El Consejo Ampliado de Generales de la Policía Nacional rechazó, la mañana de este lunes, el informe de la Comisión creada por la Defensoría del Pueblo en el que se analizan los hechos ocurridos en las jornadas de movilización social de octubre de 2019, las cuales se dieron en protesta a las medidas económicas y el decreto que eliminaba el subsidio para los combustibles adoptado por el gobierno del presidente Lenín Moreno.

Según el informe de la Defensoría del Pueblo, en los días de protesta se registró el uso excesivo de la fuerza por parte de integrantes de instituciones de seguridad del Estado. Esto podría configurar la existencia de delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado ecuatoriano.

Freddy Carrión, defensor del Pueblo: Con este informe no busco favorecer a tal o cual candidato

“La Policía cumplió con su deber en el marco de la Ley. Enfrentó vandalismos, saqueos, secuestros, incendios, ataques concertados, destrucción de instituciones públicas, acecho a las ciudades, ... Fueron once días de inusitada violencia sobre la que el país puede dar testimonio. Además, existen evidencias y registros suficientes para demostrar como un grupo social mantuvo al país bloqueado y sometido a una violencia concertada, en especial, en la ciudad de Quito en la que hordas de gente armada y violenta intentaron someterla”, señala el Consejo de Generales un comunicado emitido.

El Consejo Ampliado de Generales califica al informe de “sesgado”, pues cree que las fuentes del mismo fueron “las mismas que tuvieron una cobertura parcializada sobre la violencia de octubre de 2019, en favor de quienes lideraron el pretendido paro nacional”. Para los generales, los autores del informe no gozan de una imagen de imparcialidad.

En su comunicado público, en representación de la Policía Nacional, los generales aseguran que la institución está abierta a cualquier investigación de los órganos competentes. Asegura que la Policía se someterá a la ley y a la justicia, porque en octubre de 2019 la actuación de la Policía fue para proteger las vidas, los hogares y la paz del país.

“Nuestra labor fue profesional, legal y constitucional. La misión fue trabajar con vehemencia y sin descanso por recuperar y mantener el orden público y velar por la seguridad de la población y de sus recursos”, se apuntó el comunicado.

Para el Gobierno, informe sobre protestas no representa la realidad de lo sucedido

Antes de este comunicado, los ministros de Defensa y de Gobierno, Oswaldo Jarrín y Gabriel Martínez, así como el propio presidente Moreno también han rechazado las conclusiones del informe de la Defensoría del Pueblo, liderada por Freddy Carrión. (I)