Luego de ganar las elecciones presidenciales de abril de 2021, al ser consultado sobre los procesos judiciales contra el expresidente Rafael Correa o el excontralor Pablo Celi, Guillermo Lasso respondía que esas causas deben continuar hasta tener una conclusión y aclaraba que en su gobierno no habrá persecución política y que existirá respeto a la independencia de la Función Judicial.

Para el penalista Pablo Encalada, lo dicho por Lasso respecto a la independencia y no injerencia en la Función Judicial es lo que debería suceder en un Estado democrático, pero anotaba que casi siempre eso es lo que dicen todos. Piensa que para que no se siga viviendo bajo una lógica de jueces imparciales, para acabar con la idea de falta de independencia y no se siga hablando de la politización de la justicia, lo dicho por el presidente debe estar atado a una propuesta de reforma concreta en la Función Judicial.

Otra vez Guillermo Lasso pidió cuentas a Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia

Los primeros meses de este Gobierno de alguna forma el primer mandatario se mantuvo alejado de los temas del sistema de justicia. Pero eso fue hasta que el 18 de enero pasado Lasso confirmaba la posibilidad de una consulta popular para realizar reformas institucionales al sistema de justicia del país, entre otros temas.

El mandatario adelantaba que se podría plantear una nueva arquitectura institucional del sistema de justicia para evitar conflictos entre la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y el Consejo de la Judicatura (CJ) e incluso en la que podría desaparecer este último, que es el órgano de administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial, planteamiento por el que Lasso se inclinaba.

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Las propuestas llegaban, se decía, porque nadie está contento con el manejo de la justicia, porque los delincuentes salen libres inmediatamente por decisión de los jueces, generando un impacto en la inseguridad ciudadana. El país se desarrollaba en un clima de tensión por las muertes en las cárceles, las declaratorias de estado de emergencia y excepción y el incremento de actos delictivos.

Ya para mayo último, en cambio, llegaron los llamados al presidente de la CNJ, Iván Saquicela, para que las “solicitudes de extradición salgan a tiempo”; para que como autoridad principal de la Función Judicial luche “por impulsar una justicia que castigue a los corruptos” y no sean otras jurisdicciones, como Estados Unidos, las que hagan ese trabajo; y para que tenga firmeza con jueces que actúan por “temor, miedo, cobardía o por intereses económicos”.

El presidente esperaba que Iván Saquicela “comprenda que esta crítica busca el beneficio del pueblo ecuatoriano”. Lasso se ha reunido durante este año de su gobierno por diversas oportunidades con Saquicela; el presidente del CJ, Fausto Murillo; y la fiscal general, Diana Salazar.

La última cita en la que estuvieron las tres autoridades se dio en Guayaquil, a finales de abril pasado, para tratar diversos temas, entre ellos, el relacionado con el manejo que se estaba dando al recurso de habeas corpus en el país. “Tengo mucho respeto por la independencia de poderes. Es una de mis luchas. Sin embargo, no puedo ser indiferente ante lo que el país siente: indignación y miedo ante la administración de la justicia y la inseguridad ciudadana. ¡Hay que actuar!”, apuntó Lasso en su cuenta de Twitter.

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Lasso hacía esos llamados en momentos en que la CNJ inició el proceso de extradición del expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos; se dio la detención y procesamiento penal del excontralor Carlos Pólit, en Miami, Estados Unidos; y se había dado un abuso del habeas corpus para lograr que dejen la cárcel líderes de bandas delictivas, un vinculado con el delito de narcotráfico y el exvicepresidente Jorge Glas, quien mantiene dos sentencias en firme por actos de corrupción cometido en la función pública.

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Saquicela cree que durante este año de gobierno de Lasso no ha sentido ninguna presión, al menos para resolver casos concretos, ni mucho menos. El presidente de la Corte asegura que la institución que lidera no está en deuda con el país, sino todo lo contrario, piensa que han adoptado decisiones importantes que no han permitido la impunidad en Ecuador.

“Desde la CNJ siempre hemos exhortado a que los jueces del país actuemos con ética, eficiencia y apegados al derecho, pero eso no quiere decir que nosotros seamos los responsables de lo que acontece en Ecuador. (...) No se nombran jueces, fiscales y defensores, no hay infraestructura, hay una grave crisis de la Función Judicial. Le asistimos la razón a los ciudadanos y al propio presidente de la República cuando le preocupa la Función Judicial, pero decimos que nosotros no somos los responsables, es responsabilidad del CJ”, apuntó Saquicela.

El anuncio de reformas al sistema de justicia genera expectativas en el presidente de la CNJ y reconoce que plantearlas mediante una consulta popular es una decisión del primer mandatario.

Piensa que mientras exista independencia e imparcialidad los jueces del país pueden dar respuestas. Saquicela opina que es necesario ya discutir en el país una nueva estructura de la Función Judicial, lo que no quiere decir, resalta, que todo el problema de la justicia se solucione por reformas normativas, sino que hay un “componente sustancial de reformas que debe debatirse y realizarse”. (I)