El pleno de la Asamblea Nacional, este 7 de octubre y con 105 votos, encargó a la Comisión de Garantías Constitucionales que efectúe una investigación sobre el caso denominado Pandora Papers, por ser un hecho de gran interés ciudadano que ha generado seria conmoción social.

La resolución fue presentada por el legislador Ronny Aleaga (UNES), que además dispone que solicite las comparecencias y formule los pedidos de información que considere necesarios, bajo criterios de especialidad y prevalencia legislativa, con el fin esclarecer la vinculación del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza, dentro de la investigación periodística divulgada, relacionada con el uso de empresas fantasmas en paraísos fiscales y los fines de estas.

Pandora Papers generan disputa en la Asamblea Nacional por investigar a Guillermo Lasso

Que una vez concluida la investigación se elabore un informe pormenorizado, con sus respectivas recomendaciones, para que sea conocido y debatido ante el pleno de la Asamblea Nacional, para lo cual tendrá un plazo no mayor a 30 días.

La resolución también dispone a la Comisión de Fiscalización y Control Político que remita de manera inmediata toda la información y documentación relacionada con la investigación periodística denominada Pandora Papers. Todo esto porque esa mesa de control político inició el pasado 6 de octubre la investigación del caso y solicitó información a Carondelet.

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La Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la interculturalidad, según el texto aprobado, tendrá la competencia exclusiva para el conocimiento del presente proceso de fiscalización, por lo que ninguna otra comisión podrá requerir la comparecencia de autoridades o servidores sobre la misma materia o asuntos relacionados con los Pandora Papers.

El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, aclaró que esa mesa inició con antelación la investigación y por ello el próximo lunes 11 de octubre se reunirán en Carondelet con el primer mandatario para receptar su versión, y que lo resuelto por el pleno es inconstitucional porque la Ley Orgánica de la Función Legislativa señala que cuando una comisión ya ha iniciado la investigación no puede quitársela, por lo tanto, no tiene validez. (I)