Jueza Carmen Corral tramitará decreto de urgencia económica que propone crear impuesto a las botellas plásticas

El reciente decreto de Ley de urgencia económica de creación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables entró en trámite de la Corte Constitucional (CC).

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El 18 de agosto, el presidente de la República, Guillermo Lasso, suscribió el decreto ejecutivo de urgencia económica para crear un impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, que fue remitido a la Corte Constitucional para que evalúe su constitucionalidad.

El tratamiento de la propuesta normativa recayó en el despacho de la jueza constitucional Carmen Corral, luego de un sorteo que se realizó el 22 de agosto último.

El Gobierno nacional había remitido la iniciativa legal y los documentos que lo sustentan, que aún no son divulgados por la Corte.

El jefe de Estado adelantó que el objetivo es gravar con $ 0,02 (centavos) estos envases y el impuesto se devolverá a recicladores o transformadores, quienes deberán obtener una acreditación de los ministerios de Producción y del Ambiente, para que pasen a convertirse en gestores ambientales.

Lasso consideró que este decreto se acoge a los parámetros establecidos por la Corte Constitucional para la calificación de su constitucionalidad de los decretos ley de urgencia económica y de esta forma, beneficiar a la economía de estos sectores.

Este es el quinto decreto ley de urgencia económica que remite Guillermo Lasso en los últimos cuatro meses en los que ha gobernado sin la intervención de la Asamblea Nacional, a la que disolvió por grave crisis y conmoción interna el 17 de mayo de 2023, adecuado al artículo 148 de la Constitución.

De los anteriores cuatro decretos ejecutivos, solo uno se aprobó y está en vigencia, que fue la ley orgánica para el Fortalecimiento de la Economía Familiar, que es una reforma tributaria para la reducción del impuesto a la renta.

Los otros, la ley orgánica reformatoria para la Atracción y Fomento de Inversiones para el Desarrollo Productivo, el decreto ley de Apoyo Financiero a favor de beneficiarios coactivados de créditos educativos, becas y ayudas económicas; y, el de Reestructuración Empresarial fueron negados por los jueces. (I)