El pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Áreas Protegidas y Promoción del Desarrollo Local con 80 votos, en la sesión n.º 017 del jueves 10 de julio de 2025.
La normativa, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, pasó el segundo y definitivo debate en la Legislatura.
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La sesión se instaló a las 14:30, con 143 asambleístas presentes y del debate participaron legisladores de los diferentes bloques políticos.
Desde el oficialismo, legisladores de la bancada ADN como Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico; Steven Ordóñez, Álex Morán, Sade Fritschi, Esteban Torres y otros defendieron puntos como la creación del Servicio Nacional de Áreas Protegidas, en lugar de una empresa pública; la prohibición de la privatización de las áreas protegidas; el desarrollo turístico; el respeto de los pueblos y nacionalidades; y el combate a la minería ilegal.
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Valentina Centeno, coordinadora del bloque de Gobierno, precisó que en la norma se prohíbe también las actividades de explotación y comercialización de los recursos no renovables que se encuentran en las áreas protegidas.
“Adicional hemos incluido una disposición general tercera, para que no se permita el extractivismo en las áreas protegidas”, dijo.
Desde la oposición, Verónica Íñiguez, asambleísta de la Revolución Ciudadana, enfatizó que se debe garantizar y defender los intereses colectivos, la soberanía nacional y de los derechos de la naturaleza.
La legisladora afirmó que no permitirán “que los intereses económicos se sobrepongan a la biodiversidad, la vida y dignidad de nuestros pueblos”.
De su parte, Otto Vera, del Partido Social Cristiano (PSC), resaltó la importancia de la inversión privada para promover el turismo y el cuidado de las áreas protegidas.
Tras el debate en el pleno, Valentina Centeno planteó la moción para la aprobación del informe para segundo debate, el que se aprobó con 80 votos a favor, 23 en contra y 6 abstenciones.
La iniciativa busca establecer medidas económicas urgentes para garantizar el fortalecimiento y la sostenibilidad financiera del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.
Inicialmente, la normativa planteaba la creación de una empresa pública para el sistema de áreas protegidas, la creación de un fideicomiso, la inversión privada en estas zonas, fortalecer la seguridad para guardaparques y funcionarios de las áreas protegidas y más.
Entre otras cosas, la iniciativa plantea establecer un bloqueo a cualquier intento de privatización del sector, exoneraciones tributarias para vehículos eléctricos y aclara que la edad de jubilación en el sector público se mantiene a partir de los 60 años.
(I)