La reforma al Código de la Democracia que exige que para ser candidato a una dignidad de elección popular se debe haber cumplido varios requisitos, entre ellos constar en el registro electoral del lugar al que desea representar, se estrenó con el político Gustavo Baroja, que por el momento lo inhabilitó a participar como candidato a la Alcaldía del cantón Rumiñahui.

En el proceso de resolución de recursos de impugnación a la calificación de candidaturas para las elecciones seccionales del 5 de febrero de 2023, el Consejo Nacional Electoral (CNE) conoció la noche del 26 de septiembre en una plenaria, de un informe de la Junta Electoral de Pichincha que negó la inscripción de Baroja, que fue un activo militante del gobierno de Rafael Correa.

Los candidatos para las seccionales del 2023 no estarán obligados a cumplir el requisito de haber sufragado en la jurisdicción a la que quieren representar

Ahora es candidato por la alianza Unidos por la reconstrucción, que la integran los movimientos (PID) lista 4, los partidos Unidad Popular (UP) lista 2, Avanza lista 8; y, el movimiento local Rumiñahui en Acción lista 2 y Mover lista 35 (antes Alianza PAIS).

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Su postulación fue objetada por tres sujetos políticos: el movimiento provincial Todos lista 70; el movimiento Revolución Ciudadana lista 5 y una alianza denominada Renace, quienes alegaron el incumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el numeral 2 del artículo 95 del Código de la Democracia.

En dicho artículo se establece que para ser candidato a alcalde, prefecto, concejal o vocal de junta parroquial se requiere:

  • Haber cumplido 18 años al momento de inscribir la candidatura
  • Estar en goce de los derechos políticos
  • Haber nacido en la respectiva jurisdicción o haber vivido en ella de forma ininterrumpida los dos últimos años previo a la inscripción de la candidatura
  • Constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral y,
  • No encontrarse incurso en ninguna de las inhabilidades o prohibiciones establecidas en la Constitución.

Justamente los informes de la Junta Electoral de Pichincha señalaron que Baroja no cumplió el ‘requisito de pertenencia’ por lo que fue negada su calificación.

La alianza electoral Unidos por la reconstrucción, que cobija la candidatura de Baroja, impugnó la decisión ante el Consejo Electoral, que al contrario ratificó lo resuelto por la Junta.

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De acuerdo con el informe jurídico no se demostró que el candidato inscrito haya sufragado en el lugar al que desea representar, como se establece también en el literal b del artículo 3 del reglamento para la calificación de candidaturas, en concordancia al artículo 95 del Código de la Democracia.

En este se señala que la pertenencia por vivir los dos últimos años previos a la inscripción de la candidatura, la vinculación estará dada por el hecho de constar en el registro electoral del lugar al que desea representar y haber sufragado en el mismo en el último proceso electoral.

El consejero José Cabrera aclaró en dicha sesión que el precandidato “no constaba en el registro electoral del cantón Rumiñahui, sino que su domicilio electoral estaba fijado en el cantón Quito, parroquia Conocoto, en la cual sufragó en la primera vuelta electoral de las elecciones generales del 2021 el 7 de febrero y no lo hizo para la segunda vuelta electoral del 11 de abril. No está en discusión el derecho al voto facultativo”, aclaró.

La impugnación planteada por la alianza que promueve la candidatura de Baroja se negó con los votos de los consejeros Enrique Pita, Elena Nájera, Diana Atamaint, José Cabrera; y, la abstención de Esthela Acero, que defendió la postulación de Baroja, quien la promovió como candidata a ser consejera del CNE en el concurso de selección que realizó el extinto Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) de transición.

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Acero explicó que el informe de la Junta Electoral de Pichincha carece de motivación, pues Baroja vive de forma ininterrumpida en ese cantón y además que goza del voto facultativo.

En todo caso la alianza Unidos por la reconstrucción podrá apelar la resolución del Consejo Electoral ante el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) con la presentación de un recurso subjetivo.

Por su lado, el pleno del Consejo avanza en el trámite de impugnaciones presentadas a candidaturas de elección popular de varias provincias, como Manabí y El Oro, pero deberá atender una preocupación sobre posibles anomalías que se habrían registrado al cierre de la inscripción de candidatos el pasado 20 de septiembre.

La noche del 26 de septiembre, antes de que empiece la sesión para la resolución de recursos, la consejera Esthela Acero interrumpió la misma y leyó un documento en el que se expresaba que en Pastaza, una alianza electoral Pastaza con dignidad había inscrito las candidaturas con apoyo del secretario de la Junta Electoral de esa provincia, pasadas las 20:00, pese a que el Código de la Democracia establece que el cierre del plazo para la inscripción es a las 18:00.

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Según Acero, a las 17:57 del 20 de septiembre (último día de inscripciones y tres minutos antes del cierre del plazo) la alianza electoral entregó de forma física la documentación de la lista de candidatos, pues el sistema digital no le había permitido adjuntar los documentos.

Pero, a las 22:30, mediante una llamada telefónica de una funcionaria del CNE de Quito, Wilma Cobos, se daba la disposición de que si alguna organización política acude con documentos físicos antes de las 18:00, puede inscribir a sus postulantes con el apoyo del secretario de la Junta Electoral, que en este caso está presidida por Leonardo Viteri Gualinga, quien sería hermano del militante del correísmo Carlos Viteri Gualinga, exlegislador de AP.

La consejera Acero preguntó a sus colegas: “¿Qué les vamos a responder a las demás organizaciones políticas que se quedaron en las mismas circunstancias, pero que no conocían que en las delegaciones, los secretarios tenían la disposición de ayudar a concluir el registro después de las 6 de la tarde?”.

Solo el vicepresidente Enrique Pita coincidió en esta preocupación y propuso a la presidenta, Diana Atamaint, que convoque a una sesión extraordinaria para plantear soluciones.

“Por imagen institucional y porque es cierto que debemos dar respuesta a las organizaciones políticas, proponga que pidamos un informe de las diferentes delegaciones para ver cómo se produjo esta situación, (...) quiénes se mantuvieron con el usuario abierto para inscribir candidatos”, opinó durante esta reunión. (I)