Por tercera ocasión no se realizó en el Comité de Ética de la Asamblea Nacional (AN) la audiencia para la práctica de pruebas, tanto de la parte denunciante como denunciada, dentro del proceso de conocimiento y sustanciación de las dos denuncias presentadas por supuestos actos de corrupción en contra de la asambleísta y segunda vicepresidenta del Legislativo, Bella Jiménez.

La mañana de este sábado 25 de septiembre, los cinco integrantes de la Comisión fueron convocados para reinstalar la sesión número 005 y decidir sobre un pedido de recusación presentado por Jiménez en contra de los asambleístas Marjorie Chávez (PSC), Fredy Rojas (CREO) y Dalton Bacigalupo (ID).

Comité de Ética difiere nuevamente juzgamiento a segunda vicepresidenta de la Asamblea, Bella Jiménez, acusada de gestionar cargos públicos

La segunda vicepresidenta del Legislativo, a través de su abogada, Andrea Sánchez, alegaba que estos asambleístas integrantes del Comité de Ética no tienen imparcialidad porque han adelantado criterios respecto al caso que conocen y mantendrían una enemistad manifiesta contra la denunciada.

Para la abogada y su representada eso no solo se demostraría en declaraciones ante la prensa, sino también al haber votado a favor en una resolución de la sesión del pleno 728 de la AN que exhortó a que renuncie al cargo de segunda vicepresidenta. Justamente este pedido hecho por la defensa de Jiménez, el 23 de septiembre pasado, hizo que no se diera la reinstalación convocada para el viernes último.

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Más de una hora le tomó al Comité de Ética escuchar las respuestas de los asambleístas recusados, quienes en resumen pidieron que se rechace el pedido, asegurando que ninguno de ellos mantiene una enemistad con la denunciada, que no tienen preferencia por ninguna de las partes y no poseen ningún interés directo en el caso.

Además, en las respuestas por escrito que entregaron Chávez, Rojas y Bacigalupo al presidente del Comité, José Chimbo, se aclaró que este es un ente únicamente de conocimiento y sustanciación, mas no de resolución, ya que es el pleno de la Asamblea quien resolverá lo que se crea pertinente.

Bella Jiménez se interna en hospital y pide diferir su juzgamiento por supuesta gestión de cargos públicos

El asambleísta alterno de Marjorie Chávez, Miguel Ángel Pavón, mocionó rechazar la recusación planteada por la abogada de la asambleísta Bella Jiménez, el 23 de septiembre pasado, y el planteamiento fue apoyado por cuatro de los cinco integrantes del Comité de Ética. Fredy Rojas se excusó de asistir a la diligencia por temas de salud.

Sánchez, en representación de Jiménez, dijo que no pueden los alternos de los asambleístas nombrados para un cargo personalísimo como ser miembro del Comité de Ética “presidir” una sesión como estas. Ante ello señaló que esta conformación del Comité de Ética es ilegal e impugnó dicha conformación.

“Es el pleno de la Asamblea Nacional quien designó a los miembros del Comité de Ética y solo el pleno podría establecer quién ocupará el lugar de los miembros del comité que estén ausentes. (...) Yo solicito que se proceda conforme a derecho, que no se violente más la Constitución y la Ley. Solicito que se tome en consideración lo manifestado y que de hecho ni siquiera se continúe con este intento de comité, porque no pueden estar presidiendo aquí los asambleístas alternos”, refirió Andrea Sánchez.

Pese a la posición de Bella Jiménez y su abogada, el presidente del Comité resolvió suspender la diligencia y convocó para el próximo lunes, a las 10:00, para que se continúe con la práctica de prueba como lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

Las denuncias contra Jiménez fueron planteadas por los asambleístas Alejandro Jaramillo (ID) y Victoria Desintonio (UNES). Ambos pidieron que se investigue a la segunda vicepresidenta de la legislatura por supuesta gestión de cargos públicos.

La investigación contra Bella Jiménez se da por haber incurrido en la infracción señalada en el artículo 127 de la Constitución y 163, numerales 3 y 4, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que prohíbe a cualquier asambleísta gestionar nombramientos de cargos públicos y percibir dietas u otros ingresos de fondos públicos que no sean los correspondientes a su función de asambleístas; que incluirá la recepción de supuestos derechos, comisiones, cuotas, aportes, contribuciones, rentas, intereses, remuneraciones o gratificaciones no debidas por parte del equipo de trabajo a su cargo.