 11:30 para conocer el pedido del CPCCS. (I)