Por unanimidad, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó dos solicitudes de juicio político en contra del ministro de Salud, Juan Carlos Zevallos, planteados por los asambleístas Ángel Sinmaleza (IND) y Pabel Muñoz (RC), por supuesto incumplimiento de funciones en el proceso de vacunación del COVID-19, emisión irregular de carnés de discapacidad, y por los nombramientos y desvinculación del personal de salud.

Este juicio político será tramitado con las nuevas reformas aprobadas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa que determina un nuevo procedimiento.

Con ello, una vez conocidas las dos solicitudes de juicio político por el CAL, se requiere de un informe técnico-jurídico no vinculante de cumplimiento de requisitos a la Unidad Técnica Legislativa (UTL), para ello tendrá un plazo máximo de tres días.

Publicidad

Posteriormente, el CAL, en un plazo máximo de diez días, desde la fecha de conocimiento de la solicitud de enjuiciamiento político, verificará el cumplimiento de los requisitos y dará inicio al trámite.

Dentro de este plazo, los solicitantes podrán presentar un alcance a la solicitud, de considerarlo pertinente. Verificado el cumplimiento de los requisitos, el presidente de la Asamblea Nacional remitirá, en un plazo máximo de tres días, a través de la Secretaría General, la solicitud de enjuiciamiento político junto con la documentación de sustento al presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político para que avoque conocimiento y sustancie el trámite.

Acusaciones

El asambleísta Ángel Sinmaleza (IND) fue el primero de los legisladores que presentaron el juicio político contra la máxima autoridad de Salud el pasado 1 de febrero y con el apoyo de 41 firmas. Planteó tres acusaciones contra el ministro Juan Carlos Zevallos.

Publicidad

  1. Una supuesta entrega fraudulenta de carnés de discapacidad fundamentada en un proceso de fiscalización que realizó la Comisión de Salud a la que se pertenece que involucraría a asambleístas, así como la falta de acciones de control de parte del Ministerio de Salud en la entrega de estas credenciales.
  2. Incumplimiento en la aplicación del artículo 25 de la Ley Humanitaria, referente a la entrega a todos los trabajadores y profesionales de la salud, que hayan trabajado durante la emergencia sanitaria, el nombramiento definitivo, para tal efecto concedía un plazo de seis meses; es decir, hasta el 22 de diciembre, lo cual no se produjo.
  3. La compra ineficiente de vacunas contra el COVID-19; falta de entrega de información a la Asamblea Nacional sobre el plan nacional de vacunación; mal manejo del plan de vacunación; mal uso de recursos públicos y tráfico de influencias en el proceso de distribución de vacunas.

El segundo legislador en presentar un pedido de interpelación fue Pabel Muñoz, de la bancada de la Revolución Ciudadana, con nueve acusaciones en contra del funcionario de Salud; el expediente tiene el respaldo de 40 firmas.

  1. Ausencia de otorgamiento de equipo de protección personal para los profesionales de la salud.
  2. Insuficiente adquisición de pruebas diagnósticas.
  3. No transparentar cifras del número de muertos en exceso.
  4. Extraviar cuerpos de personas fallecidas durante la emergencia sanitaria.
  5. Desvinculación de personal de la salud en medio de la pandemia e insuficiente contratación de profesionales de la salud.
  6. Falta de control sobre las unidades ejecutoras del Ministerio de Salud Pública.
  7. Desabastecimiento de vacunas y medicamentos durante la pandemia.
  8. Emisión irregular de carnés de discapacidad.
  9. Insuficiente adquisición de vacunas COVID-19 y alteración del plan de vacunación. (I)