En el Consejo Nacional Electoral (CNE) hay preocupación por un posible ajuste al presupuesto para organizar las elecciones seccionales y de los vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de febrero del 2023, que analiza realizar el Ministerio de Economía y Finanzas.

En marzo pasado, el Consejo Electoral aprobó un presupuesto de $ 109′344.945,81 para organizar las seccionales del 5 de febrero de 2023, el mismo que está en análisis de dicha cartera de Estado.

Una de esas reuniones se había efectuado este martes, y a ella asistió el presidente subrogante, Enrique Pita, pues la presidenta Diana Atamaint había solicitado permiso cargado a vacaciones en esta semana.

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Padrón electoral pasivo para comicios del 2023 suma 713.045 ciudadanos

Es así como durante una sesión virtual, que se realizó este 13 de abril, el consejero José Cabrera pidió que se informe cómo avanzan estos debates, pues había llegado a su conocimiento que Pita aprobó una “sustanciosa” reducción del presupuesto.

Pita enfatizó que “en ningún caso se aprobó un presupuesto, sino ejes”, además que se fueron ajustando valores.

Anotó que Finanzas ofreció asumir la negociación de las contrataciones con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) para el servicio de internet; con el Instituto Geográfico Militar (IGM) que imprime las papeletas y documentos electorales; con las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, que dan protección y apoyo logístico durante procesos eleccionarios.

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El monto de estos servicios que requiere el CNE ascendería a los $ 29′3 millones. “No está en ningún caso por parte mía como presidente, he aceptado un presupuesto, porque no me corresponde”, insistió Pita ante los vocales.

Añadió que Finanzas está objetando la contratación de personal con relación de dependencia, así como un “número importante de funcionarios hasta diciembre del 2023, cuando el proceso avanza hasta febrero”, o que no hay respaldo que sustente la planificación de comprar equipos de informática.

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Cabrera cuestionó que lo aprobado por el CNE pueda ser revisado y afectar la organización de las votaciones. A la par, la consejera Esthela Acero pidió que se aclare esa información o de quién fue el “desliz” de divulgar una noticia así, pues es el pleno el que debe resolver la disminución.

Por otra parte, los consejeros aprobaron los reglamentos para los cambios de domicilio y para la difusión del Registro Electoral.

Pita votó en contra de la norma sobre los cambios de domicilio, pues consideró que debe eliminarse el artículo que obliga a la ciudadanía a pagar las multas por no haber ejercido el voto en procesos electorales anteriores, para cambiar el domicilio.

Sin embargo, el articulado se aprobó con tres votos y uno en contra de Pita.

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También se aprobó la publicación del Registro Electoral Pasivo con 713.045 ciudadanos, que forman parte de este documento y que no han ejercido su voto en los últimos cuatro años.

El objetivo de este registro es que los electores puedan recurrir al CNE para solicitar ser excluidos del mismo y ejercer su derecho en las seccionales del 2023. (I)