Más de una docena de cambios a su estructura orgánico funcional experimentó la Contraloría General del Estado desde el 1 de agosto, los cuales fueron dispuestos por el contralor subrogante Carlos Riofrío.

Estos cambios se dan en medio de la inquietud de los miembros de la Asamblea Nacional que cuestionan a Riofrío por asumir la titularidad, con una acción de personal emitida por el excontralor subrogante Pablo Celi, presuntamente, desde la cárcel 4 de Quito, donde está recluido por las investigaciones del delito de delincuencia organizada.

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Fue el Acuerdo 011 suscrito el 30 de julio último de 2021 que da paso a un conjunto de reformas al Estatuto Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos, en el que se argumenta que la Ley Orgánica de la Contraloría “faculta al contralor a expedir la normativa para el cumplimiento de sus funciones y dictar acuerdos y regulaciones para la delegación de autoridad en áreas de su competencia”.

Además, respondería a las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, respecto a que una de las competencias de la Contraloría es la emisión de informes previos para la suscripción de contratos complementarios, así como que debido a las reformas al Código Orgánico Integral Penal sobre materia de corrupción, le da competencias para emitir informes previos.

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Con ello, el organismo pasó de diez direcciones nacionales a tener once.

Esta nueva Dirección Nacional de Contratación Pública deberá determinar la pertinencia de las contrataciones públicas; y entre sus trece atribuciones y funciones deberá informar al subcontralor de Auditoría los casos en los que como resultado de un informe se “detectaren hechos que ameriten la ejecución de una acción de control”.

También deberá asesorar a los organismos y entidades del sector público sobre la solicitud de informes de contratación pública y la tramitación de contratos complementarios que requieran un informe previo.

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Ayer, Riofrío compareció ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana del Parlamento, donde fue cuestionado por haber firmado un acuerdo en el que se designa como contralor subrogante con acciones de personal aprobadas por Celi, cuando este se encontraba en la cárcel. Riofrío se defendió asegurando que los acuerdos los firma debido a la ausencia definitiva de Celi en el cargo y porque su designación se dio con base en el artículo 33 de la ley que rige a la institución.

Ahí explicó que la decisión de crear esta Dirección Nacional de Contratación Pública se tomó de forma paralela al reglamento a las reformas legales que está elaborándose en la Presidencia de la República y que serán aprobadas por el presidente Guillermo Lasso en los próximos días.

Añadió que el personal que va a formar parte de esta unidad deberá tener una certificación del Servicio de Contratación Pública (Sercop) para que elaboren dichos informes previos.

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La nueva estructura también implicó que la Subcontraloría de Responsabilidades pasará a denominarse Subcontraloría General del Estado y tendrá dependencia directa del despacho del contralor. Antes, esta subcontraloría tenía como “responsable” a la subcontraloría de Responsabilidades.

También se creó la Dirección de Auditoría de Gobiernos Autónomos Descentralizados, como parte de las direcciones nacionales de Auditoría, y se eliminó la Dirección Provincial de Pichincha.

La Dirección Nacional de Auditoría en Territorio pasó a llamarse Direcciones de Auditoría en Territorio, que dependerá directamente de la Subcontraloría de Auditoría.

Se eliminó de su estructura la Dirección Nacional de Asuntos Éticos, Participación Ciudadana y Vinculación de Grupos de Atención Prioritaria, que la presidía María Cristina Kronfle, exlegisladora del PSC y consejera suplente del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Esta unidad se encargaba de recibir y dar trámite a las denuncias que ingresaban a la entidad y que no habían sido remitidas por las autoridades de las entidades sujetas a control. Además, “debía organizar, dirigir y controlar las actividades de divulgación de la ética pública, participación ciudadana y control social y articular con las instituciones del sector público acciones conjuntas que favorezcan la aplicación de los conceptos relacionados con la ética pública y la probidad”.

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Kronfle, como exdirectora, deberá suscribir las actas de entrega y recepción de expedientes, trámites, bienes, entre otros temas, con los directores de Planificación y Evaluación Institucional, Capacitación y Talento Humano.

Según se informó, varios de los funcionarios implicados en esta reestructuración están siendo reinstalados en otras unidades. No se confirmó una posible desvinculación de estos.

Por otra parte, Riofrío dispuso el cambio de las denominaciones de tres direcciones nacionales, como por ejemplo, Comunicación Interinstitucional pasó a denominarse Dirección Nacional de Comunicación, y Planificación Estratégica y Evaluación Institucional se denominará Dirección Nacional de Planificación y Evaluación Institucional.

Se eliminó de la estructura ‘Asesores’, que se encontraba en el área “Procesos Habilitantes de Asesoría”, vinculada directamente con la Dirección Nacional de Auditoría Interna Institucional.

Las unidades administrativas tienen quince días para implementar estas reformas, según se dispone en este acuerdo. (I)

Contraloría predeterminó responsabilidades por $ 250 millones en arbitrajes internacionales

En el último mes que lleva en funciones Carlos Riofrío como contralor subrogante de la Contraloría del Estado, se han predeterminado responsabilidades civiles en los casos de arbitrajes internacionales por $ 250′346.000 que están en proceso de notificación.

Riofrío ante la Comisión de Transparencia y Participación Ciudadana señaló que se enviaron 93 Informes con Responsabilidad Penal (IRP) a la Fiscalía General.

Y que en el mes que lleva en el cargo, aprobó 131 informes de auditoría: 62 informes generales y 69 informes con IRP.

Añadió que hasta el viernes, la Contraloría publicará 1.620 notificaciones por glosas y órdenes de reintegro que se habían quedado estancadas. (I)