La Comisión de Justicia inició, este 19 de marzo, el trámite del veto parcial al proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación, donde los invitados cuestionaron la constitucionalidad de las observaciones respecto a considerar el aborto como una excepción y no un derecho.

La sesión se instaló a las 15:20 y lo primero que se determinó es que la mesa tendrá hasta ocho días para presentar un informe no vinculante sobre el texto objetado. En este primer día de análisis se recibió a cuatro constitucionalistas.

El constitucionalista Stalin Raza afirmó que el veto parcial del Ejecutivo transgrede a la Constitución y vulnera lo que estableció la sentencia de la Corte Constitucional, y recomendó a la mesa que presente un informe al pleno sugiriendo su insistencia.

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En torno a la confrontación semántica y conceptual que existe en el veto respecto a si la interrupción del embarazo en caso de violación corresponde a un derecho o una excepción punitiva, dijo que no se trata de una excepción a la punibilidad, pues el acto de provocar un aborto consentido es un acto típico, no es antijurídico.

Que el punto de vista penal, el aborto, ya fue tratado por la Corte Constitucional cuando dijo que era discriminatorio diferenciar entre mujeres que tienen discapacidad intelectual y mujeres que no la tienen; y lo que dispuso la Corte a la Asamblea era elaborar una ley no punitiva, y no una ley que regule la excepción punitiva, sino una ley pensada en lenguaje de protección de derechos.

Raza comentó que se debe hablar del derecho a la elección de las mujeres sobre su vida sexual y reproductiva. Que no debe haber duda que la decisión de interrumpir el embarazo en casos de violación es el ejercicio de un derecho, por lo tanto, el constitucionalista recomendó a los legisladores cambiar el enfoque que atraviesa todo el veto presidencial, pues el Ejecutivo sugiere cambiar el nombre de la ley.

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Respecto a los plazos, el constitucionalista manifestó que el establecer un solo plazo, esto es, doce semanas para el aborto por violación, no considera que existe una diversidad amplia tanto sociocultural, económica y geográfica en el Ecuador, pues no es lo mismo una persona gestante de una ciudad de clase media, que una mujer gestante que está en la Amazonia, que no tiene acceso a los servicios y que tiene un nivel sociocultural de comprensión diferente. Por lo tanto, dijo que hizo bien la Asamblea en establecer dos plazos.

En cuanto a los requisitos contemplados en el veto, Raza comentó que lo establecido por la Asamblea es lo más recomendable, porque se exige un formulario que se convierta en una noticia de delito, por lo tanto, insistir en una denuncia es redundante y revictimizante, así como el examen médico forense, sugerido por el presidente de la República en la objeción.

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Angélica Porras Velasco, especialista en derecho constitucional, también cuestionó el veto presidencial respecto a conceptualizar que la interrupción del embarazado es una excepción y no un derecho.

“El no reconocimiento como derecho de la posibilidad de interrumpir voluntariamente el embarazo en las mujeres supone la violación de la autonomía, supone la violación del libre desarrollo de la personalidad, entre otras cosas más que son esenciales para la consideración del ser humano”, afirmó.

Consideró que la Asamblea debe ratificar en el texto inicial y hacer valer la acción de incumplimiento de sentencia, para que la Corte Constitucional exija al presidente de la República que cumpla con los estándares señalados en la sentencia.

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Que el veto presidencial es regresivo en derechos, pues archiva el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres que han sido violadas a decidir sobre la interrupción del embarazo, a decidir sobre su cuerpo.

Recomendó a la comisión presentar una acción de incumplimiento de sentencia de la Corte Constitucional en contra del presidente de la República, pero lo más saludable sería que el pleno se ratifique en el texto aprobado.

Insistió en que el veto criminaliza a las mujeres que han sido violadas y que quieren interrumpir voluntariamente el embarazo. A más de criminalizar a las mujeres, ahonda la revictimización y además discrimina su condición de mujer. Y obstaculiza el acceso a un derecho, insistió.

Ximena Ron Erráez, asesora constitucional, se refirió a la objeción de conciencia frente al proyecto y señaló que la Corte Constitucional no hizo ninguna referencia expresa respecto a la libertad de conciencia. Que es una especie al derecho de resistencia.

Que en el proyecto aprobado por la Asamblea Nacional establece cinco limitaciones a la objeción de conciencia; de ellas, en el veto hace referencia al hecho cuando existe un solo médico en la zona rural; el proyecto planteaba que no podía negarse a una interrupción del embarazo por violación; en cambio, en el veto pondera a favor de la objeción y el médico es obligado a derivar a un lugar que sea atendida por su requerimiento.

En torno a la limitación de objeción de conciencia colectiva e institucional, en el veto presidencial se establece que las instituciones privadas que ofrecen servicios de salud pueden objetar razones de conciencia, cuando hay países donde la objeción de conciencia no cabe para instituciones; pero recalcó que en la Constitución ecuatoriana en el artículo 10, donde se determina que todas las personas naturales y jurídicas son titulares de derechos, podría abarcar esta posibilidad de la objeción de conciencia institucional, sin embargo, sería revelador que la Corte Constitucional realice un pronunciamiento al respecto, anotó.

Soledad Angus, especialista en derecho constitucional, también cuestionó las objeciones planteadas por el primer mandatario, pero aclaró que eso no significa que está conforme con lo aprobado por la legislatura, donde no observó todos los estándares internacionales sobre esta temática.

Observó que el Ejecutivo expresa criterios de inconstitucionalidad, aduciendo una mejor interpretación de la sentencia de la Corte Constitución. No se acoge a la interpretación de la Corte y da categoría de persona y sujeto de derechos al no nacido y le da tratamiento de derecho a la protección de la vida desde la concepción. Esto, añadió, condiciona al proyecto de ley y relega los derechos de las niñas, adolescentes y mujeres a interrumpir un embarazo en caso de violación.

Cuestionó que en el veto el Ejecutivo elimina todas las referencias desde el título a garantizar el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo por violación y modifica todos los textos que colocan a la víctima como el centro.

El presidente de la Comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo, insistió en que el veto del Ejecutivo recoge el criterio personal del presidente de la República, pero que como asambleístas legislarán para todos los ecuatorianos, donde no se pueden anteponer criterios individuales. (I)