La Corte Constitucional (CC) analizará una acción de incumplimiento de norma planteada en contra del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) por supuestamente no haber renovado a dos jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

Este lunes, a las 10:00, se realizará una audiencia pública en la Corte, para escuchar a los miembros del colectivo Acción Jurídica Popular, que interpusieron una acción por incumplimiento de norma en contra del CPCCS.

El objetivo es que la Corte declare que se incumplieron los artículos 63 y 74 del Código de la Democracia, sobre la renovación de los jueces del TCE. Señalan que los actuales magistrados, Arturo Cabrera, presidente del Tribunal, y Patricia Guaicha, vicepresidenta, culminaron su periodo de funciones en mayo del 2018.

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Cabrera y Guaicha asumieron sus cargos en remplazo de los exjueces Patricia Zambrano y Patricio Baca, respectivamente, cuyos periodos para los que fueron elegidos, según el recurso planteado por el colectivo, terminaban en mayo del 2018.

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Es así como piden que la Corte Constitucional declare que las funciones de los dos jueces culminaron en mayo del 2018 “y, por tanto, no pueden seguir administrando justicia electoral”.

Como medida cautelar solicitan que mientras se dicte sentencia, se disponga la suspensión del ejercicio jurisdiccional de los dos jueces.

Cabrera no fue cesado por el extinto Consejo de Participación Ciudadana en Transición y se mantuvo en el cargo. Guaicha no fue evaluada, pues se principalizó en mayo del 2018 en lugar de Baca.

Dentro del recurso se menciona un extracto de una consulta que habría realizado la propia jueza Guaicha al Consejo de Participación Ciudadana en Transición en noviembre del 2018, para que se “determine hasta cuándo estaría esta jueza en funciones, o cuándo debería ser remplazada en el cargo”.

Los demandantes, entre los que están Richard González, Angélica Porras, Felipe Ogaz, cuestionan que los dos jueces estarían “prorrogados” en sus cargos, y sus actuaciones jurisdiccionales podrían ser nulas.

La jueza constitucional sustanciadora de esta acción es Karla Andrade, quien presidirá esta diligencia, que será telemática. (I)