La Asamblea Nacional en esta semana entrará a conocer el segundo informe del proyecto económico urgente para el Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, cuya iniciativa contempla la creación de incentivos tributarios para los contribuyentes que realicen donaciones y permite donaciones externas pero sujetas a convenios de cooperación internacional.
El proyecto urgente fue remitido por el presidente Daniel Noboa el pasado 30 de septiembre a la Asamblea Nacional, y la legislatura tiene hasta el próximo 1 de noviembre para aprobarlo en dos debates.
Publicidad
La normativa establece un techo para beneficiarse de la rebaja del impuesto a la renta causado, pues señala que los contribuyentes que realicen donaciones a favor de la Policía Nacional y/o Fuerzas Armadas en bienes muebles o inmuebles, equipamiento y suministros para la protección interna y el mantenimiento del orden público y la seguridad ciudadana, en función de las necesidades expuestas por las fuerzas del orden, obtendrán una rebaja del impuesto del periodo fiscal equivalente al valor de la donación, con un límite del 30 % del impuesto causado, sin derecho a devolución.
Los equipos y suministros que se donen deben ser nuevos y estar en condiciones óptimas para su uso según el órgano competente. Además, aclara que la donación de productos perecibles no adquiere este beneficio.
Publicidad
El beneficio de rebaja del impuesto a la renta por donaciones a las fuerzas del orden público será aplicable al ejercicio fiscal de 2025, a partir del día siguiente a la publicación en el Registro Oficial de la ley.
Las fuerzas del orden podrán recibir donaciones de bienes muebles o inmuebles, equipamiento o suministros nuevos, en condiciones óptimas para su uso, que serán destinadas a la protección interna, el mantenimiento del orden público, la seguridad ciudadana, la defensa nacional y la seguridad integral del Estado. Estas donaciones podrán provenir de contribuyentes nacionales y darán lugar a una rebaja al impuesto a la renta causado.
También podrán realizar donaciones los Gobiernos, organismos o entidades internacionales, pero estarán sujetas a la existencia de acuerdos o convenios de cooperación internacional.
El texto que será sometido a segundo debate, que requiere al menos 77 votos para su aprobación, contiene cuatro artículos, una disposición reformatoria, dos disposiciones generales, una transitoria, dos derogatorias y una disposición final.
Razones de la ley
El presidente de la República, Daniel Noboa, al solicitar la aprobación de este proyecto describe que el país atraviesa una crisis de seguridad con efectos económicos estructurales, evidenciada en la expansión de economías ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando de armas y el lavado de activos, que no solo generan violencia, sino que distorsionan la estabilidad, el orden y la paz.
Agrega que en los últimos años el Ecuador ha enfrentado un deterioro sin precedentes en los niveles de seguridad ciudadana, manteniéndose entre los países más violentos de América Latina. De acuerdo con datos oficiales de la Dirección de Estadísticas y Economía de la Seguridad (DEES) del Ministerio del Interior, las provincias de Guayas, El Oro, Manabí, Los Ríos, Esmeraldas y Sucumbíos concentran más del 59 % de estos hechos violentos. En dichas zonas, los grupos armados han desarrollado capacidad de control territorial, imponiendo reglas sociales y económicas propias, desafiando la autoridad estatal y debilitando el tejido institucional.
Por ello, señala que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas requieren no solo mayor presencia en el territorio, sino también recursos logísticos, tecnológicos y humanos que les permitan enfrentar a las organizaciones criminales.
El proyecto en debate se fundamenta en la imperiosa necesidad de incentivar donaciones para que las fuerzas del orden puedan combatir a los grupos armados organizados; por ello, la normativa incorpora un mecanismo de corresponsabilidad social y promueve la participación activa del sector privado como un actor clave en la lucha contra la delincuencia.
En el informe del proyecto se detalla que este régimen de incentivos tributarios y facilitación de donaciones no busca crear privilegios, sino movilizar la solidaridad nacional hacia un objetivo común, recuperar la seguridad y confianza ciudadana, la estabilidad de las finanzas públicas, erradicar la delincuencia organizada y fortalecer la defensa del orden democrático.
El proyecto opera dentro de la política económica, porque actúa sobre tres variables esenciales (financiamiento, redistribución de ingresos y generación de incentivos) diseñadas para restablecer el equilibrio entre seguridad y economía y preservar la continuidad de la actividad productiva en condiciones de estabilidad. (I)