Mediante el Acuerdo 010-CG-2021, Carlos Riofrío González certificó ser el contralor subrogante de la Contraloría General del Estado, ante la ausencia definitiva de Pablo Celi de la Torre y hasta que “se produzca la designación del titular”.

Dicho acuerdo fue publicado este 28 de julio en el Registro Oficial y fue suscrito por Riofrío el 21 de julio pasado, en el que determina: “Subrogar las funciones de Contralor General del Estado, en virtud de la ausencia definitiva del doctor Pablo Celi de la Torre; y, hasta que se produzca la designación del titular”.

Presentan Ley interpretativa que viabilizaría la designación de un contralor del Estado encargado

Celi asumió el cargo en el 2017, en remplazo de Carlos Pólit, quien renunció en junio de ese año al ser vinculado al caso Odebrecht y antes de ser censurado por la Asamblea Nacional.

Luego, Celi renunció el 5 de julio de 2021, al estar detenido en la cárcel 4 de Quito, en el marco de las investigaciones de la Fiscalía General por el delito de delincuencia organizada.

La exautoridad nombró a Valentina Zárate en su remplazo, pero ella también dimitió el 21 de junio.

Contraloría del Estado está en último lugar en encuesta de confianza en instituciones públicas

Riofrío la sucedió desde el 28 de junio, luego de emitirse la acción de personal respectiva y por delegación de Celi.

Su designación se dio en medio de las críticas del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), que busca mediante un recurso de interpretación constitucional presentado a la Corte Constitucional (CC) poder designar un contralor encargado hasta que se designe un titular por concurso de méritos, oposición e impugnación ciudadana.

Concurso para elegir al nuevo contralor del Estado costaría $ 393.000, según presupuesto que pide Consejo de Participación Ciudadana

El CPCCS aprobó el reglamento para la selección de esta autoridad, y está en construcción el instructivo para la calificación de los méritos, con lo que se podrá convocar a la integración de la veeduría ciudadana que observará la transparencia del proceso.

La autoridad que sea electa después de este concurso se mantendrá en funciones por los próximos cinco años. (I)