“Que ningún órgano puede desconocer los mecanismos constitucionales”, fue la respuesta de la Corte Constitucional del Ecuador (CC) ante la pregunta que el presidente Daniel Noboa envió al Consejo Nacional Electoral (CNE), para convocar a una asamblea constituyente.
La noche de este viernes, 19 de septiembre de 2025, horas después de la publicación del Decreto Ejecutivo Nº 148 que contiene esta interrogante de la consulta popular, la CC emitió un pronunciamiento con cuatro puntos.
En estos ítems, la Corte Constitucional aclaró que como máximo órgano de interpretación y control constitucional, “tiene el deber de velar para que la Constitución se respete en cada acto del poder público”. El organismo resaltó que sus decisiones y precedentes son vinculantes y de obligatorio cumplimiento, por lo que ningún órgano puede desconocer los mecanismos constitucionales.
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Asimismo, recordó que, de acuerdo con la Constitución de la República, todas las personas, autoridades e instituciones están sujetos a la ley y al orden constitucional.
“La fortaleza de nuestra democracia se basa en el respeto a estas normas que protegen las libertades y los derechos de todos”, puntualiza el escrito.
En el comunicado, la CC también sostiene que las instituciones del Estado pueden actuar dentro del marco de sus competencias, ejerciendo únicamente las atribuciones que la Constitución y la ley les confieren.
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Al mismo tiempo, dijo la Corte, “el respeto a la ley es una responsabilidad compartida, pues la Constitución establece que toda autoridad pública responde por el cumplimiento de sus obligaciones”.
En este marco, el organismo de control constitucional aclaró que “su rol es velar con independencia que toda propuesta de modificación constitucional se ajuste a los procedimientos previstos en nuestro sistema jurídico”. En tanto, la Corte precisó que asegura la participación ciudadana y respeta las iniciativas de modificación constitucional con todas sus garantías.
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En este marco, la Corte Constitucional hizo un llamado a la prudencia y exhortó a todas las autoridades, actores políticos y sociales a conducir sus actuaciones dentro de la institucionalidad por el bien de nuestro país. (I)
