A la Corte Constitucional (CC) llegó la protesta de maestros agrupados en la Unión Nacional de Educadores (UNE) que exigen un fallo que ratifique las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI), relacionadas con la equiparación salarial.

La jornada se inició al amanecer de este 28 de abril en Guayaquil y Quito, con la presencia de manifestantes que bloquearon varias vías mediante la quema de llantas, para demandar del Gobierno de Guillermo Lasso que cumpla con las reformas a la LOEI.

En horas de la mañana, en Quito se bloquearon vías por el ingreso sur; al igual que en Guayaquil, donde se colocaron llantas quemadas en la vía Perimetral y que fueron desalojadas por efectivos de la Policía Nacional.

Luego, pasadas las 15:00, la UNE se concentró en la antigua Caja del Seguro Social, en la ciudad capitalina, y avanzó hasta la Corte Constitucional, en donde se pidió a los nueve jueces que “escuchen” que la UNE “está en la lucha”.

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Ahí, Isabel Vargas, presidenta de la Unión Nacional de Educadores, entregó un amicus curiae para respaldar el pedido que hizo la Asamblea Nacional el pasado 22 de abril a la Corte, para que se pronuncie respecto de la objeción total por inconstitucionalidad que resolvió el presidente de la República, Guillermo Lasso, a las reformas a la Ley Orgánica de Educación Intercultural.

Lasso vetó totalmente por inconstitucionales los artículos que, en marzo pasado, el Parlamento modificó de las reformas a dicha ley, que fue aprobada en el anterior periodo legislativo, en la que se incluyeron artículos para incrementar el salario para los docentes con base en un nuevo escalafón y un régimen de jubilación especial para los maestros.

Sin embargo, la Corte Constitucional suspendió la ejecución de esas disposiciones porque no existían informes económicos y actuariales que avalen el incremento del gasto público. Eso, hasta que el Legislativo y Ejecutivo subsanen los vicios de inconstitucionalidad que se determinaron en un dictamen.

En marzo pasado, los asambleístas aprobaron reformas que contemplaron un nuevo escalafón y determinaron algunas fuentes de financiamiento para equiparar los salarios de los maestros, como la recaudación tributaria y los ingresos extraordinarios por el precio del barril de crudo. Pero no se dio paso al régimen de jubilación especial.

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Lasso esgrimió en el veto que los asambleístas no cumplieron con lo dispuesto por la Corte, pues continuaron con el trámite de la normativa pese a que el Ministerio de Economía y Finanzas no emitió un dictamen favorable sobre la factibilidad financiera de los incrementos salariales, lo cual es inconstitucional. Además, que generó una presión sobre el fisco, que no tiene fondos para cubrirlos.

Isabel Vargas aseguró este jueves que existen las fuentes de financiamiento, que fueron establecidas por el Legislativo, y exigió a los jueces constitucionales que fallen a favor de la norma.

Recordó que este domingo 1 de mayo el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) realizará una manifestación nacional en conmemoración del Día Internacional del Trabajo, a la que pidió plegarse para hacer escuchar los pedidos de los sectores populares. (I)