Cuatro autoridades que formarán parte del gabinete del presidente electo Daniel Noboa mantuvieron una reunión con la directiva de Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador (Congope), para conocer cifras de la deuda que mantiene el Gobierno central. Según los datos presentados, el Estado debe a las prefecturas un total de $ 563,3 millones.

La cita tuvo lugar la tarde del miércoles 15 de noviembre, en las instalaciones del Congope, en Quito. Por parte del equipo del nuevo mandatario asistieron el secretario de la Administración Pública, Arturo Félix; y los ministros de Economía y Finanzas, Sariha Moya; de Ambiente, Sade Fritschi; y de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. Estaba previsto que también participe el presidente Daniel Noboa, sin embargo no se presentó.

Por el Congope estuvieron Paola Pabón, prefecta de Pichincha y titular del gremio; Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay; Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, entre otros.

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Los gobiernos provinciales expusieron que los pagos pendientes suman $ 563,3 millones por rubros que en algunos casos se arrastran por varios años.

De ese monto, $ 129 millones corresponden a retrasos en las transferencias de septiembre y octubre de 2023 por el Modelo de Equidad Territorial (MET); $ 309,9 millones por riego inversión (de 2020 a 2023), devolución del IVA, Ley de Desarrollo Amazónico, dragado, entre otros; y $ 124,4 millones por los convenios Fingad firmados en 2017, 2018 y 2019.

Adicionalmente, los representantes de las prefecturas hablaron de los efectos del fenómeno de El Niño. Indicaron que se estima un costo de afectación de $ 690 millones aproximadamente. Que 18 provincias sufrirían deslizamientos, inundaciones y daños en la red vial y en los sistemas de riego. Las provincias de Guayas, Los Ríos y Bolívar serían las más afectadas.

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En ese sentido, algunos de los planteamientos del Congope para el nuevo Gobierno son los siguientes: que se cancelan las cuotas pendientes por el modelo de equidad territorial; que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas declare en estado de emergencia a la red vial nacional y se asignen recursos para atender 80 puntos críticos; que se transfieran de manera extraordinaria $ 110 millones para alquiler de maquinaria, entre otras propuestas.

Al final de la reunión las futuras autoridades del Ejecutivo abandonaron el lugar sin brindar declaraciones a la prensa.

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El prefecto de Azuay explicó que se expuso la “situación delicada que atraviesan los gobiernos provinciales” por la falta de recursos, lo que ha provocado que haya atrasos en el pago de salarios a los servidores públicos.

Dijo, además, que al menos “dos prefecturas están a punto de parar sus servicios, que brindan a la ciudadanía”. Y reprochó que el gobierno saliente de Guillermo Lasso no ha atendido las demandas de las provincias.

Lloret precisó que la reunión no solo fue para presentar “quejas”, sino que también se propusieron soluciones conjuntas.

La próxima reunión con las autoridades aún no tiene fecha. Se espera que en ese encuentro esté presente Daniel Noboa, mencionó el prefecto de Azuay. (I)

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