La asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, aseguró al Comité de Ética ser víctima de una “persecución política con intereses oscuros”, en el marco de la investigación en su contra por una presunta gestión de cargos públicos.

La tarde de este 10 de septiembre, un equipo de abogados de la legisladora acudió hasta Gestión Documental del Parlamento nacional para ingresar sus pruebas de descargo, en la investigación que lleva a cabo el Comité de Ética por las denuncias planteadas por los asambleístas, Alejandro Jaramillo (Izquierda Democrática) y Victoria Desintonio (Unión por la Esperanza) por la sospecha de una gestión de cargos públicos y cobrar por ello, lo que está prohibido en los numerales 3 y 4 del artículo 163 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL).

Hasta las 23:59 de este viernes concluye el plazo para que las partes presenten sus pruebas de cargo y descargo, en esta investigación.

Ella no acompañó a su equipo asesor a cumplir con este trámite, pero en un comunicado difundido por la legisladora en su cuenta de Twitter, se indicó que son “acusaciones falsas de un par de asambleístas con la clara intención de buscar sobresalir en un evidente show político que es incongruente con la realidad”.

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Se agregó que las supuestas pruebas presentadas por los denunciantes carecen de validez probatoria, pues se basan en la difusión de notas de prensa cuyas “fuentes son endebles y manipulables, lo que afecta el honor y buen nombre de la asambleísta y su familia”.

En ese comunicado, Jiménez acusó a la Fiscalía General de que la está “persiguiendo” tanto a ella como a su familia, y que ha sufrido “atropellos y vejámenes” de dicha institución con el objetivo de amedrentarla. “Hasta el momento, en la incipiente investigación de la Fiscalía no existe sustento alguno para proceder con allanamientos a mi oficina (de la Asamblea), mi domicilio y el domicilio de mis familiares”, expresó.

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En ese sentido, no desestimó acudir a organismos internacionales de derechos humanos para denunciar su caso.

Como parte del proceso político que se lleva en el Comité de Ética, está previsto que la próxima semana comparezcan el ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, y la exasistente de la legisladora, Scarlett Lindao, para la audiencia de prácticas de prueba.

Lindao presentó una denuncia en la Fiscalía por supuesto delito de concusión, pues Jiménez le habría ofrecido contratarla por cuatro años por $ 6.000, supuestamente. Sin embargo, tiempo después había sido desenrolada.

Jiménez, antes de la Izquierda Democrática (ID), fue denunciada por su excoideario Alejandro Jaramillo y Victoria Desintonio, luego de que los portales digitales Periodismo de Investigación y la Historia EC revelaron mensajes de texto y audios en los que presuntamente gestionaba cargos públicos.

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En uno de ellos, Jiménez se referiría al ministro de Transporte, Marcelo Cabrera, quien a su vez negó que haya intervenido en este tipo de acciones, en una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización, días atrás.

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La asambleísta Marjorie Chávez (PSC) indicó que Jaramillo solicitó la comparecencia del ministro Cabrera y Desintonio la presencia de Lindao.

Esta práctica de pruebas se realizaría la próxima semana, y las partes tendrán tres horas para exponer sus alegatos.

Según Chávez, hasta el 24 de septiembre el Comité aprobaría el informe respecto de este caso. “Se respetará el debido proceso y hasta fin de mes se tendría un resultado al respecto”, indicó la asambleísta.

Este fin de semana, los legisladores prevén sesionar para definir plazos para las comparecencias y avocar conocimiento de las pruebas escritas presentadas.

En el campo judicial, la Fiscalía General allanó el despacho de Jiménez en la sede de la Legislatura en Quito, el pasado 3 de septiembre, en la investigación por la sospecha del delito de concusión. (I)