La fusión de seis ministerios y seis secretarías con otras carteras de Estado y el despido de 5.000 funcionarios públicos impulsaron el inicio de un proceso de fiscalización en la Asamblea Nacional.
El legislador del correísmo Héctor Rodríguez y la asambleísta de Pachakutik Mariana Yumbay solicitarán información al Gobierno nacional.
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El asambleísta de la Revolución Ciudadana anticipó que pedirá información a más de 20 instituciones sobre los procesos de fusión de ministerios y secretarías, así como por las separaciones de servidores públicos.
Además, dijo que desde la Comisión de Garantías Constitucionales se llamará a comparecer a las autoridades involucradas en la decisión del Ejecutivo, a la cual calificó como “antitécnica e inconstitucional”.
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“Aspiraría a que los pedidos de información se hagan esta semana. La ley nos da diez días para recopilar la información y a partir de esa fecha hacer los pedidos de comparecencia necesarios”, dijo.
Yumbay, quien junto con su colega Álex Toapanta forman parte de la facción de Pachakutik que no han votado con el oficialismo, también abrió una fiscalización a la medida del Gobierno, que se concretó a través del Decreto Ejecutivo n.º 60, emitido el 24 de julio de 2025.
Ella informó que ya pidió información a los ministerios del Trabajo, Transporte y Salud por las alertas de despidos.
“He iniciado un proceso de fiscalización para que se nos entregue la información completa y que nos digan cuáles fueron los criterios técnicos para la desvinculación de funcionarios públicos, que no se puede hacer al azar y sin evaluación”, comentó a EL UNIVERSO.
Para la parlamentaria de Pachakutik, la medida del régimen es parte del “desmantelamiento del Estado”, que obedece al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), sobre la reducción del tamaño del Estado.
“Lo único que se posibilita con esto es la profundización de la pobreza, el desempleo y una desactivación económica”, opinó.
Desde el sector del Partido Social Cristiano (PSC), Otto Vera calificó a la decisión del Ejecutivo como correcta, pues coincidió en que la reducción del tamaño del Estado busca eficiencia administrativa y disminución del gasto público corriente.
El socialcristiano recalcó que la desvinculación de 5.000 trabajadores, que representan poco más del 1 % de la nómina del aparataje estatal, causa un ahorro de $ 150 millones anuales, lo que implica la capacidad de endeudamiento a diez años de por lo menos $ 1.500 millones, que deberían ser invertidos en las necesidades sociales y de obra pública".
En cuanto a la fiscalización, el legislador informó que en el PSC, actualmente, no se tiene una postura sobre un proceso de este tipo. Sin embargo, no descartó una futura investigación en caso de una precarización de los servicios públicos producto de la fusión de ministerios y secretarías.
“El país necesita que se fiscalicen los actos de corrupción y las malas prestaciones de servicios del sector público, es lo urgente. Por ahora, en el PSC no tenemos una postura sobre fiscalizar los procesos de fusión, pero si mañana, producto de las fusiones, los servicios son precarizados, la Asamblea debería revisar”, dijo.
Por otro lado, asambleístas de la bancada de Gobierno Acción Democrática Nacional (ADN), como Inés Alarcón y Nathaly Farinango, defendieron la decisión del presidente Daniel Noboa y afirmaron que el oficialismo no se opondrá a la fiscalización de la medida del Gobierno en el Parlamento.
“Siempre vamos a estar abiertos a cualquier tipo de fiscalización, creemos que la transparencia es fundamental para cualquier proceso dentro del servicio público”, subrayó Alarcón y agregó que la medida apunta a la eficiencia gubernamental, con menos burocracia y con servicios de calidad.
Farinango, en cambio, sostuvo que los asambleístas tienen la facultad de fiscalizar cualquier medida del Ejecutivo, pero se lo debe hacer con responsabilidad y compromiso.
“Si quieren fiscalizar que lo hagan con compromiso y responsabilidad, que no traten de utilizar esa facultad importante como herramienta de ataque y show”, dijo la oficialista y argumentó que la fusión de ministerios no significa que las competencias y responsabilidades de estas instituciones se vean afectadas; aunque reconoció que la medida es “dura pero necesaria”.
(I)