Asambleístas con posturas divididas ante la resolución del Gobierno de declarar ‘terroristas’ a las organizaciones delictivas del país

Hay posturas divididas en los bloques legislativos respecto a la decisión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosepe) de declarar “terroristas” a los grupos delictivos del país como una estrategia para fortalecer las acciones para combatir la narcodelincuencia.

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El organismo sesionó la noche del 27 de abril y tomó cuatro resoluciones:

1. Declaró al terrorismo como una amenaza que atenta contra los elementos estructurales del Estado y por ende afecta a su seguridad integral, según la normativa internacional y la legislación ecuatoriana.
2. Declaró que la amenaza terrorista va a ser enfrentada de manera firme con la participación de todas las funciones e instituciones del Estado, de acuerdo a lo prescrito en el artículo 226 de la Constitución de la República.
3. Recomendó al presidente de la República expedir un decreto ejecutivo en el que se establezcan medidas coercitivas, urgentes y eficaces que incluyan el empleo de armas letales para combatir la amenaza criminal que afecta al pueblo.
4. Por último, levantó la reserva sobre esta resolución.

La reunión fue liderada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en el Palacio de Carondelet; y asistieron ministros y representantes de otras funciones del Estado, entre ellos Virgilio Saquicela, quien es el presidente de la Asamblea Nacional.

Al momento, el régimen no emite el decreto ejecutivo en el cual se explicará el alcance de esta declaratoria y a qué grupos se aplicaría.

Esteban Torres, jefe de la bancada del Partido Social Cristiano (PSC), comentó: “Espero que esta declaración, con la que estoy de acuerdo en lo conceptual, sirva para que al menos el Gobierno haga algo, porque si solo es una declaración lírica, teórica o solo para ganar opiniones positivas en los medios, no servirá para nada”.

Además, el legislador consideró que la decisión será positiva siempre y cuando se gestione debidamente y agregó que si esta declaración sirve para que haya más recursos, gestión y respuestas a los ciudadanos, enhorabuena.

En tanto que Ramiro Narváez, asambleísta de la Izquierda Democrática (ID), opinó que la decisión del Cosepe como máximo organismo de seguridad del Estado pone de manifiesto algo que era inevitable: reconocer que el Ecuador enfrenta una situación de criminalidad no convencional y con tintes terroristas.

“Sin embargo, si bien la declaración del Cosepe podría evidenciar una posición estatal, no queda claro cuáles son los efectos de esta declaración, pues no es la primera vez que el organismo declara una amenaza; antes lo hizo con el crimen organizado y la minería ilegal, pero no hemos visto acciones estructuradas y un plan concreto tendiente a enfrentar esas amenazas”, subrayó el legislador.

El asambleísta Ferdinand Álvarez, de la bancada correísta Unión por la Esperanza (UNES), por su parte, aseguró que primero se debe hacer una valoración “casa adentro” de las condiciones en las que se está trabajando en este tema y que se debe poner los recursos suficientes y necesarios para realizar esa lucha frontal contra la delincuencia.

Para eso, dijo, el Gobierno debe manifestar claramente si tiene o no un plan de seguridad y si es así que indique cuál es el plazo para que dé resultados en beneficio de los ecuatorianos.

“Con declaratorias que quedan plasmadas en un papel para un cuadro bonito, simplemente son alicientes, pero lo que necesitamos son soluciones inmediatas, y las soluciones vienen cuando pongan los recursos necesarios para enfrentar el índice delincuencial”, agregó Álvarez. (I)