La Contraloría General del Estado podría enfrentar una nueva crisis interna por la falta de designación de su titular en marzo del 2022. En los últimos cuatro años ha estado presidida por cuatro autoridades, tres de ellos subcontralores.

El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) organiza el concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana para la designación del nuevo contralor, que concluirá, según los plazos previstos, en mayo próximo.

Pero la autoridad debía estar designada en marzo del 2022, pues termina el periodo de cinco años para el que fue electo Carlos Pólit para ese cargo; pero que ahora está en funciones el contralor subrogante, Carlos Riofrío.

Pólit fue posesionado en la Asamblea Nacional el 15 de marzo de 2017. Renunció a su cargo en junio del 2017 tras ser vinculado al caso Odebrecht y lo sucedió Pablo Celi, quien fue detenido en mayo pasado al ser procesado por presunta delincuencia organizada en el caso Las Torres, y hasta el momento cumple la medida de prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito.

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Lo remplazó por unas semanas Valentina Zárate, que renunció a la subrogación en junio pasado. A la par, Celi decidió también dimitir en junio, y como su sucesor quedó Carlos Riofrío.

Cuatro organismos de control encaran un posible cambio de autoridades si el trámite de juicios políticos termina con la destitución

Él está en funciones, y su subrogación fenece en marzo próximo; pero a su vez, enfrenta un juicio político que prevé tramitarse en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, acusado de haber expedido un acuerdo que no estaría acorde con la ley.

El proceso político en su contra se tramitará el próximo año, pues está en sustanciación la interpelación a Víctor Anchundia, superintendente de Compañías y Seguros; luego se continuará con el juicio político a la superintendenta de Bancos, Ruth Arregui; a continuación, el de Riofrío.

El último enjuiciamiento que se seguirá es al procurador del Estado, Íñigo Salvador, según el orden de prelación que aprobó el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) el 24 de octubre.

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El artículo 33 de la ley de la Contraloría establece que el subcontralor será designado por el contralor y lo subrogará en caso de ausencia temporal o definitiva, hasta la designación del nuevo titular.

Pero ¿quién debería asumir el cargo si Riofrío llega a ser destituido mediante juicio político o, de lo contrario, termina la subrogación del cargo?

El constitucionalista Andrés Benavides cree que si no está elegido el nuevo contralor para marzo del 2022, la Contraloría quedaría en acefalía, pues se termina el periodo para el cual fue electo Carlos Pólit.

“A menos que el Consejo de Participación Ciudadana o la Asamblea Nacional emita una resolución en la que se establezca que Riofrío se mantenga en el cargo hasta que termine el concurso para designar al titular, él no podría continuar la subrogación”, afirmó.

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En el caso de que el juicio político avance y concluya con la destitución de Riofrío, “debería asumir quien está nominado como contralor subrogante”.

De lo contrario, podría plantearse una consulta a la Procuraduría del Estado para que se prorrogue en funciones el contralor subrogante, hasta la designación de la nueva autoridad, anotó Benavides.

Actualmente, según la Contraloría, como contralor subrogante se nombró a Alberto Jhayya Segovia.

El Consejo de Participación Ciudadana no tendrá designado al nuevo contralor en marzo, sino en mayo del 2022

El concurso público que organiza el CPCCS se encuentra actualmente en la etapa de admisibilidad de 156 concursantes que se postularon a ser comisionado, en representación de la ciudadanía, quienes se encargarán de designar a esta autoridad.

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A la par, las funciones del Estado están designando a sus delegados para conformar esta instancia. La Asamblea Nacional designó este 15 de noviembre, con 74 votos de los asambleístas y en un tercer intento, a Santiago Cadena Monluisa y Nary Galarza Escobar. La moción la planteó el legislador de Pachakutik (PK), Ángel Maita.

La Función Electoral, que agrupa al Consejo Nacional Electoral (CNE) y al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), designó a Maribel Baldeón Andrade y Jorge Benítez Sánchez. Los dos ciudadanos fueron nominados en el pleno del CNE (que preside la Función) este 15 de noviembre, con cuatro votos de los consejeros José Cabrera, Enrique Pita, Elena Nájera y Esthela Acero.

Aún se desconocen los delegados escogidos por la función de Transparencia y Control Social y de la Presidencia de la República.

De acuerdo con un cronograma para la realización del concurso, que difundió el consejero Javier Dávalos, la comisión ciudadana estará integrada a mediados de febrero del 2022.

Luego se convocará a las postulaciones de quienes aspiran a ser contralor, entre el 22 y 23 de febrero.

El examen escrito que deberán rendir los participantes se estima que se realizará entre el 21 y 26 de abril; la calificación de méritos se plantea entre el 26 de abril y el 5 de mayo; y del 20 al 27 de mayo de 2022 finalizaría el concurso, con la designación de la nueva autoridad para que sea posesionada en la Asamblea Nacional. (I)