Las tres organizaciones sociales que protagonizaron el paro nacional de 18 días se alistan para participar de las mesas de diálogo con el Gobierno, en las que se discutirán al menos seis de diez ejes sobre los que exigen atención.

El 30 de junio último, se suscribió el ‘acta de paz’, entre los líderes de tres movimientos sociales y el Gobierno nacional que terminó con esta paralización nacional, cuya mediación la encabezó la Conferencia Episcopal Ecuatoriana (CEE).

En el punto VI de dicha acta se fijó como uno de los acuerdos que se instalará una mesa de diálogo con la presencia de los garantes (comisión de la Conferencia Episcopal), que deberá contar con una metodología definida por las partes para el seguimiento de acuerdos y la resolución de los temas pendientes presentados en los diez puntos, que tendrá una duración de 90 días.

La primera reunión se instalaría este jueves en la Conferencia Episcopal, aunque las partes han preferido mantener en reserva la hora.

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La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras (Fenocin) y el Consejo de Pueblos y Organizaciones Indígenas Evangélicas del Ecuador (Feine) se alistan para designar a sus equipos de trabajo.

El 7 de julio será la primera reunión entre el Gobierno y el movimiento indígena tras la firma del acta de la paz

El presidente de la Fenocin, Gary Espinoza, confirmó que a través de llamadas telefónicas se lo convocó para el próximo jueves a un primer encuentro en el que se establecerán la metodología y el cronograma de trabajo.

Según el dirigente, como parte de esta metodología se podrá definir el número de personas de cada movimiento que participarán en dichas mesas; las características y cómo se van a evacuar los temas que no han tenido una respuesta, señaló.

El presidente de la Conaie, Leonidas Iza, adelantó que este martes las tres organizaciones podrían reunirse para definir cuáles serían esos equipos.

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El ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, estaría al frente de la comitiva presidencial en las mesas de discusión con el movimiento indígena. EFE/José Jácome Foto: José Jácome

En una entrevista en radio Sonorama, de este 4 de julio, reconoció que hay temas sobre los que el presidente de la República, Guillermo Lasso, ha emitido “siete decretos ejecutivos” y que deben tener un efecto inmediato en su ejecución.

Sin embargo, hay otras áreas que deben resolverse, como el relacionado con la condonación de las deudas de la banca pública.

Si bien Lasso emitió un decreto que condona deudas por hasta $ 3.000, las organizaciones reclaman que la Ley de Sostenibilidad Fiscal determina que esos valores deben ser por hasta $ 10.000.

Por ello, Iza adelantó que este será un tema que se “instalará en las mesas” porque debe haber un “alivio de todo el sistema financiero”. Es así como aspiró a que participen la Superintendencia de Bancos, la Asociación de Bancos Privados (Asobanca) y las cooperativas de ahorro y crédito.

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“Pedimos a las entidades privadas y cooperativas buscar los mecanismos para resolver los temas. Este es un tema delicado y estamos pidiendo que garanticen un tiempo para resolver el problema de los créditos (atrasados). Lo que estamos diciendo es que hay créditos impagos que no se van a poder sostener y hay que buscar mecanismos para que la gente pueda cumplir con su responsabilidad”, comentó el dirigente.

Otro punto que tratar será sobre los precios de sustentación para los pequeños y medianos productores para articularlo con el sector industrial. Ejemplificó que los precios de la leche no se han incrementado y se requiere un “modelo de producción justo”.

Aunque como efecto del paro el régimen redujo en 15 centavos los precios de la gasolina extra, ecopaís y el diésel, Iza advirtió que no si “no se generan las condiciones para paliar los efectos” en la economía que tiene su incremento, “no se podrá avanzar”.

Por su parte, el ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, confirmó que espera que en estas reuniones se aborden los pedidos del movimiento indígena y en al menos 40 días (de los 90) poder contar con las soluciones.

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En una entrevista en radio Centro de Guayaquil ratificó que la comitiva gubernamental la integrarán los ministros de Estado sobre los que haya áreas que requieran atención, pero que será él quien estaría al frente de las mesas.

Confesó que estos 18 días del paro generaron un ‘sacudón’ en la Casa de Gobierno, que se verá reflejado en las próximas horas, en las que el jefe de Estado realizará cambios de actores en su gabinete. Uno de estos, que se ha hecho público, es la salida del ministro de Economía y Finanzas, Simón Cueva.

Indicó también que en adelante el Gobierno tendrá más presencia en ‘territorio’, acudiendo a las poblaciones rurales, sobre todo de la Sierra.

La Vicepresidencia de la República informó este lunes que en el caso de la declaratoria de emergencia al sector salud, será el vicepresidente, Alfredo Borrero, quien liderará ese equipo.

Entre el 13 y 30 de junio, la Conaie, Feine y Fenocin movilizaron a sus bases para que el régimen cumpla una agenda que se resumió en diez puntos:

  1. Reducción y no más subida del precio de los combustibles.
  2. Moratoria de un año en el sistema financiero para que las familias paguen sus deudas.
  3. Precios justos en los productos del campo.
  4. Empleo y derechos laborales.
  5. No minería en territorios indígenas ni fuentes de agua.
  6. Respeto a los 21 derechos colectivos.
  7. No privatización de los sectores estratégicos.
  8. Políticas de control y especulación de precios.
  9. Presupuesto urgente para salud y educación.
  10. Generación de políticas públicas de seguridad y protección.

En la efervescencia del paro, el presidente Guillermo Lasso emitió el decreto ejecutivo 456 en el que dispuso el cumplimiento de varias políticas, como:

  • Al Ministerio de Educación para que duplique el presupuesto a la Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y Etnoeducación.
  • Al Ministerio de Agricultura y Ganadería mandó a que implemente un subsidio del 50 % en el precio de la urea para pequeños y medianos productores a partir del 1 de julio de 2022.
  • Al Ministerio de Inclusión Económica y Social que ejecute el incremento del Bono de Desarrollo Humano a $ 55.
  • Al BanEcuador que instrumentalice la reducción de las tasas de interés del 10 % al 5 % para los créditos vigentes por montos de hasta $ 3.000; y, la condonación de todos los créditos vencidos al 31 de mayo de 2022 por montos de hasta $ 3.000.
  • Asimismo, que abra líneas de créditos con un monto de $ 100 millones para los pequeños y medianos productores. Estos créditos deben ser por montos de hasta $ 20.000 al 5 % de interés anual y hasta diez años plazo.
  • Se ordenó al BanEcuador que requiera a la Junta de Política y Regulación Financiera el establecimiento de una tasa de interés máxima para créditos de interés social pertenecientes al segmento de microcréditos al 5 % anual y hasta diez años plazo.
  • El Ministerio de Economía y Finanzas deberá entregar los recursos correspondientes que requieran los ministerios a cargo de cumplir estos mandatos presidenciales.

Con el decreto ejecutivo 452 dispuso a los gobernadores que intensifiquen los controles para evitar la especulación en los precios de los productos de primera necesidad; con el 454, se declaró la emergencia en el sector salud.

Con el decreto 462 redujo los precios de la gasolina extra, ecopaís y el diésel en 10 centavos.

Luego, el 30 de junio, al suscribir el acta de la paz, el mandatario firmó un nuevo decreto con el que redujo cinco centavos más a los precios de los derivados de petróleo.

Derogó el decreto 95 en materia de hidrocarburos; reformó el 151 respecto del plan de acción para el sector minero, en el que se dispone que esta actividad no se podrá realizar en zonas protegidas, intangibles, arqueológicas, área de protección hídrica y se garantizará la consulta previa e informada a las comunidades indígenas.

Además, se comprometió a elaborar un proyecto de ley para reformar el artículo 66 de la Ley Orgánica de la Circunscripción Especial Amazónica. (I)