Las comisiones legislativas de Régimen Económico y de Desarrollo Económico comenzaron el análisis de los dos proyectos urgentes para la mejora recaudatoria a través del combate al lavado de activos y sobre alivio financiero.
Las dos propuestas deberán ser tramitadas hasta la primera semana de diciembre próximo, pues la Asamblea Nacional tiene un plazo de 30 días para el trámite de una ley urgente. De no haber un pronunciamiento, los textos remitidos por el Ejecutivo entrarán en vigencia por el ministerio de la ley.
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La mesa de Desarrollo Económico, presidida por Valentina Centeno (ADN), conoció la resolución del Consejo de Administración Legislativa (CAL) respecto a la calificación a trámite del Proyecto de Ley Orgánica para el Alivio Financiero y el Fortalecimiento Económico de las Generaciones en el Ecuador, que ingresó a la Legislatura el pasado 7 de noviembre.
El proyecto busca otorgar alivios financieros a las personas naturales y empresas por los inconvenientes generados debido a los racionamientos de energía. Para ello, propone incentivos financieros que favorezcan la inserción laboral y estimulen los emprendimientos.
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Mejora recaudatoria
En torno al segundo proyecto urgente, la Comisión de Régimen Económico, presidida por la legisladora Nathaly Farinango (ADN), arrancó en análisis con la presencia de Daniel Domínguez, delegado de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), y Mauricio Coronado, representante del Servicio de Rentas Internas (SRI).
En su exposición, Domínguez aseguró que la dinámica del negocio de los partidos de vehículos usados puede eventualmente prestarse para el lavado de activos, porque en la mayoría de los casos se adquiere un vehículo de segunda mano con un carta de venta en blanco, pues los intermediarios no necesariamente son los beneficiarios finales. De ahí surge la necesidad de formalizar los patios de vehículos.
También mencionó la importancia de dotar de autonomía e independencia a la UAFE; por ello, el planteamiento del Ejecutivo que la designación de la autoridad siga siendo una facultad suya.
En tanto que Mauricio Coronado, representante del SRI, destacó que el mecanismo de transferencia de vehículos usados y la obligación tributaria no puede superar el 5 %.
La comisión legislativa conformará una mesa técnica para recoger todas las observaciones que se presenten y luego elaborar el informe para primer debate. (I)