Constantes diferimientos hacen que Fiscalía lleve más de un año y medio sin dar a conocer su dictamen en caso por peculado Bonos-Isspol

Desde hace un año y medio que se cerró la etapa de instrucción fiscal dentro del caso por peculado en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), la Fiscalía aún no puede dar a conocer su dictamen acusatorio contra las diez personas que son parte del proceso penal.

La audiencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló a inicios de enero pasado, pero por diferentes razones no ha podido ser reinstalada en el Complejo Judicial Norte, en Quito. El jueves 20 de abril último, el nuevo abogado del procesado Carlos Carbo Cox solicitó el diferimiento de la diligencia para así conocer el expediente de la causa.

Para garantizar el derecho a la defensa que le corresponde a cada procesado, la jueza penal de Pichincha, Irene Pérez, difirió la diligencia, ordenando que se le entregue lo solicitado al nuevo abogado y disponiendo que la reinstalación debe darse “de forma obligatoria” desde el 10 de julio próximo, a las 09:30, hasta el 21 de ese mismo mes. En la causa denominada Bonos-Isspol, la instrucción fiscal se cerró en octubre de 2021.

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La primera parte, la cual versa sobre posibles nulidades existentes que afecten al proceso, ya culminó y se esperaba que el fiscal Álex Castillo dé a conocer su dictamen respecto a los diez procesados, entre quienes está el empresario Jorge Chérrez Miño, representante de IBcorp Investments y de otras de sus empresas en las que el Isspol habría invertido aproximadamente $ 693 millones.

También son procesados por peculado el general (sp) Enrique Espinosa de los Monteros, exdirector del Isspol; Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi; el general (sp) David Proaño, exgerente del Isspol; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Nuques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente, y los empresarios Carlos Carbo Cox y Luis Álvarez.

La Fiscalía sostiene que los investigados fueron parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216,2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos.

El actual director del Isspol, coronel Renato González, criticó que por “enésima vez” una audiencia en este caso se haya diferido. De forma irónica indicó en su cuenta de Twitter: “La audiencia se difirió para el 10 de julio de 2023, sí, para JULIO, no es broma”. González piensa que los diferimientos y suspensiones se han dado porque están disponibles una “maraña de dilaciones y sanciones de risa” para quienes abusan de los recursos que la norma establece.

Espinosa de los Monteros y Domínguez el 12 de enero de 2022 recibieron un dictamen abstentivo, el cual fue revocado un mes después por el entonces fiscal provincial de Pichincha Alberto Santillán. En cambio, Chérrez es buscado por la Interpol (Policía Internacional, por sus siglas en inglés) mediante una notificación roja publicada el 7 de septiembre pasado, pedido hecho por la Fiscalía y procesado por Noritz, jueza de la Unidad Penal Norte número 2, de Guayaquil.

El pedido de extradición apuntaría a México, pues es en ese país donde la Interpol registró un último movimiento migratorio de Chérrez. Él había ingresado a territorio mexicano en calidad de residente permanente por unidad familiar, el 16 de enero de 2021, en un vuelo de Copa Airlines proveniente de Panamá. (I)