Entre el lunes y martes pasados, en la reinstalación de la audiencia preparatoria de juicio dentro del denominado caso Isspol, cinco de los diez acusados por el delito de peculado ocurrido en operaciones financieras de inversión que habrían afectado los fondos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la Policía Nacional (Isspol), han desestimado las acusaciones de la Fiscalía General del Estado y piden a la jueza de Pichincha, Irene Pérez, emita a su favor un sobreseimiento.

Luego de poco más de tres meses de suspensión, el lunes último se reinstaló la diligencia para continuar con la respuesta que tienen las defensas de los diez procesados al dictamen acusatorio dado por el fiscal a cargo de la causa, Álex Castillo, a finales de julio pasado y luego de cinco días de intervenciones. Él presentó un dictamen acusatorio contra los diez procesados y pidió que se llame a juicio a todos.

Seis exdirectores del Isspol y el empresario Jorge Chérrez, entre los acusados como autores del delito de peculado en el caso Isspol-Bonos

Castillo fundamentó su dictamen en calidad de autores contra el empresario Jorge Chérrez; los general (sp) exdirectores del Isspol, Enrique Espinosa de los Monteros y David Proaño; Alfredo Valverde, Santiago Duarte, Robert Luzuriaga y Orlando Núques, exdirectores de Inversiones, Jurídico, de Riesgos y Económico-Financiero del Isspol, respectivamente; y Luis Álvarez, exgerente del Depósito Centralizado de Valores (Decevale) y exintegrante de la Bolsa de Valores de Guayaquil.

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También presentó su acusación como coautores del delito de peculado contra Luis Domínguez, representante legal y suscriptor de contratos de la empresa Rusticussi, y Carlos Carbo Cox. Los diez, para la Fiscalía, serían parte de un peculado ocurrido en la negociación de $ 216.2 millones en operaciones efectuadas entre los años 2017 y 2019 por el Pacto de Recompra de Bonos Global 2024, entre los directivos del Isspol con la empresa ofertante de bonos Capital Ventura y las empresas Rusticussi y Provensa, suscriptoras de contratos.

Hasta el momento han intervenido las defensas de Enrique Espinosa de los Monteros, Santiago Duarte, Jhon Luzuriaga, entre otros exdirectores del Isspol. Pese a que se convocó para las 10:00 de este miércoles 8 de noviembre a la tercera jornada de audiencia dentro de esta causa en la que restan aún cinco defensas por intervenir, por solicitud de uno de los abogados, la audiencia fue diferida para este jueves 9 de noviembre, desde las 09:30.

Básicamente quienes han intervenido en la diligencia en defensa de los procesados han indicado que el delito investigado no corresponde al período de gestión que mantuvieron en el Isspol, que las investigaciones realizadas fueron recuperadas, que su rol como asesor jurídico se circunscribe únicamente a ese ámbito y por lo tanto no participó de las decisiones de inversión o que los procesados no tenían voz, ni voto para influir en las inversiones que realizaba el Isspol.

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El actual director del Isspol, coronel Renato González, critica los argumentos, pues lo que estarían diciendo es que ahora nadie conoce nada, que nadie firmó nada, que ‘pasaron en el Isspol consumiendo los sueldos sin saber de qué se trataba lo que hacían’. Según la acusación de Fiscalía, el pacto de recompra de bonos global se habría dado sin ninguna garantía.

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La reinstalación del 6 de noviembre pasado, es la continuación de la audiencia instalada el 10 de julio pasado por la jueza Irene Pérez. La diligencia de evaluación y preparatoria de juicio se instaló a inicios de enero pasado y se resolvió la fase de nulidades. Luego, por diferentes razones, la diligencia no ha podido ser reinstalada o avanzar con la velocidad adecuada.

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El fiscal Castillo tiene clara la estrategia de defensa aplicada por los abogados que han intervenido: tratar de desplazar la responsabilidad de los procesados, argumentando que desde su cargo no podían ellos disponer de estos fondos. Lo señalado sería poco probable, a decir de la Fiscalía, pues ellos fueron quienes firmaron cada una de las actas donde se dispuso realizar las inversiones.

Las pericias de flujo de procesos, financiera y contable serían la base de la acusación que lleva adelante la Fiscalía. Por ejemplo, según la pericia contable el perjuicio en este caso ascendería a $ 188 millones hasta el 6 de abril de 2021, monto que continuaría en incremento.

Para la Fiscalía, en los hechos ocurridos entre el 2017 y 2019 se violentó un bien jurídico protegido, una vez los procesados se valieron de sus cargos para “apropiarse, distraer y disponer” de los fondos de propiedad de los afiliados al Isspol. A la acusación se sumó el agravante de que hayan participado más de dos personas en el cometimiento del delito de peculado. (I)