Alembert Vera: Hay gente ruin diciendo que nos merecemos una destitución, cuando ni siquiera hay un proceso

El presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Alembert Vera, aspira a dar una nueva imagen a la institución que era conocida por pugnas en los concursos y anuncia que habrá cambios administrativos, incremento de presupuesto y un mayor acercamiento de la institución hacia la ciudadanía.

Que la investigación realizada a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por un supuesto plagio de su tesis, es una acción que nació de una denuncia ciudadana, pero que en respuesta recibió persecución y amenazas.

¿Cuál es la hoja de ruta del CPCCS que usted preside?

Cumplir la ley y dar una nueva imagen al Consejo que era conocido solo por las pugnas que había dentro de los concursos, y la idea desde la campaña era generar una institución ciudadana que enarbole cuatro principios: participación, control social, lucha anticorrupción y selección de autoridades. La hoja de ruta es sencilla, empezar a trabajar, rehacer y refundar los derechos fundamentales máximos.

Pero para implementar esa hoja de ruta, ¿qué cambios hará en el CPCCS?

Uno que es principal, cambiar la forma de motivación de la propia institución, pues vivimos una institución suicida.

¿Por qué suicida?

Porque, desde el 2018, todos los políticos de turno han buscado extinguirla, desaparecerla; es una institución que ha sido llamada a la destrucción; consultas populares para cambiar su constitución, promesas electorales y amenazas de quitarnos hasta el edificio.

¿Qué promete este nuevo Consejo de Participación?

Pese a todos los embates y persecución absurda que vivimos, prometemos generar nuestras competencias, lo primero y básico, hacer territorio.

¿Qué encontraron en el Consejo, cuántos casos represados existen?

Teníamos casi $ 30 millones de presupuesto y al día de hoy el presupuesto es de $ 6,5 millones.

¿A qué se debe esto?

Quieren destruir la institución. Imagínese bajar más de 70 % del presupuesto y tenemos 270 funcionarios públicos a nivel nacional. Hay provincias donde no tenemos representación.

¿Cuántos casos represados encontraron?

El Consejo tiene dos grandes pulmones: secretaría de Transparencia Anticorrupción y la secretaría de Participación y Control Social; solo en la primera secretaría anticorrupción hay aproximadamente 400 causas represadas, y lo peor es que algunas vienen desde el año 2017.

¿Cómo van a procesar esas causas represadas?

Las que estaban listas para resolución del pleno van saliendo por lo menos dos por semana. Al momento hay 20 casos que ya están listos para resolución, y se va incorporando un caso de las denuncias nuevas.

¿Es decir, van combinando el trámite?

Exactamente, por eso la semana pasada se trató un proceso de corrupción relativo a universidades, que fue archivado, y el otro caso fue el supuesto plagio de la fiscal general del Estado, Diana Salazar.

¿Es una prioridad dar seguimiento a la denuncia contra la fiscal general del Estado cuando la Universidad Central dijo que no había plagio?

Lo de la fiscal general, Diana Salazar, comienza por una solicitud de información realizada por dos colectivos y un tercer ciudadano. Como entregamos la información, nos inician una indagación previa por destrucción de datos y nos solicitan la misma información y nos amenazan, que nos iban a allanar para llevarse los originales. No puede pretender la fiscal sustraerse los originales del concurso para ella tenerlos reposando en Fiscalía. Se entregaron 16 cajas de documentos certificados.

De las solicitudes de información provinieron dos denuncias por la no asistencia de la fiscal general y por el supuesto plagio. Se llamó a la fiscal, al rector de la Universidad Central, que envió un delegado, y también se llamó a Diego Ramiro Rodríguez, funcionario de la Fiscalía, que tampoco vino; con todo eso, más elementos ciudadanos, se hizo una resolución que fue aprobada en el pleno.

¿Pero existe direccionamiento hacia la fiscal?

No existe direccionamiento, sino que es una investigación normal que emite una resolución, y lo más importante es que no puedo destituir a la fiscal; por lo tanto, todo ese relato creado de persecución no tiene cabida, porque no está dentro de nuestra competencia la destitución de la fiscal.

¿En qué puede terminar todo esto?

La resolución aprobada pedimos que se notifique a la Fiscalía para que el subrogante inicie las indagaciones debidas, a la Contraloría, Senescyt, Universidad Central, Universidad Técnica de Ambato, al Senadi, Acción Jurídica Popular, Corte Constitucional, Corte Permanente de Arbitraje de La Haya y a la Asamblea Nacional. Hasta ahí llega mi competencia. Ellos sabrán qué hacer, lo que sus competencias demanden.

¿Ustedes llegan hasta ahí en el caso de la fiscal?

Sí, nosotros llegamos hasta aquí; aunque hay dos situaciones pendientes que es una veeduría que se hizo respecto a la comisión universitaria de análisis, cuando haya un informe se iniciarán los trámites pertinentes; y también hay una veeduría internacional que puede notificar al CPCCS, y se tendrán que tomar las acciones según nuestra competencia.

¿Esto no es una cuestión de medir fuerzas entre el CPCCS y la Fiscalía?

No, porque la fiscal se está midiendo con la ciudadanía, porque nosotros nos activamos cuando la ciudadanía nos activa; si la ciudadanía no presenta denuncias tenemos poco o nada que hacer.

¿Usted se siente perseguido?

Yo no soy llorón, pero es evidente que existe una persecución clarísima por parte de la Fiscalía, sobre todo, en este intento desmedido que ya es una impronta.

Usted también debe enfrentar una denuncia ante el TCE por promoción electoral del movimiento Revolución Ciudadana a su favor.

No quiero sonar ofensivo, pero es una charlatanería lo que está ocurriendo y es grave que estos estafadores, porque quienes generan este tipo de acciones son claramente estafadores o gente que desconoce, por ignorancia, y se aventuran a tener dos minutos de fama. Para empezar nuestro reglamento específico del CPCCS establece que las infracciones electorales son para candidatos, no son para autoridades electas.

¿Pero el TCE no puede juzgar por los hechos que ocurrieron?

No, existe una ley específica. No hemos sido notificados con el inicio de los supuestos procesos hasta el día de hoy; que una persona diga que estamos enfrentando una posible destitución, multa y pérdida de derechos es sencillamente generar una cortina de humo que será utilizada por algún seudocandidato para intentar desprestigiar el Consejo; sin embargo, me tiene completamente sin cuidado.

Pero es grave la denuncia, porque busca su salida del CPCCS y también de la actual prefecta de Guayas, Marcela Aguiñaga.

Es completamente absurda la fundamentación jurídica que se pretende generar a través de estas denuncias, porque no existe capacidad institucional del Contencioso Electoral, porque el reglamento se aplica para candidatos, no cuando se es autoridad electa y menos posesionada.

Para empezar debe existir una infracción clara y contenida en dictámenes o decisiones del Consejo Nacional Electoral, ni siquiera hemos sido notificados con el supuesto proceso. Toda la propaganda que se utilizó, el color de la camiseta, los dichos #TuSabesQueEstabamosMejor fueron aprobados por el Consejo Electoral; entonces, no hay infracción; de ahí que si cualquier persona, equipo de fútbol, personajes y artistas generan una intención o quieren decir que quieren votar por X o Y persona no es una infracción del candidato, en su momento tuvo que ser juzgado como una infracción de un ciudadano.

El estudio de grabación donde estuvimos era del CNE, había tres funcionarios que nos censuraron nuestros diálogos. Por ejemplo, en mi caso personal iba a poner que era el abogado del expresidente Rafael Correa, pero no me permitieron poner esa línea en la propaganda oficial.

¿Es un caso cerrado para usted?

Sí es un tema que no debería prosperar, es una lástima que estos estafadores se dediquen a llamar la atención. Cuando nos notifiquen nos defenderemos, no vamos a permitir que se pretenda condicionar a los jueces.

¿A qué se refiere condicionar?

Se quiere construir el relato de que ya estamos sentenciados. Hay gente ruin diciendo que nos merecemos una destitución, cuando ni siquiera hay un proceso. Vemos nuevamente cómo se pretende a la fuerza y al braveo generar esta coacción.

Ante la ausencia de la Asamblea Nacional, ¿el CPCCS no trata de suplir la tarea de fiscalización?

No, porque nosotros hacemos fiscalización social. La Asamblea tiene la capacidad de fiscalizar las actuaciones del Ejecutivo; el Consejo de Participación tenemos la posibilidad de generar fiscalización y contraloría social de cualquier entidad o empresa pública y privada que preste servicios públicos o privados que sin prestar servicios públicos reciban dineros públicos.

Ustedes encontraron 400 causas represadas, ¿pero que más encontraron?

En la secretaría de Participación y Control Social ni siquiera hay una estadística específica, recién estamos levantando en todo el país sobre cuántas veedurías están conformadas y cuántas están inactivas; el problema es que como se recortó el presupuesto tenemos provincias donde hay una sola persona trabajando. En la siguiente semana vamos a reformar los reglamentos para las comisiones, sesiones y veedurías, y esperamos a finales de año tener la gente mínima por provincia, para poder generar el servicio que se requiere.

¿Cuántos funcionarios más se necesitan para afianzar el trabajo en el CPCCS?

Hemos sido reducidos en casi un 70 % en nómina, entonces, por lo menos debería generarse una estructura mínima de siete personas por provincia.

¿Eso le llevará a ajustar el presupuesto para el próximo año?

En este momento, dentro de la mesa técnica se está solicitando una línea de $ 1,7 millones para con eso poder concluir los concursos públicos de contralor, Consejo Nacional Electoral y Defensoría Pública, y poder iniciar los otros que tenemos pendientes, como defensor del Pueblo y recambio del Tribunal Contencioso Electoral.

¿En qué estado están los concursos que debe desarrollar el CPCCS?

Los concursos avanzan, tanto es así que en el concurso del contralor ya se designó al secretario y se hizo la adaptación jurídica institucional de las decisiones judiciales para que avance el concurso, y vamos a hacer el llamado a la impugnación ciudadana.

¿Pero dentro de ese concurso hay una persona que representa a la Asamblea que fue disuelta?

En los tres concursos hay un designado de la Asamblea Nacional, pero recuerden que la designación de comisión no la da el que sea o no miembro de la función estatal. El reglamento de comisiones establece cuando un comisionado pierde su calidad.

¿Cómo van a subsanar eso?

Los que están designados por la Asamblea Nacional se mantienen y continúan en los tres concursos que estamos elaborando; solo en el concurso del Consejo Nacional Electoral renunció la persona por motivos laborales, y lo que se hace es solicitar al máximo representante legal de la Asamblea que envíe al reemplazo; si no lo envían, solicitaré al Ministerio del Trabajo que me envíe el listado de funcionarios de la Asamblea y hacemos un sorteo público para ver quién es designado vocal de la comisión de selección. (I)