Con la elaboración de reglamentos e instructivos, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) dará paso al inicio de la designación de autoridades de cuatro entidades del Estado, entre ellas, el titular de la Contraloría del Estado.

Segundo contralor del Estado, de los últimos catorce años, salpicado en presuntos hechos de corrupción

El pleno prevé reunirse este 5 de mayo, para integrar cuatro comisiones técnicas que elaboren las normativas para la selección por concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana de los titulares de la Contraloría del Estado, de la Defensoría Pública, de los nueve miembros de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), y de los dos delegados del Comité Intersectorial de Desarrollo Fronterizo.

Para la elaboración del proyecto de reglamento para la designación del nuevo contralor del Estado habrá requisitos.

Es decir, dicha comisión técnica estará integrada por el coordinador jurídico del CPCCS, delegados de cada uno de los siete consejeros; y, contará con los “aportes de la sociedad civil”.

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Una vez que el pleno del Consejo apruebe la normativa, se dará inicio al concurso para designar al titular de la Contraloría, que al momento está encargada a Valentina Zárate, subrogante del subrogante, Pablo Celi.

Este último funcionario guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito, por el presunto delito de asociación ilícita que investiga la Fiscalía General, dentro del denominado caso Las Torres.

Dos años de gestión del Consejo de Participación Ciudadana matizados por tres presidentes y autoridades pendientes por elegir

El periodo de Celi culmina en marzo del 2022, pues subrogó en funciones al extitular Carlos Pólit Faggioni, quien se posesionó en el 2017, pero renunció al cargo antes de ser destituido y censurado por la Asamblea Nacional; y luego, sentenciado por la justicia ecuatoriana por el delito de concusión al ser involucrado en el caso Odebrecht.

El CPCCS-Transitorio no realizó el concurso de renovación de esta autoridad, pero en una de sus resoluciones dispuso que Celi debe completar el periodo de Pólit, o mientras “decurra” la transformación de la Contraloría en un Tribunal de Cuentas.

No obstante, el proyecto de ley para ese efecto no ha avanzado porque no tuvo los votos para ser tramitado en la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, porque para esa transformación se requeriría una reforma constitucional.

En el caso de la Defensoría Pública, que está encargada a Ángel Torres Machuca, se elaborará solo el instructivo, al igual que para Copisa y el Consejo Intersectorial de Desarrollo Fronterizo. (I)