Temas médicos impidieron que Ivete Loaiza, abogada del exvicepresidente Jorge Glas, asista a la audiencia de apelación contra la sentencia de ocho años que recibió el exfuncionario público en calidad de coautor del delito de peculado en el denominado caso Singue, provocando que el Tribunal de Apelación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) decida no instalar la diligencia convocada hace 29 días.

Desde las 14:00 de este jueves se esperaba que los jueces de la Corte Nacional Luis Rivera, Felipe Córdova y Daniella Camacho resuelvan los recursos de apelación interpuestos por Glas, los exministro y exviceministro de Hidrocarburos Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli, respectivamente, y cuatro personas más sentenciadas por un peculado que habría existido en la concesión del campo petrolero Singue.

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Mediante un escrito ingresado la tarde del miércoles 1 de diciembre pasado por Loaiza, al que se le adjuntó un certificado médico privado, se daba a conocer al Tribunal de que la abogada mantenía una condición de salud que le obligaba a un reposo obligatorio de cuatro días y que incluso le impedía hacer teletrabajo. Ante ello pedía se difiera la audiencia de apelación.

El Tribunal presidido por Luis Rivera decidió acoger el pedido, argumentando que se buscaba proteger el derecho a la defensa que tienen Glas y todos los sujetos procesales. Pese a ello, recordó que el exvicepresidente registraba dos abogados más como parte de su defensa, los cuales no asistieron para reemplazar a Loaiza, ni tampoco hicieron conocer al Tribunal la razón de su ausencia a la audiencia.

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Ante ello y con base en la facultad correctiva que tienen los jueces, el Tribunal ordenó que los abogados sean multados con dos salarios básicos unificados del trabajador ($ 800). Rivera pidió al defensor público, Paúl Guerrero, que conozca el expediente del caso para que en la próxima audiencia reemplace a los abogados de Glas o de cualquier otro procesado que no asista.

A los siete pedidos de apelación de los procesados se suma también el realizado por la Procuraduría General del Estado.

Los siete condenados el 25 de enero pasado, con un voto de mayoría de los jueces penales José Layedra y Xavier de la Cadena, pretenden con el recurso de apelación que se les declare inocentes y que se retire la pena de ocho y cuatro años de cárcel que se les impuso. En este caso llegaron a audiencia de juzgamiento quince personas, pero solo siete fueron encontradas culpables.

Glas, Pástor, Pareja Yannuzzelli y César Guerra, gerente del Consorcio al que se le entregó la operación del campo Singue, fueron condenados como coautores a ocho años de cárcel; mientras que los exfuncionarios públicos Aníbal Cazar, Gustavo Donoso y José Burgos recibieron una sentencia de cuatro años de prisión como cómplices.

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Dentro del denominado caso Singue, la Fiscalía probó que el delito de peculado se cometió al adjudicar el contrato de exploración y explotación del campo Singue al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC). En este caso también se dijo desde Fiscalía que se cometieron irregularidades incumpliendo requisitos legales.

Como parte de la sentencia, a los siete condenados se les ordenó ofrecer disculpas públicas, publicar la sentencia en tres diarios de circulación nacional y de forma proporcional, según su nivel de participación, deberán pagar $ 5 millones como reparación al Estado, pues sería el total del perjuicio causado a través del delito de peculado.

A la diligencia de apelación asistieron el fiscal general subrogante, Wilson Toainga, dos abogados de la Procuraduría, Wilson Espín en representación de la Contraloría General del Estado, los procesados apelantes junto con sus defensas y también Pablo Encalada, abogado de cuatro procesados declarados inocentes, pero contra los cuales la acusación particular apeló la sentencia.

Los sujetos procesales, quienes en su mayoría dejaron que el Tribunal decidiera sobre si difiere la audiencia o la instala, a partir de la defensa de Glas, solicitaron al presidente de la Sala que la próxima fecha de audiencia les sea notificada con un tiempo prudencial no solo para preparar la defensa, sino también organizar sus agendas.

Miguel Revelo, defensa de Pareja Yannuzzelli, fue el único abogado que se opuso a que se difiriera la audiencia, indicando que en la sala estaba un representante de la Defensoría Pública que podía asumir el caso. Él lamentó el diferimiento, pues dijo estar confiado en que el Tribunal lo que debe hacer es declarar la inexistencia del delito de peculado y ratificar el estado de inocencia de los quince procesados y no solo de ocho como inicialmente se lo hizo. (I)