De cara al segundo debate del proyecto de Ley de Áreas Protegidas, la Comisión de Desarrollo Económico recibió comparecencias de autoridades y especialistas, quienes aportaron con explicaciones sobre la importancia de la normativa enviada con urgencia en materia económica por el Ejecutivo.
Este viernes, 4 de julio de 2025, la mesa parlamentaria escuchó las exposiciones de Diana Ramírez, secretaria nacional de Planificación, y Juan Palacios, director ejecutivo de la Corporación de Manejo Forestal Sustentable (Comafors).
La secretaria resaltó la trascendencia de la norma, de acuerdo con el Plan Nacional de Planificación. También centró su participación en el impacto ambiental por la minería ilegal.
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Ramírez informó que existen 387 puntos de minería ilegal en 16 provincias del país. Esta práctica, agregó, afecta a unas 20.000 hectáreas en la Amazonía.
Asimismo, dijo que detrás de la minería ilegal hay la participación de grupos criminales, que generan impacto en la inseguridad, así como pérdidas al Estado por evasión de impuestos.
Por otro lado, la secretaria de Planificación defendió la creación de la Empresa Pública del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, que es uno de los puntos de debate de la ley.
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Ramírez argumentó que la creación de la empresa pública se alinea con el eje social y de infraestructura del Plan Nacional de Desarrollo.
“La idea es tener un paraguas amplio donde podamos hacer inversiones y traer inversión extranjera para la protección de las áreas y las comunidades”, destacó.
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Por su parte, Palacios, director de la Comafors, resaltó que la participación del sector privado y las comunidades en las áreas protegidas debe ser en el marco de una gobernanza ambiental sólida. De ahí, dijo, la importancia de la creación del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Además, el representante centró su exposición en dos puntos: normar la administración y el cuidado de las áreas protegidas; y reforzar la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, en un rango de servicio público.
Palacios defendió la creación de la empresa pública, aunque aclaró que primero se debe crear el servicio nacional y luego una o varias empresas públicas, dependiendo de la necesidad.
El pasado 2 de julio fue el primer debate en el pleno del Legislativo de este proyecto de ley urgente. La creación de la empresa pública para el Servicio Nacional de Áreas Protegidas, una posible privatización de estas zonas y la consulta previa fueron los puntos de discusión entre los asambleístas.
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El informe volvió a la Comisión de Desarrollo Económico, que prepara el texto para segundo y definitivo debate. (I)
